Si prospera el proyecto de sometimiento a las bandas criminales preparado por el gobierno, los delincuentes comunes que abandonen sus bandas tendrían beneficios que hasta ahoya eran insospechados y que, para el grueso de la sociedad, resultan sorprendentes: penas de no más de ocho años y saneamiento del 6 por ciento de sus bienes.
Según Andrés Garzón, abogado penalista, catedrático y experto en los temas de justicia negociada, la sociedad es dueña de su conciencia y sus escrúpulos, pero debe entender que, si el país quiere la paz total, “tiene que tragarse ese tipo de sapo”.
Advierte eso sí que ningún beneficio será gratuito porque los desmovilizados tendrán que confesar sus delitos, reparar integralmente a sus víctimas y garantizar que no volverán a la escena de la criminalidad.
En esta entrevista con Las2Orillas hace una explicación didáctica de la iniciativa:
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