Desde el pasado 13 de enero, las sedes judiciales de Bogotá presentan serios traumatismos por las asambleas permanentes instaladas por los funcionarios públicos en protesta por una serie de directrices del Consejo Superior de la Judicatura, las cuales no están dispuestos a aceptar.
El motivo de dicho “Paro”, responde a la implementación del acuerdo 10445 del Consejo Superior de la Judicatura, (expedido el 18 de Diciembre de 2015, el día que iniciaba la vacancia judicial) que pretende dar desarrollo a las secretarias generales o comunes, para las jurisdicciones Civil y Familia. Lo anterior supone que la estructura funcional de los Juzgados como las conocemos hoy (Juez, Secretaria, Oficiales Mayores, Escribientes y Notificador) hallaría su final, y de cada despacho, serían descontados la secretaria, los escribientes y el notificador.
El problema resulta, cuando los alrededor de 4 funcionarios que saldrían de cada despacho, no serían reubicados en dichas secretarías, toda vez que las mismas ocuparan al parecer, un solo empleado de los anteriores, por cada tres Juzgados.
A lo anterior se suma la disminución del salario de los pocos trabajadores que sean ubicados en las nuevas secretarías y el traslado que tendrán los expedientes de las instalaciones del Juzgado a las Secretarías Comunes, una vez el expediente salga del despacho, es decir que haya un pronunciamiento del juez, lo que adicionaría un engorroso trámite a cada proceso y a leguas aumentaría la tardanza de los litigios, puesto que, dependiendo de la secretaría, fácilmente podrá contar con 100.000 procesos cada una de ellas.
Siendo la administración de justicia columna vertebral de un Estado, resulta altamente preocupante que a nadie le importe, que a pesar de llevar más de medio mes, la única solución que haya encontrado este gobierno haya sido enviar a las sedes judiciales el Escuadrón Móvil Antidisturbios, cuando cabe resaltar que el disturbio lo ocasionan ellos, con su presencia, porque la protesta judicial se realizaba en total calma, hasta que en un evento sin antecedentes históricos, el pasado lunes 1 de febrero, la fuerza pública golpeara a jueces y funcionarios y se tomara los edificios Hernando Morales Molina y Nemqueteba.
Resulta altamente cuestionable que después de una situación como la vivida, ni los Magistrados de las Altas Cortes, ni los Magistrados de los Tribunales y aún peor que ni la mayoría de los Jueces hayan sentado su real voz de protesta y apoyo a los trabajadores y todo se haya resumido en insípidas comunicaciones rechazando la violencia, pero sin mostrar un apoyo real a la difícil situación que enfrenta la administración de justicia en Colombia. Preocupa que Asonal Leal, Asonal S.I. y Asojudiciales hayan firmado un acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura desconociendo la voluntad real de las bases y que se haya visto la necesidad de la creación de un nuevo sindicato “Vocero Judicial” para que continúe luchando no solo por los servidores judiciales, sino también, por los usuarios de la justicia, que venimos siendo todos. Pues fácil resulta inculpar a los trabajadores, como ocurre en toda huelga, cuando no se tiene el más mínimo conocimiento de las razones que dan origen a la protesta.
Posdata:
¿A cuántos jueces y sindicalistas habrán de asegurarles una magistratura, para que no hayan realizado un apoyo directo al movimiento de resistencia judicial, cuando incluso los abogados litigantes saben de las grandes congestiones e infinidad de protestas que se verán si el Acuerdo 10445 continúa vigente?
¿Qué papel cumplen la Universidad del Rosario, la Universidad Libre de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, entre otras, con las facultades más icónicas de Derecho, que no existe un pronunciamiento oficial respecto a la crisis que enfrenta la justicia?
