Realmente andamos mal. Miren ustedes: hemos defendido y, con ahínco, la democracia participativa que la Constitución Política refiere como fundante y, por la que pasamos de la mera democracia representativa a aquella en la que la ciudadanía, doliente de la acción del Estado, es su destinatario, cómo se ha degradado y de qué modo; pues bien: en cuanto hace al Referendo que, sobre el acuerdo con las Farc-EP se había pactado, desde el comienzo, desde los diálogos exploratorios y que dio por el ganancioso No, fue reemplazado por una tal refrendación por el Congreso de la República, función que en verdad ni poseía, es decir, sobre la base de un mandato constitucional inexistente. Allí, falló la democracia de participación y, aunque parezca mentira resucitó la de representación que fuera sepultada desde 1991 y base de la constitución de 1886, derogada hace más de veinte, óigase bien, veinte años. Argumento en contrario, es desconocedor de la Constitución misma.
La participación ciudadana, las consultas, los referendos sobre la aplicación o inaplicación de las intervenciones mineras versus los derechos al ambiente sano, permite poner en ejecución todo un andamiaje; pero no puede ser posible que como en un caso concreto reciente, cuando la respuesta resulte negativa, la autoridad minera salga a la escena para concluir que no era vinculante pues allí acaba la famosa democracia de participación. Así, aunque la participación democrática mande que NO, que NO se intervenga, la administración que es la autoridad y no residente de aquellos lugares de intervención, gracias a su posición de ventaja, acaba desconociendo el fundamento constitucional; y, como en saga, el siguiente paso las exóticas y enigmáticas conversaciones, compromisos que, en viaje internacional se realizaron frente a Santurbán; y, ¿los trámites? ¿Los permisos? ¿La consulta a la comunidad? ¿Los compromisos que se habían adquirido, frente a los santandereanos? No importan, la democracia de participación queda de lado cuando los intereses, no sé de qué clase, ni la dirección, se imponen.
Así van las cosas, algunas de ellas permitidas por el Congreso de la República y, qué pesar, también por la Corte Constitucional. Un pesar: la judicatura debería hacer cumplir la orden constitucional y no el querer del ejecutivo que es, casualmente, el que controla o debe controlar.
Adicionalmente, vehículo para el ejercicio de la democracia participativa, aparte de los mecanismos ya citados y otros de interés, son, sin duda, lo partidos políticos; ya hemos reflexionado sobre ello y, lo que se ha dicho es que la apertura de organización de ideas para el acceso al poder, partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos, etc, que tanta importancia se debería encontrar, quedó vacía desde hace tiempo; baste con recordar que la plataforma política, los programas y las propuestas de gobierno, de políticas en ciernes han dejado de existir. Lo que tenemos son unos grupos de presión que piden votos para subsistir; se proponen prohibiciones para que el transfuguismo político no aparezca, la doble militancia, etc, que, además, son con otras posibilidades de irregularidades, competencia del Consejo de Estado en la denominada pérdida de investidura. La explosión de número de partidos y organizaciones ha hecho implosión en el sistema de acceso al poder.
Catastrófico es que, salvo el Partido Liberal y alguno otro de los pequeños,
nadie quiera hacer parte de los vehículos al poder, de los partidos políticos;
y que, tampoco los partidos aglutinen gente ni ideas
Catastrófico es que, salvo el Partido Liberal y alguno otro de los pequeños, nadie quiera hacer parte de los vehículos al poder, de los partidos políticos; y que, tampoco los partidos aglutinen gente ni ideas, lo cual se hizo palpable en la pasada consulta de partido; y qué tal el desgaste y la inocuidad de los partidos que todos a una quieren no ser parte de ellos, pero sí llegar a la Presidencia de la República; qué tal la situación. Ahora todos van por firmas de ciudadanos y, cada uno con una contabilidad bien que simpática.
Buena forma de participación, pero ¿cuánto cuesta?
¿cuánto vale y, tiene valor que permita resolver la incógnita presidencial del 2018?
Caro sí, pero resolutivo… lo dudo.
Y, cuando como dicen los que saben, se dejan medir, sale lo que salió el domingo; me refiero a la consulta del Partido Liberal. Un verdadero pesar. Miren ustedes señoras y señores: en 1990 teníamos: “(…) el Partido Liberal realizó por primera vez una consulta interna para escoger el candidato único a la Presidencia.
En esa ocasión, tomaron parte seis dirigentes, entre ellos el actual presidente de la República César Gaviria; el ahora alcalde de Bogotá, Jaime Castro; el exalcalde de la capital, Hernando Durán Dussán; el ahora ministro de Comunicaciones, William Jaramillo; el senador Alberto Santofimio Botero y el hoy aspirante presidencial Ernesto Samper. Gaviria resultó ganador con 2.796.623 votos a su favor, con una diferencia de 1.591.884 votos sobre su más inmediato contendor, Hernando Durán Dussán. En ese entonces, Samper quedó tercero con 1.028.593 votos”. Repensemos: a la sazón, la situación va a la baja: “El Partido Liberal realizó el 27 de septiembre de 2009 su anterior consulta para elegir candidato presidencial. Ese día, la colectividad recibió 1’015.910 votos válidos por los 7 aspirantes que participaron, de los cuales Rafael Pardo se quedó con 376.739 (37 %) y ganó la contienda. Ese case tan bajito le pasó factura 8 meses después, el 30 de mayo de 2010, cuando enarbolando las banderas rojas solo logró llegar a 638.302 sufragios (de 14’573.593 legítimos) en todo el país durante la primera vuelta”. Hoy los resultados son aún más bajos. ¿Qué agregar?
Sí, debemos agregar algo: ha resultado una distorsión total.
