Después de que la movilización social tumbó las cuestionadas reformas tributaria y a la salud, el gobierno le pidió al Congreso tramitar con urgencia un proyecto de ley de transición energética, dinamización del mercado energético, reactivación de la economía y fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. El Congreso acogió el llamado del ejecutivo y este miércoles sesionarán juntas las comisiones V de Cámara y Senado.
Sin duda, es urgente transitar hacia energías renovables para enfrentar la crisis climática. De no tomar medidas efectivas hoy, las actuales y futuras generaciones sufrirán escenarios bastante angustiosos. Todos los municipios del país, sin excepción, tienen algún grado de riesgo climático, y algunos ecosistemas como la Amazonia se acercan a puntos de no retorno tras los cuales difícilmente tendrán la capacidad de regenerarse; y el calor en las zonas bajas, hacia 2070, las hará prácticamente invivibles.
Justamente, por la importancia de las medidas que se tomen hoy, es necesario que no solo que sean rápidas, sino que se basen en consensos fuertes. La transición energética debe generar condiciones para disfrutar la energía de manera equitativa y austera, y sin trasgredir los límites biofísicos del planeta. Distintas organizaciones sociales han expresado que no debe limitarse a cambiar la matriz energética, sino que las nuevas formas de producción, distribución y uso de la energía deben ser justas y las maneras de decidir sobre ellas, democráticas. En La Guajira, actualmente, se desarrollan parques eólicos que afectan de manera profunda el territorio wayúu sin consultas previas que cumplan los estándares constitucionales: aunque es una energía renovable, los impactos ambientales recaen, nuevamente, sobre las comunidades más vulnerables.
¿Por qué el Gobierno y el Congreso tramitan de afán, casi que pasando desapercibidos, una norma sobre un tema de tanta importancia pública y para el futuro de la generación que hoy protagoniza el Paro Nacional? La respuesta parece ser que el proyecto de ley no está orientado a frenar el aumento de la temperatura del planeta y a prevenir la vulneración de derechos humanos y los conflictos socioambientales, sino a generar un buen clima de negocios para inversiones en nuevas tecnologías energéticas.
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El proyecto de ley que sí estimula algunas renovables, pero también garantiza que se sigan extrayendo combustibles fósiles y, en algunos casos, disfrazarlos de renovables
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Estimular energías renovables es deseable para enfrentar la crisis, siempre y cuando reemplacen en el corto plazo los combustibles fósiles y ayuden a los territorios a adaptarse a eventos climáticos. Sin embargo, el gobierno no tiene esta intención, como se desprende de esta entrevista al ministro de Minas y del apoyo a este proyecto de ley que sí estimula algunas renovables, pero también garantiza que se sigan extrayendo combustibles fósiles y, en algunos casos, disfrazarlos de renovables. Es como si alguien con colesterol alto anunciara que comienza una dieta sana sin renunciar a la fritanga porque le va a añadir un chicharrón light y un par de lechugas.
En particular, preocupa mucho la promoción del hidrógeno azul, una tecnología que hace reaccionar el metano con vapor de agua para liberar hidrógeno, por un lado, y CO2, por el otro. El CO2 se captura y se almacena, entre otras, bajo tierra. El gas metano para esta operación saldrá seguramente del fracking y de la explotación de yacimientos no convencionales (como el Rio Ranchería, otra vez territorio wayúu) que la industria petrolera defiende como las mayores reservas: según el presidente de la ANH, serían de 195,9 TCF de gas.
Si este proyecto se convierte en ley, el hidrógeno azul pasará a entenderse como una Fuente No Convencional de Energía Renovable, un asunto de Utilidad Pública e Interés General y las iniciativas podrán ser Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines). Esto quiere decir que, en la práctica, nadie podrá cuestionarlos ni oponerse: ni los alcaldes, ni los concejos municipales que ordenan el territorio y mucho menos, las comunidades. Las empresas, en cambio, disfrutarán de múltiples beneficios tributarios como deducción al impuesto de renta, deducción de IVA y exención de aranceles, y procesos ágiles de licenciamiento ambiental.
El proyecto desconecta la transición energética de su motivación principal: la crisis climática, causada por la explotación de combustibles fósiles. Muy distinta es, por ejemplo, una decisión del miércoles pasado del Tribunal Superior de Holanda que condenó a Shell a reducir en 10 años el 45 % de sus emisiones, como una medida necesaria para proteger los derechos humanos en riesgo por el calentamiento global.
La ponencia positiva fue suscrita por congresistas del partido de la U, Cambio Radical y Conservador, y cuenta con todo el apoyo del Gobierno Nacional. Los senadores Jorge Enrique Robledo y Jorge Eduardo Londoño presentarán ponencia negativa, pero solo la ciudadanía podrá exigir que pare esta reforma y se dé un debate serio para una transición energética que deje atrás los combustibles fósiles y sus formas extremas de explotación como el fracking y que genere condiciones dignas de vida para las próximas décadas.
