La situación del acceso al empleo público es tan confusa y precaria que espero que este artículo sirva para esclarecer lo concerniente a un tema que nos tiene muy perjudicadas a muchas personas, alrededor de 800 que participamos en el proceso de concurso de méritos, adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá, para proveer empleos de carrera administrativa en ésta última Entidad:
Con el Acuerdo No. 542 de 2 de julio de 2015 se convocó a concurso abierto de méritos para proveer empleos de carrera administrativa de la Secretaria de Hacienda, en la cual nos inscribimos un importante número de ciudadanos que quisimos concursar para ingresar al servicio civil, demostrando idoneidad y méritos necesarios para el mismo.
El proceso correspondiente se adelantó con normalidad, cumpliendo las etapas de inscripción, admisión al concurso, citación a pruebas, presentación de pruebas para evaluación de competencias básicas, funcionales y comportamentales, entrevista, valoración de antecedentes y conformación de resultados consolidados, hasta la fecha del 8 de febrero de 2017, cuando se anunció la conformación de las listas de elegibles correspondientes a los aspirantes que superamos todas y cada una de las pruebas del mencionado proceso.
Sin embargo, una concursante, identificada como Clara Cecilia Lopez Barragán, quien participó en el concurso pero no superó las pruebas, interpuso una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional del Acuerdo No. 542 de 2 de julio de 2015 ante el Consejo de Estado, argumentando la ilegalidad del acto de apertura mencionado por no contar con la firma del Secretario de Hacienda del Distrito, lo cual no es más que una argucia jurídica para dilatar el proceso de nombramiento de los elegibles, en la búsqueda de mantener las cuotas clientelistas provisionales en esta Entidad.
Esta demanda, admitida por la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Velez, desde el día 17 de enero de 2017, consiguió la medida cautelar suspendiendo provisionalmente el proceso. Esto nos ha afectado a muchas de personas que, con esperanza y honestidad, concursamos en justicia y en igualdad de condiciones, para acceder al servicio público y no comprendemos cómo la ley admite este tipo de recursos de las redes clientelares de los politiqueros tradicionales, en contra de los principios y de los derechos de las personas que con mérito obtuvimos la elegibilidad en el mencionado proceso.
Sin ignorar la importancia de atender todos y cada uno de las reclamaciones realizadas por los interesados en el proceso, se observa con preocupación cómo la mora en el trámite de estas medidas nos perjudica a las personas que optamos por ingresar al servicio civil a través del mérito.
Creemos que es importante visibilizar la problemática que se presenta en los proceso de concursos de méritos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y contribuir a esclarecer las circunstancias por las que, a través de argucias jurídicas y leguleyadas, planeadas por politiqueros y sus redes clientelares, se logra obstaculizar estos procesos de mérito, en los que muchas personas creemos y optamos de buena fe para acceder al servicio público.
Esta es la admisión de tutela de Angela Marina Forero Rubiano, contra demanda de nulidad, en la cual obramos varias personas afectadas como coadyuvantes.
Adicionalmente, cabe anotar que miles de ciudadanos están accediendo a participar en estos concursos, pagando unos derechos de inscripción, sin imaginarse que sus esperanzas quedaran truncadas por maniobras oscuras de las personas interesadas en mantener los puestos conseguidos por el clientelismo y la politiquería, sumado a la negligencia o errores administrativos de la CNSC. Una vez recaudados los dineros de los derechos de inscripción, son meses y hasta años esperando la evolución de las convocatorias.
Por todo esto, al considerar el proceso que cursa ante la jurisdicción contencioso administrativa ya referido, es de importancia y trascendencia social y jurídica que se respeten los derechos de tantos concursantes, muchos de los cuales se encuentran en estado de indefensión. También, que el Consejo de Estado levante la medida cautelar ordenada sobre esta convocatoria, se reactiven las publicaciones de listas de elegibles y la sociedad y el público en general no siga siendo engañado en su buena fe.
