Laura tiene 23 años, pero no recuerda mucho de ellos. No sabe cuántos se le fueron mientras deambulaba en ese laberinto de consumo de drogas y alcohol en el que es tan fácil perderse. Ahora lo dice entre carcajadas, sobria. Está sentada en un salón donde acaba de recibir una clase para aprender a comportarse en una entrevista de admisión a estudios técnicos en seguridad en el trabajo.
Ella y ochos jóvenes más están reunidos allí porque una quiere ser profesional en turismo en la Comuna 13, otro quiere ser productor musical y aquél quiere ser veterinario, porque hace unas semanas le envenenaron el perro en su barrio.
Todos ellos menores son de 28 años, todos ellos son de zonas muy vulnerables de Medellín, todos ellos eran carne de cañón hasta diciembre pasado, pero todos ellos lograron cambiar el rumbo de su destino.
Se supone que ellos no deberían estar recibiendo ese tipo de clases que sirven para su desarrollo individual. No deberían estar aprendiendo manejo de conflictos, deberían quedarse en sus barrios, tal vez ser reclutados por uno de esos combos que defiende a sangre y fuego pedazos de cemento y fronteras imaginarias. No deberían aprender cómo mejorar su lenguaje verbal y no verbal; tal vez es más lógico que terminen en medio de una balacera y morir jóvenes para convertirse en un dígito más en esa cifra de 231 homicidios que iban hasta final de abril en Medellín.
Pero una decisión tomada a mediados del 2018 en una oficina en el centro de la ciudad los salvó de eso. Esa decisión fue la de ya no malgastar tiempo, recursos y buenas ideas en planes de choque generales. No más lanzar redes al agua a ver que agarran. Desde entonces y en adelante sabían a qué iban cada que se bajara al río.
El detonante de esta decisión fue un muchacho menor de edad. Cayó en una redada. Llevaba un arma sin licencia. Cuando lo iban a trasladar, rompió en llanto. Confesó que necesitaba los 50.000 pesos que le iban a pagar por llevar el revólver, pero que no quería eso para su vida, que solo lo hizo por la plata.
17 años. Un arma ilegal. 50.000 pesos. Había que hacer algo para atacar ese monstruo que le alimenta de jóvenes, de sus necesidades, de sus falencias, que se alimenta del olvido del Estado y había que hacer algo que lo lastimara. Era junio del 2018.
La primera decisión fue cruzar información entre Fiscalía, Policía, a través de la Dijín y la Alcaldía. La idea era saber quiénes y en qué lugares estaban a punto de ser devorados por la bestia.
El resultado fue que de las 60.000 potenciales víctimas de la violencia en Medellín, un poco más de 4.000 estaban a punto de entrar en las fauces del monstruo. O, peor aún, ya estaban allí.
Se determinó se buscarían a chicos ambos sexos de edades entre los 14 y los 28 años. Con antecedentes en delitos menores, que no involucraran asesinatos y de que no hubieran terminado el bachillerato o la primaria. Las experiencias anteriores demostraban que abarcar mucho no implica más éxito. La idea era trabajar muy focalizados.
De 4.000, entonces, el número se redujo a casi 800. La Alcaldía delegó a la Secretaría de Seguridad la implementación del plan que consistió en buscar en sus casas a cada uno de ellos, los 800, para hacerles una propuesta que muchos, casi la mitad, decidieron rechazar: si se sumaban al programa Parceros, los iban a capacitar durante varios meses para que, en lugar de ser jíbaros, campaneros, mulas, pudiesen ser veterinarios, DJ’s, técnicos en seguridad en el trabajo. O emprendedores, dueños de su propia barbería, taller mecánico, o, una tercera opción, empleados en una empresa.
328 aceptaron.
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El salón donde están reunidos queda a un par de kilómetros del centro. En él ahora hay un ambiente de alegría y algarabía. La clase sobre cómo comportarse en una entrevista para entrar a estudiar fue productiva y los tiene animados. Uno de ellos improvisa unas rimas y rapea. Todos aplauden y se ríen. Parecen viejos amigos, aunque son de barrios distintos, algunos incluso con bandos armados opuestos entre sí.
Entre ellos está Sara, la parcera delegada a ese grupo. Ella es la responsable de guiar a los jóvenes que le asignaron desde la Alcaldía. Y guiar es lo que hace. Ella está pendiente de que vayan a las clases, que son los sábados cada 15 días, de que estén juiciosos sin consumir y de que, si toca, vayan a la Registraduría a sacar la cédula para empezar a buscar empleo.
Porque la idea de Parceros es que la ayuda a los muchachos sea casi que personalizada, que ellos puedan contarle a su parcero con qué sueñan, quienes quieren ser en cinco años. Laura, por ejemplo, sabe que quiere dedicarse a seguridad laboral. Le parece que tiene el carácter para hacerlo, pero fue hablando con Sara que supo ponerle nombre a esa capacidad suya de ser organizada y firme.
Por ahora el plan va como se esperaba. Resultó eso de planear. Para julio próximo está planeado que la primera generación de beneficiados de Parceros concluya su ciclo. Ya hay casos de éxito: un DJ y un productor musical ya se unieron para crear empresa. Y los uniformes que usen en los conciertos, se los van a comprar a un compañero del programa que está montando una estampadora de camisetas y diseño de ropa.
Ya están planeando la fase dos, para el segundo semestre. Y se está trabajando para que el programa se convierta en una política pública que se mantenga en la ciudad cuando haya relevo de mandato.
Por ahora, Parceros ya salvó algunas vidas del abismo, ya llamó la atención de la bestia. Los muchachos del programa se han vuelto embajadores en sus comunas y ya otros están pidiendo chico para la siguiente fase. Mientras tanto, en las semanas que viene, esos muchachos que iban a estar cargando un arma ilegal, ahora estarán presentando exámenes para empezar a estudiar. Un golpe certero a la bestia.
