Pareciera que hubiera un acuerdo entre los aspirantes a la presidencia, sean de centro, derecha o izquierda: para tener alguna posibilidad de éxito en el debate electoral, hay que darle duro a Santos y, por esa vía, al proceso de paz o a alguna de sus vertientes. Puede ser la JEP, la participación en política de parte de las Farc, cualquiera… Por razones obvias, las excepciones son Humberto de la Calle, Clara López y, quizás, Fajardo. De resto, los precandidatos operan bajo el supuesto de que cualquier concesión de mérito al actual presidente genera pérdidas en el balance electoral.
Tal línea no es criticable si se trata de representantes de movimientos opuestos, desde el comienzo, a las negociaciones. No habrá, para ellos, acuerdo aceptable, independiente de que no se hayan cumplido sus negros augurios, como el que las armas no se iban a entregar. La armazón de pancartas de campaña en ese lado del espectro político es fácil y predecible: la entrega del país al castrochavismo y todas las arandelas derivadas posibles.
Están también aquellos que, después de ser, por años, parte del gobierno Santos, beneficiarios de la mermelada pública, se desmarcan ahora para disputarle espacios al Centro Democrático llenos, sin duda, de millones de adeptos, simpatizantes del autoritarismo. Y que, de paso, sabotean el trámite legislativo necesario para que el acuerdo se ponga en marcha.
El lío es más complicado cuando se trata de aspirantes que, se esperaría, son críticos de la línea guerrerista de siempre. Para diferenciarse del gobierno actual, al acabar con Santos sin condiciones, le dan un puntapié al proceso de paz.
La complejidad es mayor si se entiende que, por otra parte, los colombianos están hastiados de corrupción. Y que los gobiernos recientes, incluido el de Santos, han estado salpicados. Nada que hacer, las campañas de Zuluaga y Santos en el 2014, por ejemplo, no se librarán del fantasma Odebrecht. Los socios de coalición, Ñoños y otras yerbas, los del cartel de la toga y el facilitador anticorrupción, feriando engavetamientos de procesos por paramilitarismo, son expresión de una corrupción multipartido y multigobierno. El agotamiento frente a la corrupción es tal que todos los candidatos, incluidos los más afines a las prácticas de robo a los recursos públicos, cuentan con plataformas anticorrupción en su mercadeo político.
Los socios de coalición, Ñoños y otras yerbas, los del cartel de la toga
y el facilitador anticorrupción, feriando engavetamientos de procesos
son expresión de una corrupción multipartido y multigobierno
Santos la tiene muy difícil por las anteriores y otras razones. Los asesinatos de decenas de líderes sociales en Guaviare, Tumaco o Cauca, la débil presencia del estado en las zonas duras, el auge de los grupos armados que sustituyen a los antiguos paramilitares y a las Farc en las zonas de cultivo, laboratorios y salida de cocaína, la pobre sustitución de cultivos y el aumento del área cultivada de coca, solo para mencionar algunos.
Sin embargo, lo que no se puede olvidar es que la tasa de homicidios atribuible al conflicto se redujo en Colombia desde que se suspendió el uso de las armas. Si, según la ONU, se contabilizaron más de ocho mil armas entregadas, se incineraron más de 1.3 millones de cartuchos, si se han desmantelado dos terceras partes de las más de 800 caletas reportadas y, si se desmovilizaron cerca de 7000 guerrilleros, estamos hablando, sencillamente, de miles de vidas salvadas. Y, aunque cueste aceptarlo, hay más colombianos con vida gracias a un enorme esfuerzo que condujo a la desmovilización de las Farc, liderado por Santos. En una nación civilizada, se trataría de un argumento poderoso.
Finalmente: por supuesto, hay que ser muy crítico de Santos. No obstante, en lo que respecta al proceso de paz, la línea de los candidatos que realmente la desean no es debería ser la de patearlo. Rescaten el hecho que se han salvado miles de vidas. Hagan propuestas, pedagogía. Discutan una política antidrogas que, en lo básico sigue siendo la misma en Washington, con los desastrosos resultados de siempre, gracias a la miopía mil veces ilustrada: la demanda de los adictos (800 toneladas métricas de cocaína) necesita de un producto que requiere de 200 000 hectáreas, no importa si están localizadas en Colombia, Perú o Ecuador y que tal política sigue siendo un obstáculo a la sustitución de cultivos.
Hagan planes para el desarrollo sostenible y no contribuyan, por cálculo electoral, a acabar de tirarse el proceso de paz.
