Una de las mayores ganancias que parecía ofrecer la Constitución del 91, al facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales -que desde el siglo XIX y durante el Frente Nacional monopolizaron el Estado colombiano-, se ha degenerado en años recientes, con la aparición de numerosas organizaciones políticas, la mayoría derivadas de los partidos Liberal y Conservador, que en la práctica privilegian las coaliciones para repartirse la burocracia y los contratos de la administración pública, como sucede en el gobiernos nacional, departamentale y municipale. Mientras los partidos se han convertido en prósperos negocios clientelistas, sin mayores diferencias ideológicas, éticas y prácticas, y más interesados en amasar capitales electorales y financieros respaldando candidatos de dudosa procedencia y antecedentes judiciales, con el propósito de aumentar el caudal electoral y económico al otorgar de avales, como si fueran franquicias, a quienes con chequera en mano o billete en rama, aspiren a disputar cargos de elección popular.
Franquicias como las de locales especializados en ventas de hamburguesas, por ejemplo, le dan pautas del diseño de la sucursal, capacitan al comerciante que las adquiera en procesos como la calidad de los insumos para procesarlos según la fórmula exclusiva de la marca acreditada, para que el producto sea fiel a sus orígenes y cumplan normas uniformes de atención a los clientes. En el caso de las franquicias electorales, por una suma ‘de acuerdo al marrano’, este recibe derecho a usar la marca del partido que la otorga, pero la manera de preparar el producto (los votos) ya depende de la fórmula secreta del comprador de los derechos y aquí, como en la creativa “gastronomía de innovación”, en la cocina valen toda clase de ingredientes, sin que el comensal se entere de la clase de carne se va a comer y en la receta entran ingredientes, como el trasteo y compra de votos, aceptación de dineros de la delincuencia a todos los niveles, soborno de funcionarios de las registradurias seccionales y municipales, etc.
En este bazar de conciencias se han involucrado no solo los partidos liberal y conservador. También sus hijos reconocidos como el Partido de la U acogiendo, por ejemplo, a la cuestionada Lilian Francisco Toro, como candidata triunfante para la Gobernación del Valle y Cambio Radical aliándose con los testaferros de Kiko Barrios en La Guajira y avalando a otros ‘políticos’ de pasado delincuencial para ganar peso electoral en la Costa Atlántica y a nivel nacional buscando favorecer la candidatura presidencial del vice, Germán Vargas Lleras, y lo mismo sucedió con otros partidos reconocidos con pena como hijos vergonzantes, aliados del gobierno, entre ellos el antiguo PIN y ahora Opción Ciudadana del derrotado en Sucre, Yair Acuña.
Pero el negocio es tan próspero que no fue ignorado por los partidos ligados a las luchas indígenas quienes en las pasadas elecciones otorgaron avales a lo largo y ancho del país, para quienes aspiraran a disputar gobernaciones, alcaldías y curules para concejos municipales y asambleas departamentales y así encontramos candidatos bajo las banderas de la Alianza Social Independiente (antigua Indígena), ASI; las Autoridades Indígenas de Colombia, AICO y el recién fundado en el Cauca, Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, otorgando avales desde el Amazonas hasta La Guajira, y de oriente a occidente, a toda suerte de candidatos.
Estos movimientos nuevos, más lo partidos tradicionales que entraron al negocio de la feria de franquicias electorales, se han beneficiado de las leyes que limitan el umbral logrado en anteriores elecciones por los partidos emergentes mientras otras organizaciones, como la Unión Patriótica, con solidez ideológica y trayectoria de luchas perseguidas por los paramilitares y la ultraderecha, se quedaron por fuera y sin personería jurídica para moverse en el teatro de comedia de la politiquería colombiana.
Son los monstruos que se generan en una ‘democracia’ en construcción sin reformas políticas y electorales a fondo y tejidas con remiendos que permiten la convivencia de listas únicas y preferentes, favoreciendo estas el predominio del poder del dinero y las influencias para que ganen los candidatos con billete efectivo y tráfico de influencias para ganar elecciones. En esta feria de compra y venta de avales se cuelan financiando campañas, contratistas aliados con bandas criminales, para capturar los contratos de obras públicas, salud, educación y hasta la alimentación de escolares y adultos mayores.
La no aprobación de una reforma política y electoral que regule el correcto funcionamiento de los partidos e implante el voto electrónico permite que en numerosos municipios del país se presenten asonadas contra las registradurías y alcaldías de parte de ciudadanos indignados al constatar irregularidades en el escrutinio de las votaciones.
En la práctica, los únicos partidos que obran como tales son el Centro Democrático y el Polo Democrático.
