Las motivaciones electorales de la clase política tradicional colocando en riesgo la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz que garantizarían la representación de las víctimas de regiones apartadas del país donde el conflicto se sintió con mayor barbarie, permitiéndoles tener una participación directa para hacer valer sus intereses en el proceso de reconstrucción del tejido social, supera el sentido de la responsabilidad que tienen los actuales "padres de la patria" para con el país y especialmente con las víctimas en el proceso de reparación y esclarecimiento de la verdad histórica respecto a las responsabilidades de un conflicto armado de más de 50 años.
La argumentación esbozada por representantes del Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical para querer hundir las circunscripciones de paz, así como la presencia en el Congreso de miembros de las Farc en el 2018, es que esas curules quedarían en poder de las Farc y que los miembros de ese nuevo movimiento político deben reconocer y pagar por sus crímenes antes de llegar al Congreso. El cinismo no puede ser más grande.
Repasemos la historia violenta de nuestro país. La violencia bipartidista del siglo XX entre el Partido Liberal y el Partido Conservador se caracterizó por ser extremadamente sangrienta, incluyendo asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo, causando más de 250.000 muertos y el éxodo forzoso de más de dos millones de personas, en un país que para ese entonces alcanzaba una población aproximada de 11 millones de habitantes. Nadie pagó ni un solo día de cárcel por ese genocidio, por el contrario, formaron una coalición denominada el Frente Nacional, acuerdo en que los dos partidos se alternaron el poder, repartiéndose todos los cargos oficiales.
Argumentar que al Congreso de la República no pueden llegar criminales, mientras la Corte Suprema de Justicia abre investigación contra 11 parlamentarios salpicados por el escándalo de Odebrecht, al menos 25 congresistas están siendo investigados por escándalo de la parapolítica, así como por tráfico de influencias, prevaricato, irregularidades efectuadas cuando ocuparon otros cargos públicos, o para no ir más lejos en el año 2004 cuando los tres máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y Ernesto Báez fueron invitados y recibidos en el Congreso de la República, para legitimar con total arrogancia y cinismo su larga serie de atroces crímenes, no es más que una posición oportunista con el solo propósito de buscar beneficios electorales, dándole la espalda a un proyecto que permite continuar con la implementación de unos acuerdos de paz y reconciliación nacional.
La doble moral de las colectividades políticas, como Cambio Radical y el Partido Conservador, que hicieron parte del actual gobierno en la etapa de los diálogos de la Habana, aprobando todo lo relacionado con la paz, acompañando al presidente en la firma del acuerdo final y adquiriendo el compromiso de apoyar el trámite de los proyectos de ley que permitieran la implementación de los acuerdos y hoy salen a criticar y oponerse a la aprobación en el Congreso de dichas leyes, en un periodo preelectoral como el actual, no es más que el reflejo de una sociedad y una clase política carente de valores éticos y morales; contaminada por los escándalos de corrupción, en la que priman los intereses políticos y personales; abogándose el derecho a negar que sectores sociales y de las victimas puedan llegar al Congreso de la República, escenario supuestamente reservado para las castas familiares y partidos tradicionales, responsables de la crisis social y política por la que atravesamos.
