No va a ser fácil la solución de este prolongado conflicto incubado el 21 de noviembre de 2019, que represó la cuarentena y se desbordó a raíz de encarnizados enfrentamientos y abusos policiales evidenciados en Bogotá, en septiembre de 2020, después del asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez.
La inviabilidad de una sociedad manejada por minorías que se han servido del control de todas las instituciones del Estado para enriquecerse y a la fuerza o leguleyamente,someter a la población agobiada por la pobreza se refleja en la actual crisis avivada por el desempleo potenciado por la cuarentena y que salpicó de bloqueos a calles de ciudades y carreteras, en medio de enfrentamientos con una policía cada vez más cuestionada en el país y el exterior por excesivo uso de la fuerza.
Circulan videos de algunos agentes de policía filmados disparando armas de fuego y acompañando a civiles armados en Cali, como los de las camionetas y camisetas blancas que hirieron a bala a 10 integrantes de la guardia indígena, sin ignorar los que salen de los cuarteles vestidos de civil equipados para infiltrarse en las marchas, o los que desde el aire asediaron a manifestantes y dispararon proyectiles desde helicópteros como sucedió en el barrio Siloé, en Cali y en Buga.
En Popayán, el suicidio de una menor de 17 años, hija de un expolicía, posiblemente por la impresión psicológica causada por los atropellos a los que fue sometida, desencadenó la denuncia de numerosos casos de abusos de violencia y sexuales cometidos por miembros del Esmad, después de detener a jovencitas que son llevadas a la fuerza en sus vehículos, sin que permitan la filmación y documentación por parte de periodistas y la supervisión y asistencia de defensores de derechos humanos, que antes de su traslado a los centros de detención, son amenazados y ‘espantados’ agresivamente, como si fueran delincuentes.
Desde la cuestionada intervención de la Policía el 21 de noviembre de 2019, la reforma de esta institución es uno de los puntos incluidos en la agenda mínima a negociar por los organizadores del paro, que 17 días después de iniciado y lograr el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria y la renuncia del ministro Carrasquilla, en medio de la incertidumbre, continúa sin que se avizoren prontas soluciones ante la variedad de problemas y pliegos de peticiones de los participantes del campo y la ciudad.
Sin iniciar negociaciones de puntos mínimos con el gobierno nacional y con cargadas agendas regionales, departamentales y municipales por resolver, la falta de negociaciones efectivas favorece a los radicales, que con actos de violencia extrema, buscan agravar la situación, mientras se siente el desgaste y fatiga de la mayoría participantes que han marchado pacíficamente por las calles, los empresarios y la ciudadanía agobiados por prolongados bloqueos, escasez y carestía de alimentos y combustible y limitaciones de transporte urbano y por las carreteras, impidiendo el desarrollo normal de las alicaídas actividades productivas en el campo y las ciudades, que ya habían sido golpeadas duramente por la prolongada cuarentena, incrementando el desempleo y la población caída en la pobreza.
Aunque el presidente Duque al fin viajó de día a Cali para reunirse con las autoridades locales y el lunes conversó en Bogotá con directivos del Comité Nacional del Paro, aún no inician en firme negociaciones sobre una agenda viable que permita reactivar la vida cotidiana y economía del país, afectadas por la parálisis generada por la pandemia, más la incertidumbre aflorando en medio de marchas pacíficas, como la del miércoles 12 en Popayán, empañada por un pequeño grupo de encapuchados que al terminar la manifestación con piedras y artefactos incendiarios atacaron la alcaldía, entidades bancarias y comercios de los alrededores y con papas bombas se enfrentó al Esmad, que después de los desmanes intervino en el centro de la ciudad.
Al descontento y graves problemas estructurales del inequitativo sistema económico predominante en la sociedad colombiana agravado por encierro obligatorio, se sumó la quiebra de pequeñas empresas y comercios multiplicando el desempleo y pesimismo entre la comunidad y la juventud sin avizorar futuro halagüeño.
