El problema en la administración justicia no es tan grave de forma, como de fondo. De nada sirve autoreformarse y continuar operando con quienes han hundido la justicia. El mal debe erradicarse de raíz por los daños causados.
La administración de justicia requiere de restructuración y cambios extremos, que permitan volver a ganar la confianza y credibilidad perdidas, por los hechos aberrantes y bochornosos, que mancha su registro histórico, por disputas de intereses y negocios de providencias judiciales, en contravía de la imparcialidad que violan, restando garantías a los usuarios.
Si no se eliminan y extinguen los vicios que predominan en la rama judicial que enturbian la moralidad, por falta de ética, no convence ninguna proyección de reformas superficiales que se propongan, sobre todo si se originan de quienes deben hacerse a un lado por impedimentos para las reformas necesarias que cambien las costumbres imperantes. Que las cortes lideren la reforma a la justicia, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, no resulta afortunado; más si recordamos los enfrentamientos entre sí, llamados “choques de trenes”, generando escándalos públicos, disputándose autonomía de competencias, en los fallos de tutela, rechazando la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Judicatura, instancias de revisión, por la Corte Constitucional.
En democracia es admisible opinar y participar, en cualquier sean las reformas de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial), a través de representantes o de manera directa popular, implementando las conformaciones de mesas temáticas; integradas por profesionales del derecho, la academia, víctimas de decisiones judiciales, gremios profesionales y productivos, etnias indígenas y negritudes; incluyendo las representaciones de los referenciados poderes públicos.
La ineficiencia y la corrupción, en la Administración de Justicia, no se mejora, ni aguanta más, empates, remiendos y pañitos de agua tibia. Si no se prescinden, renuevan y sustituyen; los operadores judiciales, infectados y contaminados, de corrupción, activa y pasiva. De lo contrario nada se lograría, con “auto reforma” a la justicia, sacarla del abismo en que se encuentra y requiere con suma urgencia, sistemas operativos agiles, tecnificando los términos procedimentales y ampliando, la capacidad del servicio; con reposiciones, de elementos de trabajos, con adecuación de espacios apropiados, para la atención y prestación de servicios sin morosidad.
Las reformas a la justicia, lideradas por las Cortes y Concejos, persigue erradicar las facultades electorales, establecer los mecanismos de investigación y seguimientos a los aforados e implementar, sistemas disciplinarios de jueces y abogados, requisitos para elegir magistrados y los pensum de los programas de derecho, como si esos fueran los únicos problemas, de los que adolece la justicia y la tiene desprestigiada. Reformas que sirven de poco o nada, ¿para qué? ¿Para apagar y tapar, el fuego ardiente de los escándalos de corrupción? No más engaños, ni incertidumbre, sujetadas en manipulaciones y argucias. Urgen soluciones, con remesones drásticas, en la Rama Judicial y Administración de Justicia.
Los abogados deben ser desligados del sistema disciplinario de la administración de justicia. Los profesionales del derecho no todos son litigantes y deben regirse autónomamente por estatutos y reglamentos internos, aprobados de manera unificada por colegios y agremiaciones de abogados, como ocurren, con los demás profesionales universitarios, y demás naciones del mundo, designando entre los miembros colegas, los jueces que juzguen los hechos y circunstancias, ilícitas e irregulares, en que incurran los abogados, expidan las tarjetas profesionales, autentiquen poderes y contratos, aprueben tarifas de honorarios por servicios, en cualquier campo de ejercicio profesional y certifique los antecedentes.
Estamos hastiados de escándalos y especulaciones que frecuentemente brotan como burbujas de la administración de justicia. Es insoportable admitir y aceptar el funcionamiento de un servicio público sin garantía de imparcialidad y eficiencias, sin dirección, estabilidad, sin alternativas convincentes y útiles para salvar la justicia secuestrada, ahogada y asfixiada por las torcidas operaciones y dilataciones injustificadas y amañadas,a conductas incorrectas. Nos asiste a los ciudadanos, los derechos, disentir, opinar y defender nuestras instituciones cuando estén en peligro, independientemente de las labores de distinguidas organizaciones dedicadas a fundaciones y academias relacionada con la justicia.
En la reunión de altas cortes en la ciudad de pasto Nariño no prosperó la idea, propuesta del Concejo de Estado, sobre la conformación de grupos que investiguen la corrupción interna; lo que en síntesis demuestra,el desinterés de tocar el penoso asunto que destruye y muele como cáncer en la rama o poder judicial.
