El Politécnico Jaime Isaza Cadavid (JIC) es una institución centralizada de la Gobernación de Antioquia fundada en 1964 e inscrita como institución de educación superior del departamento. Este título implica su autonomía económica y hace que dependa de las decisiones de la Asamblea Departamental, quien es el ente público encargado de controlar y aprobar los recursos fiscales que se usarán para gastos del “Poli” como infraestructura, planta docente, contratos hora cátedra, vinculación de empleados, etc.
Sin embargo, a pesar de su nombramiento y reconocimiento público de ser una de las mejores instituciones que ofrece educación tecnológica en el país, desde hace un par de años viene haciendo una restructuración a su funcionamiento desde el ente administrativo. Esto es debido al déficit económico que poseía de alrededor de 19 mil millones de pesos que al día de hoy ha bajado a $8.313 millones. Un logro que se ha hecho, según el actual rector John Fernando Escobar gracias a varias acciones que se han tomado desde su autoría.
“Hemos logrado lo que hemos logrado disminuyendo el gasto y aumentando el ingreso. Disminuimos el gasto optimizando los contratos de hora cátedra, optimizando el ejercicio de los docentes de planta, y reduciendo algunas gabelas que tenía el Politécnico, como por ejemplo las vacaciones colectivas que muchas veces se hacían con créditos de tesorería que lo que hacía era incrementar el endeudamiento y el pago de intereses”.
Teniendo este contexto, la última de las acciones que tomó desde el concejo superior del “Poli” para poder aumentar el ingreso a sus cuentas fue incrementar el precio a las matrículas de los estudiantes. Estas estaban congeladas desde el año 2009 y pensándolo en un alce de 5% semestral escalonado hasta el año 2019 sería un incremento de 20%. Lo que llevaría al Politécnico a un punto de equilibrio económico óptimo para su funcionamiento estructural. Sin embargo, esta acción tuvo un mal recibimiento por parte de los estudiantes.
En principio desde el momento de su comunicación, se llevó al cabo un movimiento por parte de los colectivos estudiantiles que empezaron a llamar la atención de la gran masa de alumnos a través de saloneos y asambleas, donde se presentó un primer paro. Esta acción colectiva logró que se determinara desde el Concejo Superior que solo se aplicara desde el 2 de mayo del presente año el alza de matrículas a nueva población de la institución. Es decir, estudiantes que llegaran a partir del siguiente semestre del 2017, respetando entonces los precios congelados y establecidos para los estudiantes antiguos.
Aun así el paro continúo, y se determinó como indefinido, debido a la inconformidad que tuvo la asamblea estudiantil con la respuesta administrativa, porque se esperaba que se reconsiderara completamente la decisión del alza de matrículas a cualquier estudiante y que el déficit presupuestal se cubriera directamente desde los recursos estatales de la gobernación del departamento.
“Esa plata la tiene que poner en su defecto la Gobernación de Antioquia y la Asamblea departamental porque son ellos los que son encargados de distribuir esos recursos, porque tenemos que tener claro que esos recursos vienen de los impuestos que nosotros los antioqueños pagamos. Es simplemente que ellos redistribuyan esos recursos que se recogen con los impuestos para lo que se recogen: salud, educación, vivienda, trabajo”. Lo dice Camilo Salazar, estudiante de comunicaciones y miembro de la Organización Estudiantil del “Poli”.
Después de la decisión de paro, se suspendieron las actividades académicas en todos los programas. Se comienzan a realizar para todo el campus pupitrazos, plantones, foros, marchas pacíficas hacia el centro administrativo la Alpujarra, y asambleas frecuentes para toma de decisiones. Todo esto dentro de un marco contextual de paros sobre la educación, como lo son el paro de la Universidad Nacional y el paro del magisterio de maestros. Sumándole igual otros paros a nivel nacional que se presentan durante las fechas como lo son Buenaventura, Chocó, Guajira, el paro del INPEC, los taxistas y los pilotos aéreos.
Sin embargo, detrás de toda esta coyuntura y enfocándonos directamente en los hechos que suceden en el Politécnico, se debe tener en cuenta algunos antecedentes que preceden todas estas acciones. Por ejemplo, como ya se mencionó, la muy importante participación de la Asamblea Departamental y la figura del gobernador dentro de la situación económica del ente educativo. Qué en muchos casos también trasciende en la toma de decisiones de la administración como se puede observar.
Por supuesto no podemos olvidar la forma en que Gilberto Giraldo Buitrago, el anterior rector del “Poli”, renunció a su puesto a finales del 2014, cuando Sergio Fajardo aún era gobernador Antioquia y públicamente expresó su descontento, ya que desconfiaba y lo acusaba de malos manejos de recursos públicos alegando falta de transparencia durante su gestión, que duró aproximadamente 5 años teniendo en cuenta su reelección en 2013.
