Y la historia sigue; el orden público continuó en dificultad y, comprometió tanto el principio de distinción –población civil-, como en el monopolio de la fuerza; historia que pasa por mandatos de Gaviria[1] y Uribe[2] además, pernocta en la de Samper; se registró: “El incremento de extorsiones, hurtos y secuestros en varias zonas del país, hizo que el gobierno de César Gaviria expidiera un decreto que creaba los “servicios especiales de vigilancia y seguridad privada”, que eran grupos de civiles, armados, que trabajarían de la mano con las Fuerzas Militares. Un año después, el gobierno de Ernesto Samper las bautizó como ‘Convivir’”. Indiscutible.
El control constitucional, las permitió[3]: “Para hacer frente a la agresión colectiva, organizada y permanente, la comunidad ejerce su derecho a la legítima defensa también en forma colectiva, organizada y permanente.”; y, las aceptó: “La Corte reconoce el derecho de la comunidad a organizarse para defenderse de la delincuencia y apoyar a las autoridades legítimas, con estricta sujeción a las leyes vigentes. La Corte declara que ese apoyo a las autoridades es un derecho y un deber de todas las personas residentes en Colombia”; aunque tímidamente afirmó: “En consecuencia, el Estado no puede utilizar los servicios de vigilancia y seguridad prestados por los particulares, con el fin de involucrar a la población no combatiente en el conflicto, pues ello implicaría violar normas y principios del derecho internacional humanitario”. No hay duda.
Y, aunque retoma una postura de 1995 -que contiene el ‘Principio de Distinción’-, no declara la norma contraria a la Constitución: “(…) en todo caso rigen las reglas del derecho internacional humanitario (artículo 214 de la Constitución), uno de cuyos principios es el de la distinción, según el cual las partes en conflicto deben diferenciar entre combatientes y no combatientes, pues estos últimos no pueden ser nunca un objetivo de la acción bélica (…)”[4]. Una antinomia: acepta los servicios, pero al tiempo, trata de decir, que no se debe contaminar a la población civil y, disminuir el monopolio de las armas. Así quedó; permisión.
Más adelante, es evidente la aplicación de la permisión: “Ayer el presidente Álvaro Uribe Vélez anunció (…), la incorporación de 10.008 soldados campesinos al pie de fuerza para combatir contra los grupos armados. La incorporación de soldados campesinos hace parte del programa "soldados de mi pueblo", una estrategia del Gobierno para combatir los grupos armados y proteger las zonas rurales y urbanas que están desprotegidas por la escasez de soldados y por el incremento de acciones terroristas”. La contención se perdió: deterioro del monopolio de la fuerza, contaminación de la población civil.
Se suma, como una de las consecuencias, la cooptación del Estado; demostrado por lo menos en el Congreso de la República; Mancuso, cabecilla de una de ellas, sostenía: “(…) ante la Corte Suprema de Justicia que el 35 por ciento de los congresistas fueron elegidos en zonas de influencia paramilitar.”. Qué agregar.
La Corte Suprema de Justicia[5], en oportunidad los resaltó como, grupos organizados de poder - ‘Concierto para Delinquir’-: “(…) debe resaltarse que el delito de concierto para delinquir es vital y esencial dentro del proceso de justicia y paz. (…) La labor de la fiscalía y de los demás funcionarios que intervienen en la actuación está orientada a indagar fenómenos propios de la criminalidad organizada. (…)”
No se supo en verdad, sí los políticos accedieron a ellos o, lo contrario; pero lo cierto es que se cooptó el Estado y, por supuesto, el fenómeno se convirtió en una máquina macabra de muerte, desalojo y, lo peor, de poder político. Esa fue la dantesca y, real consecuencia.
El fenómeno se convirtió
en una máquina macabra de muerte, desalojo y,
lo peor, de poder político
El paramilitarismo, las autodefensas, son ilegales, de inicio; pero se les dio una apariencia de legalidad, en procura de una seguridad que se vio más que maltrecha al final, pues no solo se convirtieron en aparato de guerra, sino que se instalaron en el poder mismo.
Si bien es cierto se desmovilizaron, perviven con otra enseña: las bacrim[6] que “(…) son la continuidad de grupos paramilitares. La desmovilización paramilitar fue un proceso calculadamente imperfecto e incompleto. La ausencia de control oficial sobre la desmovilización facilitó que los paramilitares usaran las ceremonias de entrega como dispositivo de escondite de personas y estructuras enteras. (…)”[7]; y, ellas, también están proscritas.
Prohibir lo prohibido, una posibilidad; o, aplicar las normas frente a la prohibición, es lo conveniente.
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[1] DECRETO 356 DE 1994. (febrero 11) ‘Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada’ file:///Users/Augusto/Downloads/Decreto%20356%20de%201994.pdf
[2] DECRETO 3222 DE 2002. (Diciembre 27) "Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto-ley 356 del 11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones". file:///Users/Augusto/Downloads/Decreto%203222%20de%202002.pdf
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-572 de siete (7) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997). Mgs. Ps: Dres. JORGE ARANGO MEJÍA y ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.
[4] Conf.: Corte Constitucional. Sentencia C-225 de dieciocho (18) de mayo de mil novecientos noventa y cinco. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[5] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Rad.: 31539. Auto de San Andrés Islas Providencia y Santa Catalina, treinta y uno (31) de julio de dos mil nueve (2009).
[6] https://www.observatoriodih.org/_pdf/bacrim.pdf
[7] Reed H., Michael. 2011.Bacrim: trampa conceptual (1). elcolombiano.com. [En línea] 4 de Abril de 2011. [Citado el: 12 de Marzo de 2012.] http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bacrim_trampa_conceptual_(1)/bacrim_trampa_conceptual_(1).asp.
