El 1 de julio de 2015 Cornare (Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare) declaró en su jurisdicción 11 nuevas áreas protegidas, que se sumaron a las siete ya existentes, bajo las figuras de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) y Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR), con el fin principal de protegerlas de la explotación minera, dado que el 90% del territorio estaba solicitado para estas actividades.
Según los acuerdos, Cornare tenía la obligación de realizar un Plan de Manejo Integrado (PMI) a más tardar un año después de hacer la declaratoria de cada área, que sería la ruta a seguir para la conservación y protección.
Sin embargo, existen distintas anomalías y críticas con respecto a la salvaguarda de la fauna y flora de la región. Entre las razones se cuentan que, dos años después, 8 de ellas no tienen un Plan de Manejo, otras lo tienen pero no lo implementan, la comunidad no sabe de la existencia del área protegida o la Corporación no cumplió con la socialización debida en determinadas áreas.
Luces y sombras de la declaración
En el oriente antioqueño, integrado por 23 municipios, existen 143.156 hectáreas de áreas protegidas. Allí existen distintos ecosistemas como bosque húmedo, bosque tropical, bosque premontano y bosque montano bajo, en los que nacen los ríos Samaná Norte, Nare, Aures, Melcocho, Cocorná y Santo Domingo, que son los más importantes de la región y que están amenazados por proyectos mineros y de generación de energía.
Luego de las declaratorias de protección, y según el artículo 47 del decreto 2372 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Cornare tenía la obligación de diseñar un PMI por cada área a más tardar un año después, es decir el 1° de julio de 2016. En esta investigación se visitaron todas las áreas protegidas que Cornare tiene en el oriente (se excluyeron las áreas del nordeste antioqueño) y se identificó que solo la mitad (8 áreas) cuentan con un PMI y algunas de ellas solamente lo tienen desde este año.
Eduardo Ríos, ingeniero forestal de Cornare, afirma que “para realizar todos los planes de manejo de todas las áreas necesitaríamos por ahí 30 profesionales para poder comenzar a realizarlo, sólo somos 8 personas, por eso el retraso con este proceso.”
Además, David Echeverry López, biólogo de la oficina de Bosques y Biodiversidad en Cornare, agrega que “existen zonas de interés estratégico por muchas razones, por temas de biodiversidad y de importancia hídrica. Los procesos que están dentro del plan de acción le dan prioridad a áreas con mayor extensión.”
No obstante, la reserva forestal Cuchillas El Calón, el Tigre y la Osa tiene 30.860 h.a. y es la de mayor extensión. Se ubica entre los municipios de Argelia, Sonsón y San Francisco, protegiendo el Páramo de Sonsón y el nacimiento de ríos importantes como el Samaná. Contrario a lo que dicen los funcionarios, el PMI lo finalizaron el primer semestre de 2017 y aún no inicia su implementación.
Según Mario Alberto Quijano Abril, director del Herbario de la Universidad Católica de Oriente y líder del grupo de investigación Estudios Florísticos, cuando un área protegida no tiene PMI “se trunca el proceso. Si no hay un plan de manejo quiere decir que no hay estrategia para que el proceso continúe. El PMI está para que las especies puedan continuar en el terreno; si estamos hablando de una planta, crear estrategias de propagación, viveros, resiembra… hacer un proyecto de esa especie con la comunidad que permita que ellos se apropien de lo que tienen”. Es decir, que si bien se declaró la protección, en la práctica no avanza.
¿Se cumplen los acuerdos?
Si bien las áreas protegidas apuntan a blindar la flora y fauna, en éstas aún persisten actividades como la minería ilegal, la deforestación y el desconocimiento de las comunidades que no saben que habitan un área protegida.
En cuanto a lo primero, en La Unión, uno de los cinco municipios en los que se ubica el DRMI Cerros de San Nicolás (6551 h.a.), “existen actualmente más de 200 canteras trabajando de manera ilegal. En la zona del área protegida que acoge el municipio, se encuentran alrededor de 9 canteras, todas sin licencia minera”, dice Carolina Gómez, Gestora de Ambiente de la localidad.
