"No se vive de la política, se vive para la política, no tiene ningún sentido el enriquecimiento, es de sentirse feliz con la gente" —Pepe Mujica, político uruguayo.
La Constitución de 1991 en la República de Colombia abrió la puerta a la pluralidad democrática para una participación sana en el ejercicio de la política en los territorios. A pesar de la ola de muerte y sangre que sufrió nuestro país por pensar diferente, es claro que la apertura política se ha masificado.
Lastimosamente, los que estructuran, hacen y creen en el ámbito público como eje para la transformación social de los territorios tienen que ver cómo personajes sin la determinación real se hacen con los puestos de la administración pública, simplemente con el vil objetivo del lucro político, del clientelismo y la corrupción.
Puede que para muchos la política sea un pasatiempo, una forma fácil de tener acceso al arca de lo público, pero la realidad es que los territorios poco a poco se están quedando sin candidatos que den la talla para hacerse con las problemáticas de los municipios. La administración pública y los cargos de elección popular merecen personas que estén preparadas para los cargos a los que aspiran.
También hay que reconocer que, dentro de toda esta pluralidad de personas y partidos, existen personas que le están apostando a hacer de la política un ejercicio transparente, creíble y, sobre todo, honesto. Todo esto se debe al descontento generalizado que existe en la ciudadanía, que ve cómo los pupilos de los mismos con las mismas quieren hacerse con el poder cada elección popular.
Por ende, es muy importante que todos aquellos activistas honestos, de líneas ciudadanas, sigan en el ejercicio político y demostrándole a las personas en los territorios la importancia de votar y elegir bien. Asimismo, no es solamente dejar que las elecciones lleven su curso, es solicitarle a los candidatos sus propuestas, su visión de ciudad y, sobre todo, sus posturas políticas sobre lo público.
Para todos aquellos que hacen de la política un juego, una maña y, sobre todo, un desprestigio, debe existir la sanción social. No se puede aceptar que los corruptos sigan quedándose con la administración, que los inexpertos sigan aprendiendo con los puestos de elección popular. No se puede seguir enviando un mensaje negativo a la población civil, que no cree y parece nunca creer en los políticos y las instituciones públicas del Estado.