Con los primeros resultados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad empezamos a conocer la verdad judicial de la JEP. Tras años de ataques y una sistemática campaña de desprestigio, orquestada por la extrema derecha y el uribismo, en la cual se le ha acusado de ser el “tribunal especial para las Farc”, un monumento a la impunidad orientado por magistrados castrochavista o como alguna vez me dijo un uribista “un tumor maligno” en el sistema de justicia. A pesar de asas acusaciones, la JEP sigue esquivando piedras y caminando a paso firme.
Pocos han comprendido que la justicia transicional requiere de un prudente tiempo de arranque (la primera sentencia en Justicia y Paz llegó a los 4 años de su creación) y que solo podremos reconocer la verdad judicial de la JEP o validar su supuesta complacencia con la extinta guerrilla a partir de sus actuaciones procesales, autos, determinaciones y sentencias. Al menos, frente a las Farc ya nos podemos ir haciendo una idea del tono de esa verdad tras la publicación del Auto 19 del macrocaso 001 (toma rehenes y otras privaciones graves de la libertad) y con la respuesta al mismo por parte de los antiguos comandantes del extinto secretariado.
Tras leer el auto (322 páginas) y la respuesta de los comparecientes (391 páginas), me surgieron las siguientes ideas a propósito del tono de la JEP en relación con la extinta guerrilla.
Tensión entre la verdad judicial y la narrativa fariana
No hay duda de que el auto fue bastante duro con las Farc. Muy duro. Un “baldado de agua fría” para el antiguo secretariado y una suerte de “parte de tranquilidad” para quienes estaban convencidos del sesgo del tribunal a favor de la guerrilla. El auto es duro porque su argumentación no se sustenta en una interpretación socio-histórico-jurídica del alzamiento armado; no se detiene a profundizar en las consideraciones ideológicas de la denominada narrativa fariana (circunstancias históricas que motivaron su alzamiento armado y legitimaron su continuidad) y en la práctica, y no creo exagerar, reduce a la extinta guerrilla a la calificación de un mero aparato criminal.
Así va emergiendo una verdad judicial que colisiona frontalmente con la visión política de quienes comandaron la guerrilla y encontraron en el reconocimiento político a su alzamiento armado, la oportunidad histórica para negociar (desde 1983) y suscribir el acuerdo de paz (2016). De fondo, se tensiona la discusión sobre cómo entender la verdad en una etapa de posacuerdo: es la verdad judicial emanada de la JEP frente a una verdad histórica (o la propia historia de las Farc).
El tono de la JEP es duro porque no hay que olvidar que es una institución con naturaleza judicial, es decir, su función constitucional básica se reduce a impartir justicia (con un enfoque hibrido entre lo retributivo y lo restaurativo según la voluntad del compareciente) bajo un modelo transicional. A la JEP no le corresponde disertar sobre una sociología rural del conflicto armado; teorizar sobre la naturaleza de la rebelión (aunque si debería precisar su dimensión en un contexto histórico determinado) o legitimar la visión histórica que la guerrilla construyó sobre sí misma y que a la postre derivó en los ideales constitutivos de la comunidad fariana.
Quienes nos hemos acercado al proceso de reincorporación y hemos visitado las zonas de transición tenemos claro que las Farc edificaron un sentido histórico propio a partir de su alzamiento armado. Desde el mito fundacional del bombardeo a Marquetalia (1962); las enseñanzas ideológicas y prácticas de Jacobo Arenas y Manuel Marulanda (los padres fundadores); el inició de la guerra integral tras el bombardeo a Casa Verde (1990), entre otros, forman parte de esos códigos identitarios que sustentan y fundamental su visión del conflicto: es la narrativa histórica de la comunidad fariana.
Pero volviendo a la JEP, la jurisdicción no tiene la competencia de revalidar o confrontar esa narrativa al momento de impartir justicia, aunque si debería ser un elemento de contexto (entre muchos). Creo que en instancias extrajudiciales como la Comisión de la Verdad sí se podrían tramitar ese tipo de discusiones. Es más, el acuerdo de paz le otorgó a la extinta guerrilla un centro de pensamiento (financiado por cuatro años) para que consolidara su plataforma ideológica o programática. Ese Centro de Pensamiento se ha concentrado en hacerle un seguimiento a la implementación del acuerdo, pero nada más.
La JEP se debe enfocar en construir líneas de investigación con elementos diversos y siendo garantista al no concentrar su argumentación en una única fuente (como documentos de inteligencia militar); determinar responsabilidades colectivas e individuales; escuchar a las víctimas y tramitar sus inquietudes; impartir sanciones (propias, alternativas y ordinarias) y velar porque tengan el mayor componente restaurativo.
En ese proceso se puede llevar por delante los códigos identitarios de esa narrativa fariana, al menos, así se alcanza a percibir en su primer auto.
Un baldado de agua fría que generó malestar
Tras ese auto nacional se espera que en algunos meses se presente el auto regional, es decir, el que asigna responsabilidades sobre secuestros a los exmandos medios. El auto nacional solo se concentró en el antiguo secretariado, y para infortunio de las víctimas se siente la ausencia de Iván Márquez porque en la respuesta de los comparecientes no se asume una responsabilidad específica para el Bloque Noroccidental (el que operó en Antioquia, Córdoba y Chocó). Aunque claro que hay un reconocimiento colectivo de responsabilidad y constantemente se pide perdón a las víctimas, pero es evidente que con su rearme (y el de otros mandos medios relevantes) Márquez se llevó mucha verdad.
