El 14 de julio se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de Luis Gustavo Moreno, en virtud de la cual la Fiscalía le imputó el delito de concusión, que se ubica en el artículo 405 de la ley 599 de 2000. Sin embargo, un hecho nada raro se dio en el transcurso de la misma, referente al perdón que pidió el exfiscal capturado, y su manifestación de responder por el delito cometido.
Empero, lo que sí llama la atención y resulta paradójico para muchos penalistas es que Luis Gustavo indicó que acepta cargos por las presiones de las que estaba siendo objeto por parte de la Fiscalía y demás acontecimientos fácticos que mostraron los diferentes medios de comunicación. Esto resulta inaudito, porque siendo no solo abogado, sino también un penalista, autor de un libro relacionado con el derecho procesal penal, y por consiguiente teniendo claro conocimiento de los presupuestos para que un allanamiento sea válido, haya indicado en una audiencia de imputación de cargos las manifestaciones relacionadas con presiones indebidas que afectaban su voluntad.
Definitivamente, es algo extraño que no se puede comprender, puesto que él tenía que saber que si aceptaba cargos e indicaba que había sido objeto de presión alguna que afectara su voluntad, el magistrado que conociera de la imputación le iba a negar el allanamiento o aceptación de cargos que realizó, por ello, no tenía sentido hacer lo que hizo, máxime cuando ya había acordado una estrategia legal en compañía de su abogado Francisco Bernate Ochoa.
De no haber sido negada la aceptación de cargos que realizó el exfiscal anticorrupción, hubiera podido recibir una rebaja de pena que podía darse hasta un 50% de la pena que se le hubiese impuesto, que oscilaba entre los 80 y 144 meses, pero esa posibilidad fue desaprovechada. Ahora solo le tocará esperar hasta la próxima oportunidad que sería en la audiencia preparatoria.
Esperemos a ver si sigue en firme su decisión de aceptar cargos o si por el contrario varía su estrategia jurídica relacionada con el allanamiento a cargos y decide ir a juicio a demostrar que no son ciertos los puntos abordados por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos.
