A propósito del estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro en su propuesta de “Cambio por la vida” que se enmarca inicialmente en la exploración social Gobierno-Sociedad Civil para fortalecer la gobernanza, y que se ha puesto de manifiesto en los Diálogos Regionales Vinculantes con miras a la participación popular en la construcción del Plan de Desarrollo 2022-2026, surgen en el horizonte del ejercicio de la profesión del periodismo varias perspectivas que podrían conllevar a la dignificación de esta noble actividad cuya misión sustantiva sigue soportándose en la acreditación de la verdad con lógica, ética y estética cumpliendo los sublimes objetivos de informar para transformar.
Pero, en el planteamiento de los problemas que aquejan su eficaz desempeño, se podrían enumerar algunos aspectos distractores y detractores que entorpecen y reducen su cabal accionar en el territorio nacional, a saber, entre otros:
- La falta de idoneidad profesional, especialmente en el abuso de las redes digitales.
- La ausencia de un régimen de seguridad social especial.
- El acoso judicial o litigioso que censura la libertad de prensa.
- La falta de una sistematización legal que articule las normas pertinentes.
- El desamparo estatal ante el poder monopólico mediático.
- La inasistencia formal en las mesas de trabajo sobre Planes de Desarrollo.
- La inexistencia de una colegiatura sólida que defienda los derechos gremiales.
Idoneidad vs desinformación
Uno de los grandes retos del periodismo profesional hoy día, en el marco de la libertad y el libertinaje que ofrecen los canales ciberespaciales, corresponde al manejo idóneo de la información y a la claridad mental que sobre las condiciones técnicas, morales y legales debe tener el flujo de contenidos que transitan por las autopistas digitales.
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Por supuesto, porque sin pretender limitar el albedrío de información existe una tremenda diferencia actitudinal entre quienes comunican, replican, divagan o delinquen usufructuando o no las nuevas tecnologías.
La medicina, por fuera de lo que puedan hacer el Estado y los acuerdos internacionales (ante la limitante de la libertad de expresión como derecho humano fundamental) está en la capacitación permanente empírica o académica y la voluntad formadora como responsabilidad social profesional.
Aquí juega papel importante la gestión que pudieran hacer los gremios del periodismo y las comunicaciones ante instituciones académicas superiores para formar a sus afiliados, incluso, a colegas no afiliados, no solo en las cuestiones técnicas y teóricas propias de la actividad profesional, sino en componentes socio-humanísticos que enriquezcan su comprensión y accionar en la realidad glocalizada.
Instituciones públicas pudieran servir para tal empeño aprovechando, por ejemplo, el reciente discurso del mismo mandatario nacional sobre la sociedad de la información y del conocimiento ante la ONU en la Cumbre por la Transformación de la Educación: “La educación como parte del proyecto de Paz total, la democratización de la cultura y la transformación del modelo productivo”.
En este sentido, podría acudirse a la UNAD, por ejemplo, para aumentar la cobertura de la profesionalización de periodistas; al SENA, para crear las tecnologías en Comunicación Social-Periodismo con énfasis en comunicación popular y comunitaria, y a la ESAP para algún nivel posgradual en Periodismo Público, todo procurando el menor costo posible para los interesados.
Periodismo, profesión de alto riesgo
En este ítem, no es que se pretenda insistir tercamente en el reconocimiento del digno ejercicio del periodismo como profesión de alto riesgo, amparado en el artículo 73 de la Constitución Nacional (“La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”).
Sin embargo, como lo manifiesta la red especializada EDUKA, su rol social es uno de los que más corre riesgo en el desempeño laboral, ya por el disgusto de los agentes del mal o de las fuerzas oscuras que prefieren acallar con violencia el trabajo transparente de informar.
Ya por la inestabilidad laboral que muchas veces inclina al periodista a entregarse indignamente a la censura y autocensura ante quienes controlan la noticia como un bien comercial y no la información como un servicio público.
