Popayán es una ciudad espiritual, cultural, económica y turísticamente dependiente del centro histórico y sus universidades; étnicamente diversa, también sostenida por la variedad de servicios que ofrece, por los empleos públicos, con pequeñas industrias, numerosas microempresas y talleres floreciendo en las comunas, sin planeación urbanística y vista desde el aire, como dice el candidato a la alcaldía Santiago Zambrano, “alargada y encorvada como una sarta de chorizos, unos más gordos que otros, congestionada por carencia de vías y donde al igual que en Bogotá no hay el sentido de pertenencia ni de unidad para alcanzar metas comunes que han tenido los paisas”.
Los precandidatos a las alcaldías deben ser conscientes del real estado financiero, jurídico y administrativo de sus municipios para presentar propuestas aterrizadas, sin falsas expectativas y considerar que cuatro años pasan volando.
Demagogia y populismo barato no caben pues los electores cada vez están más informados y prevenidos ante fallidas experiencias locales y de otras ciudades.
Sobre todo por decepciones de quienes incumplieron la mayoría de obras y proyectos ofrecidos en campañas electorales y de repeso se vieron involucrados en investigaciones por corrupción, fundamentadas con documentos, o sin pruebas firmes, más orquestadas por sus enemigos políticos para impedirles gobernar.
“Los planes de Ordenamiento Territorial se han convertido en la gallina de los huevos de oro de la corrupción”, acaba de declarar el Procurador General de la Nación, Jorge Carrillo, refiriéndose a frecuentes casos en municipios de Cundinamarca y otros departamentos.
En Popayán y Santander de Quilichao, los Planes de Ordenamiento Territorial, POT, están desactualizados y en el vacío normativo reinante algunos alcaldes, funcionarios de las oficinas de Planeación (Quilichao) y urbanizadores privados (legales y sobre todos los ilegales) en complicidad con algunos Curadores urbanos, han dejado imponer la ley del monte y extender a su antojo el perímetro urbano y autorizar (condominios) sin ajustarse a un Plan de desarrollo coherente y a reales posibilidades de garantizarles apertura de calles, adecuación de áreas comunes, etc., y dotación de servicios, que estos vividores esperan cargárselos a las alcaldías y empresas de servicios públicos, después de haber vendido por metros cuadrados terrenos adquiridos por hectáreas.
En el caso de Popayán, la actual administración logró incluirla en “Ciudades Sostenibles” que le asegura acceso a programas relacionados con la movilidad y mejora del medio ambiente urbano y rural y también recibió recursos y asesoría de Planeación Nacional, para actualizar el POT, que debe servir de brújula para administrarla en los próximos veinte años.
Es de esperar que al finalizar el período del actual alcalde y superando la incertidumbre generada por su reemplazo obligatorio a raíz de las investigaciones adelantadas en su contra, esté concluida la formulación y aprobación del nuevo POT, para que el ganador de la elección de octubre próximo, ajuste su programa de gobierno a este documento obligatorio.
De lo contrario, la ciudad seguirá a la deriva, con POT parciales que estimulan la corrupción administrativa y amplían desordenadamente el perímetro urbano de la ciudad, como sucedió en 2010, cuando el Concejo Municipal, permitió la construcción de la urbanización “Valle del Ortigal”, a pocos metros del lote destinado para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” PTAR, que al final fue rechazada por la comunidad y no pudo construirse.
Por ubicación geográfica y buscando desarrollo integrado con municipios vecinos, Popayán debe concebirse como “Ciudad Región”, a la que además de turistas nacionales y extranjeros, diariamente confluyen habitantes de municipios del centro, nororiente, sur del Cauca y norte de Nariño, que cada vez dependen menos de Cali en búsqueda de servicios de salud, educación y bienes, ya que hay numerosas hospitales, clínicas, colegios, institutos tecnológicos y universidades y la mayoría de almacenes de cadena están en los centros comerciales, al igual que los mayoristas de materiales y acabados para la construcción y concesionarios de toda clase de vehículos y maquinarias.
Por esfuerzo de algunas personas y familias en la ciudad han florecido pequeñas industrias, microempresas, comercios y está en auge la construcción financiada por ahorros de los ciudadanos nativos e inmigrantes, inversiones de firmas con trayectoria en el sector y dineros provenientes del narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades delictivas.
La gran industria no ha pegado en Popayán, como lo hizo en los parques industriales de municipios nortecaucanos y la tan cacareada “ciudad universitaria y turística” debe convertirse en mira para concretarla, enfocando a este propósito los proyectos de infraestructura, productivos, educativos y culturales que deben ser catapultados por la Alcaldía en coordinación con sus similares de municipios vecinos, la gobernación, nación, sector privado, los gremios y sus habitantes: los nacidos en la ciudad y los miles de inmigrantes, pues alrededor de estas actividades se dinamiza la economía local.
Y me olvidaba, del problema generado con el tratamiento de las basuras y su concesión a Serviaseo. El buen jurista y veedor ciudadano Álvaro Casas debe ayudar a desenredar el contrato blindado que él redactó cuando fue asesor jurídico del entonces alcalde Ramiro Navia y que entregó concesiones especiales a esta empresa que se ha caracterizado por querer sacar la mayor ganancia con la mínima inversión delegando en la alcaldía y el gobierno la ejecución de las obras civiles que debe realizar en los compromisos pactados.
Por ahora son algunos puntos claves para sacar a Popayán de la modorra.
