“Preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo” (Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, 1968).
El 28 de abril del año 2021 inició en Colombia una de las manifestaciones populares más grandes de su reciente historia, la consigna fue el rechazo a una reforma tributaria que buscaba imponer el gobierno del presidente Iván Duque, la cual pretendía cargar todo el peso tributario en la clase media, gravando con impuestos a productos de la canasta familiar, servicios públicos, servicios funerarios, pensiones, entre otros, mientras beneficia a grandes empresas concediéndoles exenciones tributarias.
Desde luego, esto generó el malestar suficiente para detonar un estallido social que venía gestándose desde el 2019 con la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y algunas reformas, lo cual agravó el panorama con la Ley 2010 del 2019, conocida como “ley de financiamiento”.
A estas acciones impopulares se le sumó la pandemia del COVID-19, la cual perjudicó mucho más la economía del país, a tal punto, de llevar a la quiebra a las mipymes, dejar sin empleo a muchas personas y propiciar un escenario de incremento de pobreza y desigualdad. Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)[1], señalan que en el año 2020, el 42,5% de la población estuvo en condición de pobreza, es decir, hubo un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019 (35,7%). Esto se traduce que en la actualidad hay aproximadamente 21,02 millones de personas pobres.
En este orden de ideas, las manifestaciones en el marco del paro nacional se han desarrollado en diferentes ciudades del país y con gran intensidad por más de 30 días. Por este motivo, el gobierno nacional en su búsqueda de restablecer el orden público decidió desplegar el mayor número de efectivos policiales en todo el territorio nacional, lo que ha generado una serie de actos violentos desproporcionados en contra de los manifestantes, en los que se presumen actos de detenciones arbitrarias, agresiones físicas, abusos sexuales, falsos positivos judiciales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
Según informes de Indepaz y de las organizaciones Temblores ONG y la Reddhfic (2021)[2], en menos de un mes el listado de víctimas de violencia homicida por parte de la fuerza pública asciende a 61 personas; de igual forma, existen reportes de 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, todos dirigidos hacia mujeres, más de 500 desaparecidos, 28 víctimas de heridas oculares, cerca de 300 agresiones por parte de la policía y más de 1800 denuncias por hechos violentos. Cabe precisar que estos reportes no son exactos y que podrían ser más, debido a la dificultad que presentan las víctimas y sus familiares para llevar a cabo las denuncias.
En este sentido, estos sucesos no han pasado por desapercibido y han generado un impacto internacional en la CIDH, la ONU, la OEA y en algunos miembros de la Unión Europea, quienes han hecho un llamado al cese de la represión policial y de las violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional.
Por lo pronto, el presidente Iván Duque sigue en una posición obnubilada, dificultando el ingreso al país de organismos internacionales de derechos humanos y de cierta forma permitiendo que se lleven a cabo abusos por parte de la fuerza pública, bajo su directriz de asistencia militar y desestimando una salida dialogada con los diferentes actores.
En suma, similar a la historia relatada en la novela Cien años de soledad, Colombia asemeja su realidad a lo que acontece en Macondo, siendo sofocada por una “cuarentena” que atropelló por completo la economía y fue el aliciente para una protesta nacional sin precedentes, la cual abrió camino a una “ley marcial” entendida como asistencia militar, que por las noches toca la puerta de muchos hogares con la “peste del insomnio”, robándose la tranquilidad al saber que en las calles de cualquier ciudad, se cometen actos de desmedida violencia; sumando a esto la arrogancia del gobierno central, al no dar su brazo a torcer y pretender que esto sea como Macondo, optando por una postura de que “aquí no pasado nada” y como si fuese este "un pueblo feliz".
[1] Sierra, C. (30 de abril de 2021). Más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema. Diario La República. [2] Informe de Temblores ONG e Indepaz a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia en el marco de las protestas realizadas entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021.
