A los cinco días de paro en todas las ciudades de Colombia, en medio del pico de la tercera ola de la pandemia, con 100 muertos diarios en Antioquia y con 11 muertos por el Esmad en Colombia, el gobierno de Uribe-Duque retira su proyecto de reforma tributaria, que había sido la bandera de lucha principal del movimiento de protesta.
Es un triunfo indiscutible del pueblo movilizado como nunca antes se había visto en la historia reciente de Colombia, especialmente de los sectores juveniles universitarios, que lograron doblar la participación y la combatividad en comparación con la protesta del 19 de noviembre de 2019, y la del 9 y 10 de septiembre de 2020, con la cual se continúa la cadena de protestas y movilizaciones populares contra este gobierno de los gremios económicos, de los grandes bancos y de los terratenientes.
El costo ha sido muy alto: 11 muertos de jóvenes que cayeron en las calles de las capitales departamentales de Colombia, especialmente en Cali y Bogotá, donde la protesta tuvo su más alto grado de manifestación, lo mismo que en las ciudades de la costa pacífica y atlántica, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, donde precisamente gana de lejos Gustavo Petro la primera y la segunda vuelta presidencial, según lo afirman los datos de la última encuesta de Invamer de hace ocho días.
Ahora viene la concertación y el diálogo nacional al que se había opuesto el gobierno con su arrogancia y autoritarismo, con el Comité Nacional de Paro que había sido desconocido por el entonces representante del departamento administrativo de la presidencia de la República, el gris y advenedizo señor Molano, hoy ministro en desgracia de la Defensa Nacional, y con las otras expresiones vivas de la nacionalidad colombiana, tanto políticas como sociales; étnicas, campesinas, universitarias, de género, feministas, ambientalistas, pensionados de la tercera edad, y trabajadores del arte y la cultura.
Ha llegado el momento de negociar después de un paro nacional como no se había visto en la historia reciente del país, y con una victoria en las manos que no se puede echar a perder en conciliaciones en las alturas con el gobierno, borrando la sangre derramada por la juventud en las calles de Colombia.
Ha llegado el momento de negociar con el establecimiento, con los gremios económicos y con los grandes bancos que son los que mandan en este país, una reforma tributaria estructural, progresista, equitativa y democrática, protegiendo del IVA la canasta familiar, el salario y las pensiones de los trabajadores y jubilados, y poniendo a pagar a la banca y a los grandes capitalistas y terratenientes para cubrir el hueco fiscal que dejó la primera reforma del gobierno en el 2019, y para financiar la reactivación económica de los micro, pequeños y medianos empresarios, así como asegurar la renta básica para las siete millones de familias en pobreza extrema y la pobreza de las capas medias.
No puede el movimiento sindical y el Comité Nacional de Paro, negociar esta victoria lograda con la sangre derramada por la juventud colombiana, una victoria del pueblo que anuncia nuevos triunfos populares por la vida, la paz y la democracia en un futuro cercano, y que no puede ser entregada así porque sí a los personeros del gobierno dictatorial de Uribe-Duque.
Se puede decir que los grandes triunfadores en esta jornada de lucha democrática, además del Comité Nacional de Paro que fue quien convoco a la protesta contra todos miedos y cálculos pesimistas por el pico de la tercera ola de la pandemia del COVID-19, digo que los grandes triunfadores fueron también las fuerzas democráticas agrupadas en el Pacto Histórico, con Gustavo Petro a la cabeza, sin desconocer las contradicciones entre los representantes del establecimiento que hicieron que partidos como Cambio Radical de Vargas Lleras y el Partido Liberal de César Gaviria, el Partido de la U de Lilian Francisca Toro, inclusive la Iglesia católica y algunas iglesias cristianas, apoyaran el paro y llamaran a retirar el proyecto de reforma del gobierno y a concertar un diálogo nacional.
Quedaron rezagados del acontecimiento popular el Partido Verde de la alcaldesa Claudia López, Angélica Lozano, Ángela Robledo; con las excepciones de la corriente democrática que le apuestan a la unidad de la izquierda en la primera vuelta presidencial. Quedaron viendo ballenas Sergio Fajardo y los demás soñadores de la corriente ilusa del vacilante “centro político”, que a la hora de nona vinieron a reclamar el triunfo popular, después de haber bailado en la cuerda floja entre sustituir el contenido de la reforma del gobierno y el retiro categórico de la ponencia por parte del movimiento popular.
Quedan en la lona el Centro Democrático y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con su advenedizo pupilo desaplicado, Iván Duque Márquez, presentador monotemático de las tragedias diarias del COVID-19, y los aliados incondicionales del Partido Conservador, quienes acompañaron al presidente hasta el final en su propósito desfachatado de no retirar el esperpento de la reforma tributaria.
Se abre un espacio para la concertación de los diferentes movimientos sociales y políticos con el gobierno de los gremios económicos y de los banqueros, con la renuncia del ministro de Hacienda, el fatídico Alberto Carrasquilla, a la cual deberán seguir las dimisiones del ministro de Gobierno y de Defensa, para completar el cuadro de justicia en el desarrollo de la violencia durante el paro nacional.
En estas circunstancias, en lo que queda de este gobierno hasta las elecciones del Congreso el 13 de marzo del 2022, el tema central de la campaña electoral será el contenido de la nueva propuesta de reforma tributaria, concertada con los partidos, organizaciones sociales, el sindicalismo, la Iglesia católica, otras iglesias cristianas, la Coalición de la Esperanza y, por supuesto, el Pacto Histórico, que deberá asumir la iniciativa en esta materia como proyecto político de gobierno para el 2022, quien no se puede dejar arrebatar este triunfo del movimiento popular.
El Pacto Histórico tiene que ser claro en negociar con el gobierno de los gremios y de la banca una reforma tributaria democrática para la reactivación de la economía, para la sostenibilidad de la micro, pequeña y mediana empresa, y para la creación de la renta básica para los siete millones de familias que están en la pobreza extrema y para sostener a las clases medias del país.
No se puede ceder en ninguno de los aspectos centrales de una reforma tributaria democrática: el IVA para los alimentos de la canasta familiar, la renta básica para las familias vulnerables, las exenciones para los grandes empresarios, banqueros y terratenientes, el impuesto a la renta de los grandes capitales de las personas naturales y jurídicas y de los grandes terratenientes, a las transnacionales minero-energéticas y agroindustriales, los paraísos fiscales, la corrupción, la evasión y elución de impuestos.
En este nuevo pulso político que se avecina el Pacto Histórico tiene que caracterizarse por su claridad y contundencia frente a la nueva reforma tributaria, ya que esta es la bandera principal en la campaña electoral para las elecciones del 2022 al igual que el tratamiento del Plan Nacional de Vacunación.
Es hora de proponer una conferencia nacional del Pacto Histórico para elaborar los temas centrales de la reforma tributaria, que vendría a ser, en gran medida, la propuesta económica para el nuevo gobierno democrático.