Sobre este asunto, vemos que el periodista perdió reivindicaciones logradas durante los gobiernos proteccionistas del último cuarto del siglo pasado: la Ley 37 de 1973 estableció un sistema de seguridad social integral para el periodista profesional, igual el Decreto Ley 1281 de 1994 que estableció un régimen especial de pensiones de invalidez, de sobrevivientes y vejez para periodistas, normas estas derogadas por el decreto Ley 2090 del 2003 durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, soportándose en su Ley 100 de 1993 como ponente.
Sumado a lo anterior, cabe recordar que de la propuesta legislativa inicial culminada en la Ley 1016 del 2006 (apenas con meros propósitos declarativos) se cercenaron las iniciativas de garantías al acceso diligente a las fuentes públicas, de la cláusula de conciencia, del sigilo profesional y de la acreditación profesional registrada oficialmente en algún ente público nacional, sea Mintrabajo, MINTIC u otra entidad que haga tales veces.
Otro elemento importante para tener en cuenta es una reforma al Código General del Proceso para evitar el acoso judicial o litigioso encaminado a censurar asuntos de interés público, ya que de forma temeraria se ha llegado a la mala costumbre de utilizar el sistema judicial con fines intimidatorios o silenciadores de la información o la opinión periodística.
Faltaría aquí buscar la voluntad y el consenso entre los agremiados de base para encontrar los mecanismos legales y el lobby congresional necesario que permitan regresar, por lo menos, al estado de salvaguardia que pudo haberse tenido en un mejor pasado, y, de paso, trabajar también con alguna organización editorial o académica que apoye la sistematización o compendio y publicación del corpulento expediente de normatividad existente y vigente en el país en materia de comunicación social y tecnológica, más el marco legal periodístico y sus derivaciones profesionales.
La democratización de la información
Si el nuevo gobierno colombiano quiere un ejercicio del poder verdaderamente democrático, una de sus primeras propuestas de política pública debe ser democratizar el manejo de la información y control de los medios masivos, además de lograr una redistribución más equitativa de la pauta publicitaria pública, en todos los niveles del ordenamiento territorial.
Si bien la elaboración de contenidos informativos pertenece tanto a la esfera pública como privada, asumiéndose la segunda como un bien particular, su consumo a través de difusión mediática la convierte en un servicio de dominio público, por tanto, debe responder a un imperativo del funcionamiento de la sociedad como es el de recibir información general o de interés público sin restricciones ni “registro preferencial”.
Entonces, se deduce que si la producción de información y el control de los medios sería proporcionado, se supone que las informaciones transmitidas también lo serán.
Entra aquí el debate sobre el monopolio no solo de los medios de comunicación masiva y la intervención privilegiada que se tienen sobre las fuentes, la producción y el flujo de información, especialmente pública, sino el acumulado presupuestal oficial que se desvía a cántaro en beneficio de los mismos grupos económicos que controlan el establecimiento, dejando huérfana a la ciudadanía, sin la posibilidad de relatar y propagar masivamente su propia realidad y de tener medios independientes, alternativos, ciudadanos o comunitarios para interlocutar en su contexto, con el poder público y con las otras esferas de la sociedad, construyendo una opinión pública autónoma.
En este sentido, vale la pena proponer reformas legales y mandatos del gobierno sobre la redistribución del espectro mediático, especialmente electromagnético, y del apoyo financiero a la creación y sostenimiento de medios de comunicación territoriales, sean de formatos tradicionales o digitales, que promuevan la construcción de ciudadanía, la cultura ciudadana y la convivencia pacífica, sin desconocer las informaciones sobre las crisis sociales que acaecen en los diferentes municipios y localidades, los análisis críticos constructivos y las resoluciones civilizadas de conflictos.
Capítulo aparte y urgente debe tener el tratamiento de las emisoras comunitarias y de interés público, con un plan de salvamento significativo para mantenerse al aire.
