Son muy conocidas las siguientes palabras de Bolívar: “si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro". La historia emitió su veredicto y en Colombia los partidos han jugado un papel determinante en la sucesión de guerras civiles, violencia sectaria y acuerdos excluyentes como el Frente Nacional. Nuestra historia no se puede comprender sin tener presente la influencia de los partidos, el liberal y el conservador hasta finales del siglo XX y con posteridad la pléyade de derivaciones liberales y/o conservadoras que se han dado desde la reforma política de 2003.
A pesar de su enorme desprestigio los partidos son una pieza elemental de cualquier sistema democrático y excluirlos solo sería un evidente indicio de autoritarismo. En Colombia la realidad no es muy diferente y aunque los partidos son las instituciones públicas más desprestigiadas (las FARC según encuestas recientes tiene una imagen más favorable) su papel es importantísimo para el país. Sin embargo, necesitan una profunda reestructuración que comprenda las dinámicas de un cambio generacional que inevitablemente afecta sus grados de relación con la sociedad civil.
Mi generación es cada vez más apática y distante a los partidos. Todos son vistos como maquinarias corruptas sin ninguna legitimidad más allá de “llegar para robar”. Esa percepción tiene muchísimo sentido si consideramos que en los últimos años se han visto involucrados en los peores escándalos: parapolítica, corrupción administrativa, otorgación irresponsable de avales, financiación ilegal de campañas, etc. Si no se actualizan y comprenden que las dinámicas políticas también van de la mano de un cambio generacional, están condenados a ser meros cocos vacíos sostenidos por una red clientelar territorial o nacional según su capacidad. El lastre de meras empresas electorales sin vocación de permanencia o con un vínculo real con la sociedad civil los terminará reduciendo a organizaciones sin legitimidad que están solo porque no hay nada mejor.
La reciente propuesta de reforma al sistema de partidos que será expedida vía Fast Track no mejora ese panorama. Creer que instaurando un sistema de afiliación regional los movimientos van a crecer sostenidamente en un régimen de transición hasta convertirse en partidos nacionales resulta bastante ilusorio. Los problemas con esta propuesta son inherentes a nuestro diseño social e institucional. En Colombia estar afiliado a un partido no tiene la más mínima importancia porque a los partidos solo les importan los electores. Asimismo, el conflicto interno ha sido avivado o padecido por los partidos lo que genera cierto margen de desconfianza al momento de asumirse como militante de una organización partidista.
Esa reforma al sistema de partidos resulta excluyente y muy desfavorable para los movimientos de arraigo regional, pero de reconocimiento nacional como el Compromiso Ciudadano de Fajardo o los Progresistas de Petro. Necesitar más de medio millón de afiliados para postular un candidato a la presidencia resulta irracional. Existe una diferencia abismal entre el afiliado y el ciudadano que respalda el partido (mediante un grupo significativo de ciudadanos), el afiliado forma parte de la estructura del partido, comparte su base ideológica y programática. Buscarse medio millón siendo un movimiento regional como en el caso de Fajardo es de entrada imposible.
Por otro lado, la postulación restringida de candidatos a circunscripciones con un determinado porcentaje de afiliados sobre el censo electoral resulta excluyente. Obligaría a concentrarse en determinadas circunscripciones fomentando la terrible práctica del cacicazgo. En ese sentido, la reforma electoral sugerida por la MEE con la creación de distritos para Cámara desdibuja el sentido de la Cámara de Representantes porque de facto los candidatos no estarían representando un departamento sino una porción poblacional, propiciando una burocracia concentrada y la dispersión de los territorios en su representación en el congreso. Esas dos propuestas restringidas y restrictivas son muy perjudícales para que los nuevos partidos se puedan consolidar como plataformas sólidas y legitimas ante la ciudadanía.
Finalmente, sin la adecuada pedagogía política y el fomento de una sólida cultura de participación ciudadana cualquier reforma surtirá un pequeño impacto. El compromiso lo deben asumir todos los partidos: Reconocerse como estructuras con sentido ético, en diálogo con las nuevas generaciones y responsables con su agenda ideológica y/ programática. ¿Será Posible? No lo creo, de lo que sí estoy seguro es que El libertador no bajó tranquilo al sepulcro.
