Los colombianos, con seguridad, perdieron la cuenta del número de veces que desde el año 1990 —cuando se inició la implementación del modelo neoliberal— mediante reformas tributarias les han aumentado y creado nuevos impuestos, siempre con las justificaciones de “transformación solidaria”, generar empleo y el progreso del país. Son más de 20 las tributarias con nombres eufemísticos para confundir a la gente y que acepten apacibles que les quiten su capacidad adquisitiva y de consumo, especialmente a las clases media y baja y a los empresarios nacionales.
Esas tributarias tienen como denominador común las grandes gabelas mediante exclusiones y exenciones al capital financiero transnacional y a las multinacionales, motivo por el cual son reformas tributarias profundamente regresivas. El presidente Iván Duque trata de imponer a la nación su tercera tributaria, con el eufemístico nombre de "Ley de Solidaridad Sostenible", que según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en declaraciones a El Espectador señaló que "con el recaudo por IVA se recogerían $7,3 billones, por renta en personas naturales habría $17 billones y las empresas pagarían un tributo de $3,7 billones. Para las regiones, a través del Sistema General de Participación (SGP), se repartirían $4,6 billones".
Duque demoró la radicación del proyecto de ley mientras “enmermelaba”, léase, negociaba con la maquinaria del Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical y partido de la U, así como con algunos congresistas de otros partidos, y meter presión con el cuento que, de no aprobarse, se acabarían los diferentes subsidios que por ley están establecidos para la población.
La mayoría del Congreso está acostumbrada a intercambiar el voto por favores, mientras que en el caso de los subsidios, son la confirmación de la negación de los derechos fundamentales, que solo pueden ser resarcidos con el acceso de la población a servicios esenciales, con cobertura universal y de alta calidad, en la salud, educación, agua potable, alcantarillado, saneamiento básico, luz, gas, techo digno, pleno empleo y una renta básica que supla la deficiencia de ese empleo. El oficialismo ha venido utilizando la pobreza de la población, instrumentalizando los subsidios para ejercer presión sobre ellos, amarrándoles su voto, en uno de los clientelismos más aberrantes y de corrupción que no permite el avance de Colombia.
Las decenas de reformas tributarias no son más que la manera de descargar en la población los billonarios impuestos que le dejan de cobrar a ese capital financiero transnacional, a las multinacionales y a los más poderosos, en aspectos como rebajas y eliminación de aranceles a las importaciones y a la repatriación de utilidades, gabelas a la inversión extranjera directa, salvamentos al sector financiero y hasta subsidios a las empresas del magnate colombiano Luis Carlos Sarmiento.
Además, es una imposición de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para garantizar el pago de la deuda externa y a los bancos nacionales. Por lo anterior, el paro nacional programado para el próximo 28 de abril por el Comando Nacional de Paro, encabezado por las tres centrales obreras, es la respuesta correcta a la agresión orientada por la OCDE y banca multilateral en la profundización del modelo neoliberal: ¡paro contra el paquetazo!
