Los grupos ilegales de izquierda o subversivos (ELN; Disidencias; Nueva Marquetalia) porque es una de las ‘formas de lucha’. Los de derecha porque entre más tensión más se justifica el principio del orden y la ‘violencia legítima’ para imponerlo (sea por un camino institucional, o vías de hecho como el paramilitarismo). Y el narcotráfico simplemente porque ‘en río revuelto ganancia de pescadores’.
Del lado de los marchantes son varios los grupos que tienen cada uno pretensiones propias y razones ahora para no parar. Los sindicatos por su naturaleza buscan negociaciones a través de paros o amenazas de paros y no ven voluntad del gobierno ni siquiera para sentarse a dialogar. Los indígenas acostumbran organizar lo que se llama Minga para adelantar colectivamente un trabajo concreto que seguirán hasta terminar lo iniciado, o sea la reivindicación de unos derechos denegados por unos compromisos incumplidos. Los estudiantes siempre han sido la vanguardia de los cambios y su forma de pedirlos la revuelta callejera; sus reclamos hoy incluyen desde los incumplimientos del pasado hasta la falta de futuro que se les ofrece. Los transportadores son los únicos que pueden paralizar un país (como la tumbada a Allende) y su reclamo por una reglamentación está pendiente de tiempo atrás.
De hecho no tienen una vocería unificada, acordada, respetada y reconocida por todos (no en todo caso el Comité del Paro), con la cual parece difícil poder encontrarse una solución. Y una solución ‘al goteo’ -con unos sí y con otros no- solo enervaría y motiva más a los que quedan pendientes.
El elemento de cohesión solo lo reciben desde afuera, siendo el manejo del gobierno el principal motivador para mantener y continuar las protestas. Desde el lanzamiento de una Reforma Tributaria que había sido ya más que rechazada; pasando por un tratamiento más que displicente, ofensivo, presentando unos funcionarios faltos de poder para resolver situaciones; pasando por figuras como llamar a negociaciones en base a una orden de la Corte Constitucional de meses atrás en vez de reconocer como contraparte en el diálogo a quien lo había forzado; y por supuesto ante la solución represiva, violenta y atentatoria a los Derechos Humamos y la estigmatización de la protesta; cada paso del Gobierno o del Presidente enmarca más al conjunto de la protesta pero no para una solución sino para seguirla.
De todas maneras no es el gobierno quien tiene posibilidad de ofrecer soluciones: es evidente la falta de voluntad con la visión de que simplemente la ‘defensa del orden’ debe prevalecer. Pero tampoco habría la capacidad económica para atender unas aspiraciones de dimensiones ya exorbitantes y menos después de que el paro duplicó los faltantes fiscales; ni la capacidad política para lograr un consenso que respalde ningún tipo de propuesta; ni la capacidad jurídica para plasmar en reformas acuerdos que tiene que formalizarse en leyes y reformas constitucionales.
________________________________________________________________________________
Ya llegamos al punto de no retorno para salir del momento caótico en que hemos caído y para detener la inercia de las marchas, manifestaciones y enfrentamientos
________________________________________________________________________________
Ya llegamos al punto de no retorno para salir del momento caótico en que hemos caído y para detener la inercia de las marchas, manifestaciones y enfrentamientos. Se ve inevitable la continuidad de lo que está sucediendo: se militarizó primero Cali, después 7 departamentos, después se ordenó el desbloqueo en todo el país usando las fuerzas armadas.
Pero la ‘asistencia militar’ es otro engaño en el sentido de disimular como ‘una medida suave de militarización’ lo que es un abuso de autoridad. El propósito del artículo 170 del Código Nacional de Policía lo que permite es intervenir en casos puntuales y sobrevinientes tipo catástrofes inesperadas donde se pudieran producir por ejemplo saqueos. No es para un Estado en desorden y crisis como el actual.
Lo probable es que siga la declaratoria de ‘conmoción interior’ (artículo 213 de la Constitución), la cual, aunque es la medida que legaliza atribuciones de régimen autoritario, está al menos regulada y asignada constitucionalmente para situaciones como las que vivimos.
Lo irónico o paradójico es que esto es un paso que parece cumplir los propósitos de todos los involucrados sin que por eso se vuelva predecible lo que pasaría con una mayor intervención militar. ¿Cuánto duraría o como terminaría? ¿Estaría controlada por un gobierno que no ha logrado controlar nada? Si no: ¿Sería de orientación de izquierda o de derecha?
Pasamos el punto de no retorno pero no sabemos para dónde vamos.
