La Comisión Primera del Senado acaba de aprobar en primer debate la reforma constitucional llamada “de Equilibrio de Poderes”. El poder que interesa analizar es el de la relación entre los Ciudadanos, donde reside la Soberanía, y los demás poderes: el componente de reforma electoral. En esta reforma la relación con los ciudadanos —que ellos sepan a quiénes están eligiendo y los puedan llamar a cuentas colectivamente—, se corta aún más que ahora al introducir las listas cerradas y bloqueadas para elegir congresistas.
Esta innovación pretende reemplazar el sistema actual de voto preferente, padre de corrupción y clientelismo alimentado a menudo por la “mermelada” de Palacio, y fortalecer los partidos que serían los que ordenarían las listas. La reacción inmediata de los políticos es el temor de volver a las épocas del “bolígrafo” donde la oligarquía de cada partido se reunía a puerta cerrada y decidía quién iba en la lista y quién no. Además, si ahora los ciudadanos no pueden identificar por quién están votando por la carencia de fotos en el tarjetón, con la lista cerrada lo podrán hacer aún menos pues votarían por un logo. Aunque por lo menos en términos de clientelismo y corrupción los partidos suspenderían los incentivos individuales y los costos de campaña que estos traen para los candidatos, al poner su propio logo en juego.
Pero claro, el ordenar las listas puede llevar a la ruptura de los partidos, a que el número de ellos aumente, en mis cuentas, a duplicarse. Teóricamente, para evitar estos problemas la ponencia aprobada introduce unas consultas populares que se realizarían catorce semanas antes de las elecciones de marzo, aproximadamente a comienzos de diciembre, paralizando la actividad legislativa todo un año, al aumentar en seis meses la que se da en el último semestre del cuatrienio por las elecciones. Es decir, en las consultas se votaría por los candidatos avalados de las listas y según el número de votos obtenidos se colocarían de mayor a menor en la lista definitiva.
Lo que estas consultas aseguran es que todos los vicios de la elección personal en grandes circunscripciones: la compra de votos, la depredación de los recursos del estado, se reproduzcan en ellas de manera idéntica al sistema actual. Con la única diferencia que, en esta época de déficit fiscal, se duplicarían los costos de las elecciones parlamentarias ($569.000 millones según Semana), con un efecto en el déficit de representación y la legitimidad nulo. ¿Para esto se va a hacer una reforma tributaria? Pero como dicen mecánicamente: “La democracia cuesta”.
La raíz de todo este problema no lo puede resolver la falsa dicotomía Voto Preferente-Lista Cerrada así intenten fallidamente, como podemos ver, cuadrar el círculo; solo con sistemas mixtos que incluyan distritos uninominales donde los ciudadanos identifiquen su representante lo puede hacer. Mientras tanto, que todo cambie…
