Según las encuestas Gustavo Petro podría ser el próximo presidente de Colombia. Por ello es preciso aportar a su equipo Programático de Campaña una propuesta sobre el diseño de una política pública y regulación para la nueva la revolución digital que está viviendo la humanidad, tema objeto de mis investigaciones académicas en los últimos años.
Desde que los científicos suponen la creación o evolución del hombre cuando empezó a comunicarse con gruñidos y signos en las cavernas, hoy estamos implantados en la ERA DIGITAL donde impera la digitalización y la virtualidad, el nuevo Internet y el ciberespacio, un ámbito o entorno virtual creado por medios y redes informáticas.
Todo regido ello regido por la 4ª. Revolución Industrial, el 4.0, los servicios móviles, la programación cuántica y algorítmica, la inteligencia artificial, la robótica, las redes sociales globales, la información en unidades de cúbit, las criptomonedas (blockchain) y por los billones de datos e información que cada milésima de segundo la humanidad genera incluyendo las formas como se comercializa, intercambia y compra todo tipo de bienes y servicios, denominada la revolución digital.
Ante este panorama no suena extraño recomendar a Petro tenga una propuesta de política pública y una regulación apropiada.
Será necesario adaptar las instituciones y las reglas de juego para que el bienestar que trae las nuevas transformaciones digitales llegue al conjunto de proveedores y usuarios.
La política pública tiene la enorme responsabilidad de asegurar un entorno claro e inequívoco para que el sector público pueda adoptarlas y el privado desarrollar su potencial compitiendo libremente dentro de los límites del bien común sin abuso de ventajas y de posiciones dominantes como la manda nuestra Constitución de 1991.
Las nuevas transformaciones digitales están dando lugar a la nueva sociedad de la información donde el contrato social persiste en un gobierno legítimo, elegido democráticamente y que propone un estado de bienestar dentro del ámbito de la revolución digital, para asegurar la prosperidad y propiciar una reducción de la enorme desigualdad de la que acusa nuestra sociedad.
La propuesta plantea aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, ofreciendo igualdad y equidad de oportunidades en el mercado de trabajo, de bienes y servicios, aumentar la productividad, crear empleo y crecer de manera inclusiva, incrementando con ello bienestar social y un nuevo contrato social. Ningún candidato ha hecho una propuesta concreta, a pesar de la realidad tecnológica y de su inminente importancia social.
La nueva vida digital y virtual requiere de una política pública que estimule líderes y obreros digitales, una infraestructura que garantice un servicio universal con acceso igualitario y cubrimiento total de internet de banda ancha, especialmente en zonas de baja cobertura y difícil acceso para así democratizar el alcance de todas estas herramientas de información, comunicación, entretenimiento, de desarrollo social y económico, sin asomo de corrupción.
Por ejemplo, un pequeño agricultor podrá tener información digital sobre la forma de tener acceso a recursos de financiación para producir y luego vender sus cultivos a empresas mayoristas o directamente a los transportadores de su confianza o a los consumidores.
El smartphone puede ayudar a los agricultores a producir mejores cosechas, recibir asesoramiento sobre el mejor momento para la siembra. Los agricultores podrán estar más atentos de los mercados y los precios de sus productos, de los costos, del alquiler de maquinaria y del transporte.
La especulación y las mafias podrán tener un duro golpe. En la revolución digital la administración pública debe estar inmersa en un proceso de mejora continua de su eficiencia, de reducción de costos administrativos y de cargas innecesarias que recaen sobre empresas y trabajadores. Debe liderar también la transformación tecnológica y digital.
El Gobierno Duque no pasó de generar una gran expectativa con la creación de una Alta Consejería para la Innovación y la Transformación Digital, el CONPES 3975 de 2019 (Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial) que nació muerto, una paupérrima y descontextualizada ley de actualización TIC (Ley 1978 de 2019) y otro tremendo escándalo por corrupción ante la pérdida de 70 mil millones de pesos para el Internet de los colegios públicos del país.
La regulación de los mercados debe seguir siendo la forma fundamental de intervención del sector público en la organización de estas actividades económicas, eliminando monopolios y posiciones dominantes, promoviendo la libre competencia económica como un derecho que supone responsabilidades como está previsto en la Constitución.
El regulador nacional debe trabajar para garantizar los derechos de los de los consumidores en concordancia con los reguladores globales, facilitando el acceso a las innovaciones, y gestionando la reducción la brecha con la frontera tecnológica mundial.
El regulador debe ser único y la regulación deben actuar dentro de la concepción del ciberespacio como el nuevo espacio geográfico digital y virtual que hoy afronta la humanidad con sus ámbitos de computación cuántica y algorítmica previendo sus peligros y desbalances, planteando alternativas de protección de los derechos fundamentales del usuario y consumidor o ciberciudadano y los grandes retos de igualdad y protección de sus derechos humanos con la ciberseguridad contra el cibercrimen, los hackers, las falsas noticias y demás delitos informáticos que tienen impacto social, económico y político. Cuanto más se avance en esta dirección más probable será que la mayor parte de la sociedad se beneficie del progreso tecnológico.
En conclusión, Petro, si llega a la presidencia de Colombia, requiere políticas públicas diseñadas para potenciar los efectos positivos del cambio tecnológico en sus cuatro dimensiones fundamentales: proveedores, consumidores, trabajadores, emprendedores, contribuyentes y beneficiarios del estado de bienestar.
Debe ser una estrategia global y coherente de política pública para gobernar la sociedad digital, contando con la misma innovación tecnológica como un importante aliado.
* Autor del libro próximo a publicar: La revolución digital. políticas públicas y regulación. aspectos tecnológicos, sociales, económic0s del ciberespacio, el nuevo derecho del internet y la inteleigencia artificial