Principalmente se duda de sus datos financieros por el acuerdo que se hizo entre el “Poli” y la Secretaría de Educación de Antioquia por 7.872 millones en 2011 para un sistema de gestión y administración de los fondos educativos; pero que según la gobernación de Fajardo no se realizó y pidió al JIC que devolviera esos recursos. Petición que incrementó la deuda del ente educativo, aunque Giraldo insistió que siempre se presentaron las constancias y verificaciones.
Con la renuncia de Giraldo, Fajardo expresa su interés de gestionar procesos en educación superior desde su campaña “Antioquia, la más educada”, y el 20 de abril del 2015, el rector John Fernando Escobar sube al poder con un déficit presupuestal de 19.260 millones de pesos, una institución al borde del colapso estructural, matrículas congeladas, sindicato de maestros y un paro estudiantil que duró desde el 7 de mayo al 22 de junio de ese año exigiendo exactamente lo mismo que el actual: Solución a la crisis financiera.
Para ese entonces, uno de los acuerdos para poder retornar a las actividades académicas fue la reactivación de la mesa Pro Politécnico, una acción que pretendía entablar diálogo entre representantes de la Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental y varias secretarías locales. Sin embargo fueron inservibles estas conversaciones, debido a que año y medio después el sindicato de profesores exigió la renuncia del rector porque consideraba que durante la gestión que estaba llevando a cabo tenía acciones de solución financiera que los perjudicaba.
Hay que tener en cuenta que la institución tiene un docente de planta por diez de cátedra, son aproximadamente 1100 profesores de hora cátedra y 140 de planta. Esto es importante debido a que las estrategias de estructuración de contratos que toma la actual administración afecta a más del 90% de toda la planta docente, sumándole la cancelación de vacaciones colectivas y la suspensión de los contratos cátedra durante movimientos estudiantiles como los paros indefinidos.
Un exfuncionario de la institución, expresó que “el problema allá siempre es de plata, y esto se debe a que el presupuesto del departamento está débil, si no fuera por ese déficit financiero el Poli estaría mejores condiciones y daría educación de mayor calidad”. Esto entonces hace reflexionar acerca de las famosas “cuentas rojas” de Fajardo cuando dejó su puesto en manos del actual gobernador Luis Pérez.
El año pasado, Adolfo León Palacio, actual secretario de hacienda declaró a SEMANA que durante la administración de Sergio Fajardo se incrementaron más los gastos que los ingresos, dejando al departamento con el déficit presupuestal más alto del país, 1,4 billones de pesos para el año 2015, lo que es un incumplimiento a la ley 617 del 2000, donde se regula el manejo de los recursos fiscales de las administraciones a nivel nacional. En pocas palabras, según esto, Luis Pérez recibe Antioquia con un gran “Hueco Fiscal”.
Con esta situación, el departamento declara que este año presupuestalmente la Secretaría de Educación contaría con 1.135.080.706 millones de pesos y la Asamblea Departamental 9.831.174.684 millones de pesos. Entidades del territorio que rigen económicamente como se mencionó al Jaime Isaza.
Nestor David Restrepo, secretario de educación, se expresó a los medios de comunicación locales durante los primeros días del paro. Mencionó que anualmente se hacen transferencias desde la Gobernación a la institución de 37 mil millones de pesos y que además el tipo de decisiones que se estaban tomando eran necesarias para que el Politécnico mejore sus condiciones. Empero, el actual rector aclara que anualmente son alrededor de 56 mil millones anuales los que se necesita para operar óptimamente, ese es el alivio de 20% estimado que se espera lograr para el año 2019 con el alza de las matrículas, porque se cree que con el ingreso de costos para el 2018 serán 60 mil millones los necesarios.
Por eso no sobra mencionar que uno de tantos comentarios que aparecen dentro de las asambleas o foros estudiantiles, es que justamente la ideología que se supone fajardista del actual rector, hace que Luis Pérez no haga lo necesario para poder subsanar toda la situación y ese es uno de los principales motivos por los que los problemas no se han podido solucionar. Ante esto, Escobar mantiene una postura clara, según él “una postura apolítica, porque no creo en ella y nunca lo haré”, sosteniendo que todo parte de un mito ideológico para desviar la atención de la verdadera responsabilidad pedagógica. Pero el colectivo estudiantil responde ante cualquier cosa que “el Politécnico es una institución de educación de los antioqueños, no del partido Conservador, ni del Liberal, etc. Esto tiene que servir para todo el pueblo antioqueño, que no dependa de que el gobernador es Fulanito o Peranito”.
Mientras tanto, los estudiantes expresan su inconformidad a través de marchas y asambleas. Según ellos a pesar de las amenazas de llamadas a clase e incluso la inviabilidad del Paro que propone la administración. Su principal objetivo es lograr que de parte de la Asamblea de Departamental se genere una ordenanza que aumente la base presupuestal de la institución, y que aunque el déficit se haya reducido en lo últimos años, esta vez se pueda pagar estructuralmente por completo. Lo que se quiere evitar es que se niegue la educación a estratos bajos en una institución pública que de por sí maneja matrículas bastante elevadas (entre $600.000 y $1’500.000 apróx.) comparándola con sus homólogas en la ciudad, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional($1.000- $800.000 apróx.).