El malestar con el sentido del auto sobrevino por el lado de los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga, ambos manifestaron su inconformidad por las calificaciones jurídicas de la JEP y defendieron su antigua condición de rebeldes políticos. En una carta pública afirmaron que las Farc no era un “aparato criminal” y que ellos eran rebeldes amparados dentro del derecho a la rebelión consagrado en el Preámbulo de la Declaración Universal de los DD. HH (1948). De fondo, subyace una preocupación por la forma como la JEP percibe el conflicto armado y específicamente, el rol que durante 53 años ostentaron las Farc. Una guerrilla campesina que construyó lazos de relacionamiento social; con incidencia política y orgánica, en cientos de comunidades a lo largo del país. Desconocer esa realidad también implica echar por el suelo las causas que generaron y aún sustentan la persistencia del conflicto armado.
El malestar de los senadores también se hace presente en la respuesta de los comparecientes, en otro tono y con argumentos de derecho internacional en correspondencia a lo que fue acordado en La Habana, el antiguo secretariado le solicita un mayor equilibrio argumental a la JEP; no desnaturalizar su alzamiento armado; relativizar su historia o las motivaciones políticas que inclusive los llevaron a una mesa de negociación. La respuesta no es tan directa como la carta de los senadores, pero si presupone una invitación para que eventualmente la jurisdicción no sea tan “estrecha de miras” en sus calificaciones jurídicas. A pesar de ese malestar, hay un reconocimiento de responsabilidad y un reiterado compromiso con las víctimas. Algo que no se puede pasar por alto.
Pero la emergencia de esa verdad judicial y su colisión con la narrativa fariana, inevitablemente conlleva a que en el legado histórico de los antiguos guerreros cohabiten dos perfiles; por un lado, el pasado de un guerrillero heroico, y por el otro, el presente de un criminal de guerra y lesa humanidad. Son dos dimensiones difíciles de equilibrar así la sanción implique un resarcimiento directo a los derechos de las víctimas. ¿Cuál asumirá el futuro o la historia?
¿Y el legado histórico?
Comprendo la inquietud de los exguerrilleros por la forma como la extinta organización es presentada en el auto. Estoy seguro (tras escuchar muchas historias y construir un contacto humano en el proceso de reincorporación) que muchas personas se enlistaron en las filas de las Farc bajo una motivación eminentemente política; como respuesta al abandono o victimización del Estado. También he sido testigo de la memoria social de su presencia y la legitimidad cuasi estatal que su programa estructuró en muchos territorios. Eso sí, no puedo generalizar y hablar de toda la organización, tampoco restarle importancia las atrocidades y crímenes cometidos contra la población civil. Es claro que, ante la complejidad de una guerra tan prolongada en el tiempo, la verdad también se convierte en una víctima que se va erosionando o adquiere sentidos múltiples.
La disputa por la memoria o la construcción de una memoria específica del alzamiento fariano, si se quiere, se debe tramitar en otros espacios y bajo lógicas diferenciadas. La JEP solo arrojará una verdad judicial custodiada por una serie de sanciones restaurativas que buscarán, en mayor medida, resarcir los derechos de las víctimas. No hay que olvidar que las víctimas son el centro y su lugar en la historia es la mayor prioridad. Es por y para las víctimas que se diseñó la JEP. A los exfarc, ya sea desde el partido Comunes u otros espacios de incidencia (como el citado Centro de Pensamiento), les corresponde reconstruir su propia historia, dotar de identidad externa esa narrativa fariana que es tan desconocida para el resto país. Ni la JEP o la Comisión de la Verdad lo harán y tampoco forma parte de su mandato.
Cuestiones finales: sistematicidad y rol de los desertores
Otra inquietud que me genera la lectura del auto y la respuesta de los comparecientes, es lo relativo a la sistematicidad. El secuestro que, si fue sistemático y hasta por primera vez tenemos una descripción detallada de las “pescas milagrosas”, derivó en otros crímenes como tortura o violencia sexual. ¿Hasta dónde esas derivaciones pueden ser consideradas sistemáticas?, ¿La sistematicidad se entiende desde la perspectiva de las Farc (los secuestros fueron una política a partir de su VIII Conferencia) o cuales son los elementos que la configuran? Resulta importante responder esas preguntar para tener mayor claridad de cómo será abordada la sistematicidad en los macrocasos sobre reclutamiento o violencia de género.
Asimismo, también me genera algo de inquietud el papel que los llamados “desertores” (quienes abandonaron la guerrilla en medio del conflicto) tendrán en la Jurisdicción, pues sus versiones, algunas motivadas por estímulos o beneficios al amparo de la efectividad en algunas operaciones militares de la seguridad democrática, habría que recibirlas con cierto margen de sospecha o reserva. Tampoco entiendo por qué algunos han saltado de Justicia y Paz a la JEP cuando ya habían renunciado al alzamiento armado y se habían acogido a otra jurisdicción (más garantista para las víctimas en casos de crímenes no representativo). ¿Cuál será su papel en este momento de reconstrucción de la verdad judicial cuando desertaron y de paso resintieron de las Farc?
Discusiones necesarias
Este texto y otros que he venido publicando sobre los retos y posibilidades de la JEP se enmarcan en un conjunto de observaciones y análisis personales. En ningún momento comprometen a una institución, compareciente o investigador. Tan solo son aportes, mínimos y poco trascendentes, para una discusión necesaria. Considero que ad portas de conocer la primera resolución de conclusiones e iniciar con las sanciones propias (tema sobre el cual tengo gran interés), resulta de suma importancia propiciar espacios de pedagogía e información. Al acuerdo de paz le ha faltado mucha pedagogía y eso ha sido óbice para que se promueva el odio o las mentiras.
Así que invito a asumir con tranquilidad y respeto estas discusiones. También es un compromiso con la reconciliación y el sentido compartido que implica la construcción de paz territorial.