En el Cauca, después de breves corredores humanitarios para permitir el ingreso de material de salud y alimentos y combustible, el paro continúa vivo, al regresar al Pital, Caldono, los indígenas, que después de ser atacados por civiles armados viajaron desde Cali, al igual que los integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC que se suman a campesinos de la ANUC y a campesinos cocaleros rechazando la anunciada reanudación de la fumigación con glifosato.
Por lo pronto a los alcaldes les corresponde mantener el diálogo con las guardias indígenas, cimarronas, campesinas y de ciudadanos que ejercen labor de vigilancia, requisas y control en los diferentes bloqueos, para que no abusen contra los ciudadanos que intentan pasarlos y para que permitan periódicamente el flujo de ambulancias, vehículos cargados con personal y equipos médicos, víveres, combustibles, carros recolectores de basuras y bomberos, tal como lo han hecho en Santander de Quilichao, según anunció la alcaldesa de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán.
El exsenador Jesús Piñacué, en declaraciones a radio 1040, considera que Popayán ya no es la misma de los terratenientes todopoderosos y la mayoría de su población sufre limitaciones económicas que viven día a día y si la aprietan demasiado con bloqueos prolongados terminan por afectar su precaria situación y devolverse contra el Paro. “Se trata de cuestionar altas políticas del estado y el control del gobierno sobre todos los poderes Fiscalía, Procuraduría, Contraloría... Buscamos un Estado próximo a la gente. Los indígenas intentaron hablar con el presidente Duque, se le acabó el período y no pudo reunirse con ellos”. Sobre el alcalde de Popayán y el gobernador del Cauca considera que deben tener más protagonismo y no estar ausentes para enfrentar negociaciones de los problemas de la ciudad y el Cauca en una mesa popular convocada.
En reciente entrevista en el programa Zona Franca, de Redmás Noticias, José Miguel Vivanco, director para América latina de Human Rigths Watch, declaró que los bloqueos prolongados que pongan en peligro el suministro de alimentos y atención de salud a la población son una violación de los Derechos Humanos y según la legislación de la mayoría de países pueden ser desalojados por la fuerza pública sin abusos de autoridad.
En la convulsa situación del país es mejor negociar que intentar desalojarlos por la fuerza. Algunos observadores consideran que en un departamento sitiado periódicamente como el Cauca, para buscar convivencia a largo plazo ya es hora de reactivar intentos del Pacto por la Paz, la Vida, los Derechos Humanos y la Convivencia, propuesto desde finales de 2020 por la gobernación, la Asamblea Departamental, la Asociación de Personeros, y varias universidades, entre otros estamentos, para en conjunto hacer propuestas al gobierno nacional que debe atenderlos dispuesto a plantear soluciones viables y no para dilatar conversaciones.
Inicialmente la convocatoria al pacto aglutinó a dirigentes de comunidades indígenas, campesinas, de consejos de comunidades afros, juntas de acción comunal, entre otros, pero no contó con participación de los gremios empresariales que se quejaron al no ser invitados para estudiar y redactar el primer documento firmado en el centro de convenciones.
Los acuerdos de paz y los pactos se firman entre contrarios y con posiciones contrarias que después de conversar y sustentar sus puntos de vista y propuestas, deben negociar para buscar la solución conjunta de la crisis y no para agravarla hasta el extremo de matar al paciente y acabar con las escasas fuentes de trabajo. Así sucede en Colombia con sus desajustes estructurales y en las regiones, como la Pacífica, con sus conflictos particulares.
Urge intentar convocar a todos los estamentos para que alrededor de un problema grave como el actual intenten ponerse de acuerdo, entre indígenas, afros, campesinos, estudiantes y empresarios, buscando sacar adelante al Cauca, en medio de las movilizaciones, antes que el tejido social y la economía, duramente golpeados por la pandemia, colapsen, quebrando las pocas empresas y comercios y con más fuerza que la abortada reforma tributaria de Carrasquilla, agravando el desempleo, carestía, violencia y delincuencia en medio de los picos mortales del COVID-19.