En la reserva forestal Cuchillas El Calón, el Tigre y la Osa, afirman algunos campesinos del corregimiento Aquitania, perteneciente a San Francisco, hay mineros sobre el río Verde extrayendo oro con dragas. Lo paradójico del caso es que los artículos 12 y 14 del decreto 2372 de 2010 le otorgan a las CAR (Corporación Ambiental Regional) la responsabilidad de “reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción” de las Reservas Forestales y los Distritos de Manejo Integrado.
En diálogo con campesinos que viven o que habitan en las áreas La Tebaida, Cuervos, el Vihao, Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo y Cuchillas del Tigre, el Calón y la Osa, persiste la tala indiscriminada de bosques. En palabras de Carlos Bermúdez, líder comunitario y actual concejal del municipio de San Luis, “la guerrilla prohibía la deforestación, pero ahora que todos regresamos, el río Dormilón está casi todo deforestado; los campesinos no hacemos mucha presión sobre los recursos naturales, pero está llegando mucha gente de afuera y esos son los que más están tumbando el bosque”.
A lo anterior se le suma la desinformación o desconocimiento de los campesinos. Algunos de ellos no saben que viven en un área protegida y habitantes de algunas como El Viaho Guayabal, Los Cedros y El Capiro, manifiestan no estar enterados de la socialización que Cornare se comprometió a realizar; en otros casos, las alcaldías municipales (La Ceja, Abejorral) no saben que tienen un área protegida (Cerros de San Nicolás y Yeguas), por tanto desconocen el acuerdo de declaración y solo se enteraron de ello una vez hablaron con los periodistas de esta investigación. En otros casos, los habitantes de las áreas han manifestado que Cornare no ha vuelto después de la declaración; como consecuencia, alcaldías y habitantes de Rionegro (El Capiro), Marinilla (Los Cedros) y San Rafael (Cuervos) han tomado medidas para la reforestación de los bosques y la protección de las fuentes hídricas que abastecen acueductos municipales o veredales.
Críticas de las organizaciones sociales
En los últimos años, el Movete (Movimiento Social por la vida y la defensa del territorio) ha hecho seguimiento a las licencias ambientales otorgadas por Cornare para la minería y la generación de energía. En cuanto a las áreas protegidas Andrea Rendón Moreno, abogada del Movete, dice que la única opción que se les da a los campesinos que viven en estas áreas “es afiliarse al programa Banco2, un proyecto encargado de la generación y venta de carbono, que es el negocio en el que se encuentra Estados Unidos y las grandes potencias industriales del mundo. Pero acá en Colombia se centra en el pago de servicios ambientales, es decir, pagarle al campesino un salario mínimo cada dos meses por cuidar las áreas protegidas.” Esto es problemático en las áreas declaradas como reservas forestales, señala Rendón, dado que la figura “pretende el aprovechamiento de los frutos del bosque y de la corteza de los árboles y no contempla la idea de que los campesinos habiten el terreno para que sea utilizado en agricultura y ganadería.”
Y agrega: “Banco2 es financiado directamente por empresas privadas que son dueñas de los grandes proyectos económicos del país. En el oriente antioqueño es financiado por EPM, Isagen y Celsia, esta última es la que tiene el mayor número de solicitudes para microcentrales e hidroeléctricas”, es decir, advierte, que se protegen las zonas altas donde nacen los principales ríos de la región para ser explotados para la generación de energía una vez finaliza el área protegida. En ese sentido hay 40 solicitudes de licencia ambiental y 41 solicitudes otorgadas en ríos que limitan con las áreas como Yeguas, El Viaho, Cocorná, Santo Domingo, La Paloma y Samaná.
Por ahora, la protección y conservación de algunas de las áreas protegidas se quedó en los acuerdos. A Cornare le queda trabajo para cumplir con lo que se propuso en 2015.
