Colombia es un Estado social de derecho, según lo establece nuestra constitución política. Sin embargo, es un Estado social de derecho que desafortunadamente muchos ciudadanos no logran reconocer por las pésimas actuaciones de las instituciones encargadas de garantizar y ejecutar las políticas públicas necesarias para satisfacer las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.
No obstante, la asamblea nacional constituyente de 1991 contempló los mecanismos necesarios para el control y el reclamo a dichas instituciones y gobernantes que no cumplieran con sus deberes constitucionales. Por lo tanto, estableció los diversos mecanismos de participación ciudadana como la acción de tutela, el habeas corpus, entre otros.
Así mismo, el órgano constituyente de 1991 estableció las acciones populares como un mecanismo de defensa de las comunidades para proteger sus derechos colectivos, por lo que la comunidad del sector del polideportivo del barrio Niña en Ceci en Cúcuta, desde el 2016 decidió hacer uso de su derecho constitucional a participar y a organizarse. Se emprendieron una serie de acciones entre las que se encontraban varias peticiones a las autoridades locales como la gobernación de Norte de Santander, la alcaldía de San José de Cúcuta, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMRD, donde solicitaban poner fin al levantamiento de tierra que se genera en el sector y el cual amenaza sus derechos colectivos a un ambiente sano, a una vivienda digna y sus derechos fundamentales a la salud, a la igualdad y a la vida.
Es así, que al no encontrar respuesta positiva a sus solicitudes decidieron en agosto de 2018 interponer una acción popular ante los jueces de la república para proteger sus derechos colectivos, siendo así que el pasado 17 de octubre de 2018 la juez 9 administrativo del circuito de Cúcuta profirió auto de medida cautelar ordenando a la alcaldía de San José de Cúcuta, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMRD. Se les pidió instalar un sistema de riego provisional que mitigara el levantamiento de tierra mientras se estudiaba a fondo la acción popular, pero, como era de esperarse, estas instituciones no conformes con el fallo apelaron la decisión.
Es así que el pasado 12 de febrero del 2019 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en segunda instancia estudió la apelación y procedió a resolver dando la razón a la comunidad en sus peticiones y desvirtuando los argumentos de alegato presentados por las instituciones en mención; por lo que ordenó a la alcaldía de San José de Cúcuta, al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMRD regar una vez por semana mediante carrotanque el polideportivo en mención, hasta que se halle una medida definitiva que ponga fin al levantamiento de tierra. De igual modo, dio dos meses para realizar los estudios pertinentes para hallar dicha solución e igualmente les ordenó que en un plazo no mayor a 6 meses deberán ejecutar la medida u obra que se considere para poner fin al levantamiento de tierra y así proteger los derechos colectivos a los habitantes de dicho sector.
El fallo cobra vital importancia por cuanto devuelve a los ciudadanos la confianza en las instituciones del Estado, esta vez en las instituciones de la rama judicial, y porque además sienta precedente jurídico en cuanto a protección de un ambiente sano como derecho colectivo de las comunidades. Aún queda camino por recorrer en esta lucha común, pero, sin duda, la participación ciudadana organizada materializará sus justos reclamos.
