El poder de las élites en el control del Estado está sostenido por los partidos políticos tradicionales y sus alianzas con ciertos sectores sociales y económicos “privilegiados”, unidos por una mentalidad de negocios y riqueza propia, que los hace considerarse con más derechos que los otros, a quienes se niega a reconocerles su existencia política.
Ahí radica una primera alteración del sentido de universalidad y protección de los derechos, que los ha conducido en su hegemonía de dos siglos en el poder, a perpetuar unas violencias prolongadas, ininterrumpidas, desde la guerra de los mil días y la violencia del medio siglo, hasta el conflicto armado actual.
Asesinaron a Gaitán al final de los cuarenta, instalaron una dictadura en los cincuenta, pactaron el silencio del frente nacional en los sesenta, se robaron unas elecciones en los setenta, encarcelaron y torturaron a la izquierda en los ochenta, asesinaron candidatos a la presidencia en los noventa, instauraron un régimen de seguridad del horror al cambio de siglo y entramparon la paz y, en el entretanto practicaron “soluciones finales” siguiendo la fórmula de intencionalidad y sistematicidad.
Los partidos tradicionales, no han sido ajenos a la barbarie y sus actuaciones llevan a señalar que sí es posible que sean investigados, condenados o imputados por su participación en crímenes contra la humanidad, como ya ha ocurrido con el partido Nazi o el partido Hutu. En algunos momentos han conducido el país de manera centralizada en sus formaciones, otras con rupturas y ramificaciones temporales, pero siempre han permanecido agrupados para imponer una ideología basada en “no reconocer” la existencia política de contrarios, adversarios, críticos y opositores.
Se juntan, como partidos, a pesar de diferencias (a veces entre excepciones y personalidades democráticas, que las hay), en la intención de destrucción de sus contrarios, cuidadosamente seleccionados y de sistematicidad en la estrategia escogida. Los jefes políticos distribuyen ordenes encriptadas en la maraña y complejidad del Estado al amparo de la certeza y capacidad inobjetable de su poder acumulado por siglos.
Con intencionalidad han impuesto su voluntad deliberada para atacar a determinados grupos civiles previamente perfilados y estigmatizados. Y con sistematicidad convertido el odio en violencias, como parte de un plan o política, que dista de meras coincidencias o acciones aisladas. Con recursos públicos del Estado, se ha ejecutado el orden criminal.
En las últimas tres décadas, con base en tres inimaginables atrocidades, pueden hallarse las bases para que los partidos políticos tradicionales puedan ser juzgados y declarados responsables por crímenes contra la humanidad, determinada por los conceptos y prácticas de intencionalidad y sistematicidad, lo cual de paso permitirá blindar su prescripción legal y mantener vigente el necesario juicio y castigo tanto a los responsables políticos como grandes determinadores y a sus ejecutores.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al condenar al Estado por criminal, conmina al sistema de justicia, a realizar los correspondientes juicios a los responsables en dos casos de alto impacto. El “Exterminio” de la Unión Patriótica, un crimen de crímenes, por la matanza, persecución y lesión a la integridad física y mental de los integrantes de un grupo civil, que compartía una “filiación política de izquierda”.
Fueron 5773 asesinados y miles de ilegalidades más, con la intención de su destrucción total (solución final) originada en una ideología de derecha que desde sus centros de adoctrinamiento y de acción desarrolló y mantiene una matriz de odio contra la izquierda.
El segundo crimen, tuvo la misma intención de destrucción total del grupo llamado Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al que calificaron de “enemigo” por su actividad en defensa de las víctimas y durante 20 años usando métodos de guerra sucia, fue sistemáticamente perseguido, hostigado, espiado, amenazado, estigmatizado e impedido en su libre derecho a defender derechos.
El tercer hecho con la intención de destruir vidas humanas para inflar estadísticas de guerra favorables al gobierno, se adelantó con sistematicidad y rigor criminal mediante un riguroso y concertado plan de ejecuciones (2002-2008), dejando 6402 civiles asesinados, conocidos como “falsos positivos”.
Las conexiones de intencionalidad y sistematicidad de estos tres crímenes, pone a los partidos tradicionales en la órbita de la lesa humanidad, con evidencias de que existe una doctrina, una ideología, un enfoque de persecución y un método de guerra sin reglas, emanado de un “poder organizado”, que estaría sostenido por los partidos políticos tradicionales, que mediante el control del estado han operado para decidir, actuar, distorsionar, evadir y garantizar la impunidad y usado los recursos públicos para destruir a grupos de poblaciones civiles, perfiladas como de izquierda, y competidoras del poder y de manera planificada y coordinada orientado su exterminio, que entra en la órbita de del derecho internacional en la clasificación de crímenes contra la humanidad.
La Corte interamericana de derechos humanos CIDH, al fallar en contra del Estado colombiano, en el exterminio de la UP y la persecución al CAJAR y la JEP con sus avances en el macro-caso de ejecuciones, notifican al Estado de sus obligaciones tanto para iniciar los juicios contra responsables individuales como expresidentes en ejercicio, gobiernos de turno, altos cargos del Estado y militares y, responsables colectivos, como serían los partidos en el poder.
Al tiempo que conmina a reparar a las víctimas y preservar la memoria. De la doctrina de exterminio ha emanado el odio criminal causante de afectaciones mentales, perdidas de vidas humanas y de riqueza material deteniendo el bienestar y sometiendo a la sociedad entera al terror y el miedo, al tiempo que ha ofendido a la humanidad, atacado la dignidad humana, irrespetado la vida y arrebatado la tranquilidad de la nación.
Los crímenes ejecutados a gran escala han respondido a un programa conscientemente elaborado y realizado con la intencionalidad de provocar la destrucción total de grupos civiles específicos y con la sistematicidad de un enfoque (lamentablemente vigente en la coyuntura), ideológico de derecha centrado en impedir, al precio que sea, que el gobierno popular alcance su plena existencia política y con la intención de destrucción de la izquierda en el poder, avanza atacándola con sistematicidad.
