La historia del Congreso colombiano se remonta a 1811 cuando el 27 de noviembre de ese año, se suscribió el Acta de la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada; este primer Congreso, estuvo conformado por: José Manuel Restrepo, diputado de la Provincia de Antioquia; Enrique Rodríguez, por Cartagena; Manuel Campos, por Neiva; Camilo Torres, por Pamplona, y Joaquín Camacho, por Tunja.
En pleno Siglo XXI la historia se repite pero con nuevos protagonistas, no en defensa de las provincias, sino, en protección de los feudos de los Jefes políticos y sus socios, de sus negocios, de sus empresas; es que los politiqueros de ahora, los jefes de los partidos, cuidan sus intereses económicos, ellos manejan el parlamento a su antojo y aprueban leyes que tienen como finalidad, sacarle el dinero del bolsillo a los colombianos.
El Congreso de Colombia está conformado por 108 senadores y 188 representantes, tanto en Senado como en Cámara hay 7 comisiones que tienen igualdad de poder, en donde se discuten con responsabilidad los proyectos de ley que benefician al Pueblo colombiano; en estos momentos en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes están en discusión dos reformas sociales de mucha trascendencia para el pueblo y por el cual votaron más de 11. 500.000 colombianos: La Reforma a la Salud y la Reforma Laboral.
El Parlamento Colombiano es bicameral y está conformado por 296 congresistas; pero 5 personas, los representantes de la oligarquía colombiana deciden la suerte de los colombianos, son ellos: Dilian Francisco Toro, presidenta del Partido de la U; Cesar Gaviria Trujillo, presidente del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Partido Conservador; Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical y Andrés Pastrana Arango, presidente de la Nueva Fuerza Democrática y conservador por excelencia.
No entiendo para qué 296 congresistas (108 senadores y 188 Representantes) y SIETE comisiones permanentes, si son CINCO los que mandan en Colombia; para la muestra un botón, Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador acaba de sancionar al representante a la Cámara Jorge Alexander Quevedo por no acatar sus órdenes, las cuales eran, votar en contra de las reformas sociales, porque ellas benefician al pueblo y no sus intereses económicos y la de sus socios.
Estamos gastando un dineral en congresistas (salario, asesores, secretarias, choferes, seguridad, camionetas, gasolina, viáticos, etc.) esto ¿Para qué? Lo más lógico es que el Congreso de la República se reduzca a su mínima expresión, que sea conformado por los representantes legales o dueños de cada partido y que cada partido o empresa electoral haga su asamblea o convención en donde de manera democrática discutan los proyectos de ley; no es justo que un dueño de partido pisotee lo establecido en nuestra Carta Magna.
El 4 de julio de 1991 entró en vigencia la actual Constitución Política de Colombia, ella en su artículo 114 establece que el Congreso es el máximo órgano representativo del poder legislativo y le corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.
En ninguna parte está establecido que son los dueños de los partidos los que deciden la suerte de los colombianos, nuestra Constitución es norma de normas, creo que si en cada comisión se discuten los proyectos de ley los parlamentarios son autónomos para votar los que crean que benefician al pueblo colombiano y no a los grupos económicos; exijámosle a los congresistas que obedezcan lo establecido en nuestra Constitución Política y no las órdenes de los dueños de los partidos.
Vamos a darles el 29 de octubre una contundente derrota a estos representantes de la oligarquía colombiana incrustados en los partidos tradicionales, no votemos por sus candidatos en las elecciones regionales, sino, por los alternativos y el 15 de marzo de 2026, en las elecciones al próximo Congreso de la República, venzámoslo definitivamente.
¡Fuera (los mismos de siempre) del poder!
¡Viva Colombia!
