No es fácil avanzar en la transformación de las instituciones del Estado uribista heredado; la resistencia es descomunal y la oposición es densa, llena de maledicencia, trampas y falsas verdades.
La gestión del presidente Gustavo Petro avanza en un mar tormentoso, cargado de tensiones, disputas y choques con los núcleos más retrógrados de la sociedad: son las roscas políticas, empresariales, bancarias, hacendarias, militares e internacionales que han disfrutado de privilegios y ventajas de todo orden a lo largo de los últimos 200 años.
Lidiar con la oligarquía colombiana no es cosa fácil; se requiere mucha destreza, olfato e inteligencia para sostenerse en ese empeño y evitar el golpe artero y destructor; que es lo que ocurre hoy con el Fiscal general, Francisco Barbosa, endoso del uribismo salido de las escuelas mas oscurantistas del derecho y las disciplinas jurídicas.
Barbosa está al frente de una campaña torticera para sabotear la “Paz total del gobierno” del Pacto Histórico, mediante maniobras que impidan el tramite de la Ley de sometimiento y desmantelamiento de las bandas criminales, y lleven a la suspensión del Cese bilateral del juego con los grupos guerrilleros y una banda de paramilitares localizada en la Sierra Nevada de Santa Marta (los Pachencas), que se ordenó desde la presidencia de la república, el 31 de diciembre del 2022, con fines claramente humanitarios para aliviar las condiciones de muchas comunidades en zonas de guerra y confrontación armada cotidiana.
El presidente Gustavo Petro ha mostrado talento y sagacidad para sortear todos estos obstáculos construyendo alianzas y acuerdos políticos que le permiten avanzar con mucha certeza en su liderazgo transformador incrustado en la transición política que avanza.
Paso a paso, el jefe del gobierno ha ido reorganizando la institucionalidad central con resultados tangibles como es el caso del Departamento para la Prosperidad Social DPS que es la entidad encargada de los temas sociales del Estado.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DAPS), creado con la ley 1448 del 2011 para atender a las víctimas del conflicto armado, a partir de los modelos sociales de la Socialdemocracia británica para atender la pobreza en Inglaterra, es la entidad del gobierno central que dirige el denominado Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación con varias ramas y organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Centro de Memoria Histórica.
En los últimos 12 años esta entidad ha tenido el encargo de atender las víctimas de la violencia, entre quienes se incluyen familias campesinas, indígenas y afros; sin embargo, tal organismo ha sido objeto de acciones de corrupción y despojo de sus billonarios recursos presupuestales, especialmente por parte de mafias que se festinaron los 12 programas de atención a la población víctima más vulnerable.
Una red criminal de Operadores y contratistas de la cuerda de políticos secuestraron programas centrales como Familias en su Tierra/FEST, Iraca, Familias en Acción y otros que fueron saqueados con la complicidad de la burocracia del DPS, la Contraloría y otras entidades de control responsables de vigilar el buen uso de los dineros apropiados para dichos programas.
Miles de familias -casi 100 mil- fueron engañadas y estafadas por Operadores delincuenciales que desde el 2018 hemos denunciado con las redes de Veedurias ciudadanas sin que se hubiesen tenido en cuenta, por parte de los directivos del DPS, las irregularidades detectadas, pero si hostilizados y amenazados de manera permanente.
Con el nuevo gobierno del Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro las cosas han empezado a cambiar en el DPS. El nombramiento de la abogada Cielo Rusinque como directora del DPS, -una destacada líder social ligada al Pacto Histórico-, fue un gran acierto, con quien desde el primer día de su gestión el cambio ha dado sus pasos en dicha institución de la mano de otros profesionales comprometidos como Carlos Chinchilla y Javier Mora; aunque con el bache del escándalo del nuevo Secretario General Jonathan Ramírez, que fue detectado en componendas con un Operador infiltrado para quedarse con un jugoso contrato de Familias en su Tierra cercano a los 50 mil millones de pesos. Ese es un lunar que aun genera malestar e incertidumbres.
Desde noviembre del año anterior hemos logrado avanzar -no con la celeridad que se requiere- en la caracterización de las redes de corrupción y sus Operadores que han esquilmado miles de millones de pesos para que sean investigados y judicializados por la Fiscalía -aunque con este Fiscal Barbosa eso esta por verse-, y para que los procesos de vinculación de nuevos Operadores, se haga en términos de transparencia y honestidad, en favor de las víctimas de la violencia.
Igualmente, en la actualización de los mapas de riesgos de corrupción, en las Rendiciones de cuentas y en el replanteamiento de las estrategias de participación ciudadana que han sido completamente retóricas, formales e ineficaces hasta el momento porque las comunidades y familias son manipuladas y coaccionadas por los Operadores para que guarden silencio o se limiten a dar el visto bueno de los agentes del despojo politiquero.
Lo que se espera es que con las nuevas responsabilidades asignadas al DPS en el Plan nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, el nuevo DPS avance con mucha transparencia, eficiencia y eficacia en su ejecución como en el caso de la Renta ciudadana que se determina en el artículo 52 del Plan, que ordena que:
“a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, créese el programa de renta ciudadana, el cual armonizará los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS-. La Renta Ciudadana estará a cargo del DPS, hará parte del Sistema de Transferencias y consistirá en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y promover la movilidad social. Los recursos para la ejecución de este programa deberán estar de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.
“La focalización, montos, criterios de ingreso y permanencia serán puestos en consideración de la Mesa de Equidad o quien haga sus veces.
“El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS- contará hasta el 31 de diciembre de 2023 para definir, reglamentar, e implementar la armonización de los programas de transferencias monetarias existentes. Los beneficiarios de los programas actuales continuarán recibiendo los beneficios durante este proceso”
De igual manera se crea “la transferencia en especie “hambre cero” que hará parte del Sistema de Transferencias, la cual estará a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que consiste en la entrega de recursos en especie para garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, con enfoque de derechos, soberanía alimentaria, participación de las economías popular y comunitarias, y la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Los recursos para la ejecución de esta transferencia deberán estar de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social reglamentará su operación y funcionamiento”.
Ojalá las directivas del DPS avancen rápidamente en la transición hacia estas nuevas competencias en términos de manos limpias, especialmente en el manejo de las bases de datos del Sisbén contaminadas por el uribismo con funcionarios del Ministerio de la Defensa, beneficiarios de abultados sueldos y pensiones, y aun así son favorecidos con los subsidios monetarios que transfiere el DPS.
Por supuesto, todo va a depender de la efectividad de la participación ciudadana y del eficaz control social de las auditorias sociales y Veedurías que esperan tener todas las garantías del gobierno que fue elegido por los sectores populares en los comicios presidenciales de junio del 2022.
Confiamos en que así sea.
