El Estado es el responsable del atraso del sector agropecuario en nuestro país. Los gobernantes de turno han utilizado el sector para el beneficio de sus bolsillos, así como los de empresarios y políticos. Es inexplicable porque Colombia tiene suficiente tierra fértil y podría ser una potencia en agricultura a nivel mundial, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria.
Lo anterior sería lo correcto, pues en países como Estados Unidos, el gobierno les garantiza a agricultores y campesinos una gama de instrumentos de fomento y promoción a la agricultura: antes de sembrar, los agricultores y campesinos ya tienen asegurado el mercado con el Estado; les entregan subsidios en activos de producción, semillas, maquinaria, insumos y les dan asistencia técnica. Sin hablar del presupuesto destinado para el agro, que en estos países es considerable respecto al PIB nacional, con el fin de que su agricultura sea clave para la economía y desarrollo.
Pero que la agricultura colombiana sea la base de la economía en nuestro país es una utopía y una simple ilusión: contrario a lo que muchos pensamos, el campo colombiano está abandonado y sumergido en una crisis de la cual pareciera nunca salir.
El declive del agro en Colombia inició con la política de internacionalización de la economía del gobierno del expresidente Virgilio Barco (1986 a 1990), siendo 1989 el año en el cual Colombia empezó a tener ventajas arancelarias y comerciales, abriéndose la puerta para la internacionalización de la economía.
El gobierno del expresidente Gaviria (1990 a 1994) propulsó la apertura económica bajo el lema de “la revolución pacífica”, la cual generó cinco reformas a la economía: reforma arancelaria, reforma cambiaria, reforma tributaria, reforma al comercio exterior y reforma a la inversión extranjera.
El expresidente Álvaro Uribe (2002 a 2006 y 2006 a 2010), inició la agudización de la crisis del campo colombiano puesto que las salvaguardas del TLC nunca lograron cubrir los daños causados a los campesinos, y el programa Agro Ingreso Seguro elaborado por el exministro Andrés Felipe Arias (hoy prófugo de la justicia), supuestamente daría subsidios a agricultores y campesinos, pero terminó beneficiando a políticos, empresarios y terratenientes.
Y por último está el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010 a 2014 y 2014 a 2018), quien ha tenido que padecer las consecuencias de sus actos, los cuales han ido en contravía del desarrollo del sector agropecuario, como la firma de tratados de libre comercio.
Otras razones de la quiebra del agro son: el aumento en la competitividad de los productos importados en los diferentes tratados de libre comercio, lo que obligó a los campesinos a ir a los bancos para solicitar créditos, generándoles endeudamiento.
También por el contrabando, en donde las regiones de frontera son las más afectadas por esta actividad ilegal, la cual mueve grandes sumas de dinero y compra a cualquier autoridad, tanto en las regiones de frontera como en la capital.
Adicionalmente el precio elevado de los fertilizantes y de los insumos. En materia de siembra, las semillas de Monsanto en varios casos no funcionaron y ocasionaron pérdidas superiores a 6 millones de pesos por hectárea a los campesinos que la usaron.
El Banco Agrario se convirtió en el agujero negro de la agricultura, pues absorbe todo a su paso, en vez de darles facilidades a los agricultores y campesinos. Lo único que ha hecho es embargarle sus bienes y les ha quitado sus casas.
En materia vial la infraestructura es deplorable: los campesinos no tienen las carreteras pavimentadas, son trochas por las cuales deben recorrer horas a caballo o a pie, hasta los centros de acopio o las plazas de mercado para poder comercializar y vender sus productos. Estos sitios muchas veces están apartados de sus veredas, corregimientos y/o pueblos.
La responsabilidad política de la crisis del campo en los últimos años es del Partido Conservador, ya que ha sido el encargado de colocar a los ministros de agricultura, como a funcionarios de sus entidades vinculadas y departamentos adscritos. Esto convierte al Ministerio de Agricultura en una institución para pagar favores políticos, reduciéndose a eso, a una institución plagada de politiqueros que no tienen idea alguna del campo.
De los paros agrarios del 2013 y el 2014 el gobierno creó el Pacto Agrario, pero este no logró incluir a los grupos de las dignidades ni a la Cumbre Agraria, ya que unos avivatos se tomaron los proyectos y se hicieron pasar por campesinos.
La más reciente política del Ministerio de Agricultura es el Plan Colombia Siembra que busca sembrar 500 mil hectáreas en el 2016. Sin embargo, esta meta no lleva ni la mitad de hectáreas sembradas.
Gracias a las políticas agrarias y económicas podemos entender por qué en Colombia se han dado los paros agrarios en los últimos años: 2013, 2014, 2015 y 2016, siendo los de 2013 y 2016, los más fuertes y sonados en todo el país.
En el paro agrario del año 2013 los campesinos de Colombia hicieron una de las movilizaciones más grandes e históricas del país. De ese paro surgió el movimiento agrario Dignidad Agropecuaria el cual agrupa a varios sectores del campo, como los cebolleros, cafeteros y paperos. Este movimiento acordó con el gobierno 88 puntos en el 2013, de los cuales al 2016 no se han cumplido ni la mitad .
Son 4 los temas gruesos en los cuales el gobierno aún no cumple: comercio exterior; la afectación de los agricultores tras los TLC, crédito y financiamiento; condonación de deudas que se debían pagar con el dinero del 2x1000, minería, páramos y medio ambiente, insumos agrícolas y pecuarios, los cuales son costosos e impiden competitividad. Para el caso del sector papero, se pide reactivar el cultivo, la siembra y la comercialización de cereales.
Quienes realizan el actual Paro Agrario son los movimientos sociales agrupados en la Cumbre Agraria Étnica y Popular, la cual se compone principalmente de afros, campesinos e indígenas. Este grupo surgió de las movilizaciones campesinas, étnicas, indígenas y populares de los años 2013 y 2014.
Este paro se da por incumplimientos del gobierno de los años 2013; de movilizaciones campesinas en 2014. Y de 2015 , sobresalen: 1) tierras, territorios, soberanía alimentaria y ambiente, 2) economía propia Vs. modelo de despojo, 3) minería y energía, 4) cultivos de amapola, coca y marihuana, 5) derechos políticos, garantías, víctimas y justicia, 6) relación campo y ciudad, 7) paz, justicia social y solución política. 8) derechos sociales, económicos y culturales. Otra razón por la cual la Cumbre Agraria decidió movilizarse fue por el modelo económico, la ley ZIDRES y por las políticas extractivistas.
Para los campesinos e indígenas en zonas de conflicto armado, les es más sostenible sembrar cultivos ilícitos, que cultivos de frutas y hortalizas, puesto que la comida que anteriormente sembraban, hoy día difícilmente la pueden vender. Y si la venden, ni siquiera recuperan el precio de los costos de producción.
El gobierno y los medios de comunicación no pueden criminalizar la protesta social pacifica, puesto que esta se da por incumplimientos del presidente Santos. Van 3 años de negociaciones y el gobierno no les ha cumplido ni la mitad de los acuerdos a estos dos grupos agrarios.
Hoy en día la agricultura colombiana ha tenido que pagar las desafortunadas decisiones políticas de los gobernantes de turno con atraso, crisis financiera, desigualdad, despojo, inequidad, pobreza, quiebra de campesinos e indígenas y violencia en los territorios.
La paz no se hace solo con las guerrillas, la paz también es con los afros, campesinos e indígenas en los territorios. La paz completa e integral debe ser con justicia social.
@JUANCAELBROKY