Presencia en los Planes de Desarrollo públicos
Un Plan de Desarrollo es el documento oficial que sirve de carta de navegación de los gobiernos tanto nacional como territoriales para proveer los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas periódicamente por los gobiernos de turno y construida con un sólido soporte democrático con alta participación ciudadana y de organizaciones de base tanto gremiales como comunitarias, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión.
Entonces, si el Plan de Desarrollo es participativo mediante convocatoria pública, las organizaciones gremiales periodísticas no pueden mantenerse aisladas de esta realidad político-administrativa, solo a veces atendida por los comunicadores como fuente informativa y no como oportunidad para organizadamente incluir allí temas que afectan y pueden favorecer la gestión profesional mediática.
Por ejemplo: el tema de la solicitud de una nueva convocatoria para la adjudicación de frecuencias de radio comunitarias en municipios o localidades que no la tienen o la ampliación del espectro radioeléctrico en zonas que por su población o extensión merecen más, debe solicitarse ahora en los Diálogos Territoriales Vinculantes para el Plan de Desarrollo Nacional en construcción.
Igual, la solicitud de que se tenga en cuenta la necesidad de financiar institucionalmente con publicidad pública los medios ciudadanos, alternativos, comunitarios e independientes tanto tradicionales como digitales que existan en las diferentes regiones.
Así, para mencionar un solo alcance, el gobierno podría socializar y sensibilizar efectivamente las propuestas de Reforma Agraria y de Paz Total en todos los rincones del país, sin depender únicamente de lo que estratégicamente dispongan los medios monopólicos oligárquicos al respecto, manipulando a la opinión pública y el comportamiento social.
La colegiatura nacional de periodistas
Claro está que las reivindicaciones sociales y labores se logran mediante la movilización dialógica, la concientización colectiva y la unidad gremial, de lo contrario, decrece la dignificación individual.
Entonces, es imperativo fortalecer los procesos de organización gremial en un mundo controlado por el neoliberalismo cuya premisa principal es que “cada uno se salve como pueda”, mientras el establishment explota o depreda al desprotegido y marginado.
Así que colegiarse de una manera voluntaria, como entidad asociativa privada, para protegerse, reclamar derechos y mejorar situaciones debe ser paso inicial que permita al gremio de las comunicaciones sociales y del periodismo en Colombia emprender los caminos de un ejercicio digno de la profesión.
La misma Constitución Nacional, en su artículo 26, da la posibilidad a los profesionales de cualquier sector específico a organizarse en colegios, incluso, a recibir asignaciones de funciones públicas; respetando este procedimiento, por supuesto, el derecho a la libre asociación.
Un Colegio Nacional de Comunicadores Sociales y Periodistas, o el rótulo con la que se quiera denominar, representaría como organización confederada las inquietudes y los logros de cada uno y de todos los asociados, con fuerte presencia en las esferas del poder público, social y académico a nivel nacional, regional y local, y permitiría registrar, inscribir y acreditar a quienes ejerzan esta profesión con los componentes idóneos y éticos requeridos.
Un modelo incipiente de esta Colegiatura se ha dado en Barranquilla con la creación informal desde el año 2015 del Comité Intergremial de las Comunicaciones del Atlántico –CISCA- que agremia a los directivos seccionales del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), la Asociación Colombiana de Cronistas Deportivos (ACORD), la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER, que incluye a ACSA y Coopercom) y a la Asociación de Radio Comunitaria del Atlántico (ARCA), dinámica que tuvo réplica en Sucre y algunas intenciones en otros lugares de la Costa Caribe.
Ahora, ante la necesidad de integrar a las agremiaciones del sector, de proponer reformas de ley, de buscar respaldo del gobierno, de participar en los Planes de Desarrollo y, en síntesis, dignificar la profesión, los gremios y los periodistas independientes tienen la palabra.
