Al hablar de “ética pública” no se debe caer en el error de creer que existe una ética exclusiva para este sector, simplemente se hace referencia a como esta es aplicada y llevada a cabo en el sector público. La ética que es adoptada por todos los servidores públicos implica un cambio de actitud en cuanto a su forma de pensar, actuar y ejecutar sus acciones, las cuales deben ir orientadas hacia un interés de la sociedad, más no hacia sus intereses particulares.
Dentro de esta ética se contemplan un conjunto de principios y normativas que deben ser puestas en práctica, sin embargo, a día de hoy, todas estas reglas y normas son evadidas o violadas de la manera más descarada posible por parte de muchos funcionarios públicos, los cuales, asociados con políticos, no responden a intereses comunes, sino primordialmente a intereses propios, casi siempre de quienes financian o apoyan sus campañas electorales.
En Colombia, la falta de ética pública se refleja en los últimos actos de corrupción, los cuales se han convertido en el pan de cada día. La deshonestidad, los sobornos, el enriquecimiento ilícito, la compra de votos, el narcotráfico, las concesiones o contrataciones, han llegado a penetrar la política, la cultura de las personas, el ámbito social y económico. Todo esto ha frenado de una manera significativa el progreso de la nación y causa gran rechazo por parte de un País que afronta con desconfianza total una situación que se ha salido de las manos del Gobierno Nacional.
Los últimos sucesos en salir a la luz, han sido el caso Odebrecht o Reficar, en los cuales se presenciaron un sinfín de irregularidades, en cuanto al manejo de recursos; en el primero se presenció como la firma brasileña sobornaba a viceministros y congresistas con el fin de que se le entregaran contratos de obras relacionadas a la parte de infraestructura vial, más exactamente “la ruta del sol” o la vía “Ocaña - gamarra. Por otra parte, en Reficar se descubrieron manejos inadecuados de los recursos con los que se contaban para la ampliación de la refinería. Este mal manejo conllevo a sobrecostos que terminaron provocando grandes pérdidas al patrimonio de Ecopetrol, la cual es la dueña de la refinería y pertenece al Estado Colombiano.
Es por esta razón, que no podemos quedarnos de brazos cruzados, mientras todos los recursos con los que cuenta nuestro País, y de los cuales gran parte salen de nuestros bolsillos, se desaparezcan como por arte de magia y no se conozca su destinación, ni tampoco se castigue de manera ejemplar a los culpables de ello. Por ende, se deben plantear diferentes soluciones que busquen generar una modificación en la forma de pensar de nuestros servidores públicos o de quienes nos representan. Estas alternativas pueden ser las que alguna vez planteó el presidente Juan Manuel Santos:
- Establecer un decreto que se extienda a los entes territoriales y a las personas de derecho privado que administran recursos públicos la obligación de publicar toda la información relacionada con su gasto, esto en el Portal Central de Transparencia Fiscal del Estado.
- Fortalecer los organismos de control para que los corruptos no solo cumplan con las sanciones penales, sino también las disciplinarias y fiscales, que se elimine la casa por cárcel y además resarcir a la sociedad.
- Bancarización del sistema de contratación, para conocer todos los movimientos que se realicen en las entidades públicas.
