El proceso pacificador que asumió el gobierno de Santos y que le mereció el reconocimiento de los demócratas del mundo al otorgarle el Premio Nobel de la paz ha respondido al querer general del país de reencontrarse con su vocación pacifista y civilista; pero a este proceso de pacificación se ha opuesto la corriente derechista, que históricamente ha optado por mantener a sangre y fuego su preeminencia política, lastrada de inequidad, marginalidad y sometimiento social. Esta circunstancia ha propiciado las contradicciones sociales que conllevaron a impregnar las luchas reivindicatorias de los sectores populares con un carácter de lucha armada, como forma de liberar al país de la opresión social y económica a que lo ha sometido esta tendencia ultraderechista de la oligarquía nacional.
En medio de este panorama político, le corresponde al país asistir el 11 de marzo a la elección de parlamentarios y el 27 de mayo y el 17 de junio a la primera y segunda vuelta de un nuevo debate electoral para la elección del presidente que dirigirá las riendas del Estado en el cuatrienio 2018 – 2022, situación que pone en vilo la consolidación del naciente proceso de pacificación y por ende la posibilidad de afianzar la democratización y el desarrollo social del país, por cuanto la opinión pública se encuentra dividida entre quienes de un lado, optan por consolidación del proceso pacificador que garantice una salida concertada y sostenible a la confrontación armada que ha vivido el país en los últimos 60 años y quienes del otro lado de la contienda política, apoyan la estrategia engañosa de la oligarquía ultraderechista, que ha llamado a la opinión nacional a repudiar una supuesta avanzada socializante urdida a la sombra del acuerdo de paz de La Habana.
El País Nacional, como denominaba Gaitán a las mayorías desposeídas del país, no puede permitir que la contienda política por la presidencia de la república, se centre entre quienes queremos o no la guerra. El enfoque del común a nivel nacional debe ser la elección de dignatarios con mente abierta al disenso político e ideológico, porque a partir de este enfoque dialéctico, se podrán encontrar las perspectivas para una convivencia civilizada sustraída de la pecaminosidad politiquera. Hoy por hoy el país requiere de liderazgos encaminados a formalizar los planes que permitan el bienestar social para las mayorías nacionales, de mandatarios desatendidos de los odios partidistas, de los arraigos radicalistas y revanchistas de cualquier tipo; insumos estos que han impedido que el país supere los condicionantes sociales que han retrasado por decenios la posibilidad de una convivencia pacífica y el desarrollo sostenible de la economía nacional.
Los colombianos desposeídos que somos la inmensa mayoría del país, requerimos de mandatarios, que legislen y gobiernen de espaldas a la corrupción, a la falta de participación política, a la inequidad social; para que se puedan ver objetivadas las ejecutorias que posibiliten que más de 15 millones de compatriotas logren salir de pobreza absoluta, condición que ha conllevado a que Colombia esté catalogado como el tercer país más inequitativo del mundo. Pero si este propósito no lo logramos y reincidimos en elegir mandatarios con las mismas mañas politiqueras perpetuaremos por muchos años más el estado de hecho en que vivimos, y de esta forma estaremos refrendando las contradicciones sociales que sirven de insumos al descontento y a la descomposición social del país.
El progreso nacional, precisa de una gestión administrativa estatal encaminada a otorgar el acceso de los sectores marginados del país a los servicios básicos, al trabajo digno, a la salud, a la educación, a la seguridad alimentaria, al disfrute de un ambiente sano; dando especial énfasis a las poblaciones más desprotegidas y vulnerables; propósitos de país que solo puede liderar un mandatario verdaderamente comprometido con la visión pacifista en que están comprometidos los sectores democrático populares de nuestra nación.
El enfoque social en que se debe orientar el nuevo gobernante del país y los parlamentarios que elijamos, debe gravitar alrededor del logro de las metas propuestas por la comunidad internacional, cuyos líderes asumieron entre los objetivos del desarrollo sostenible:
- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, productivo y decente para todos.
- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Si Colombia no supera por lo menos estos logros proyectados por la comunidad internacional en el año 2030, estaremos nuevamente catalogados entre los países del mundo menos comprometidos con el desarrollo social, tal y como fuimos catalogados en el año 2015, cuando no alcanzamos a superar ninguna de las ocho metas trazadas en la Conferencia Mundial que trazó las metas del milenio.
