La normativa tributaria le abrió el camino a los poderosos para que reivindiquen sus faltas diciendo la verdad, informando, poniéndose al día con lo adeudado y pactando un acuerdo que nunca los va llevar a la ruina. Digamos que hasta ahí está bien. Como contribuyentes puede ser una forma sana de arreglo. Como contribuyentes, no como criminales.
Ninguno de los relacionados en la lista va a hablar de lo que vienen untados los muy mentados Papeles de Panamá, por qué lo que este informe mediático traduce, es la genética de una sociedad permeada desde hace décadas por el narcotráfico y la corrupción. Una sociedad que edificó los senderos por los que caminan los efectos económicos de estos dos fenómenos, penalizados en varios apartes del código penal, específicamente tenidos en cuenta por los delitos de Lavado de Activos el Enriquecimiento Ilícito.
La Fiscalía General de la Nación, si acata la norma y cumple su deber, debe abrir investigación penal a cada persona reseñada en cada hoja de cada uno de los folios, de los que ya se dieron a conocer y de los que se vienen venir (Hay varias firmas comprometidas a las que ya les están procesando la información, no solo en Panamá, sino también en otros paraísos fiscales como Islas Vírgenes, Islas Caimán, Aruba y Barbados). Ninguno de estos ciudadanos colombianos es culpable, pero todos son sospechosos.
El Lavado de Activos, en cristiano y para lo que nos ocupa, condena a quien esconda o ayude a esconder plata, o cualquier tipo de activo, cuyo origen sea ilícito. Es decir, aquí no solo cabe el lava perros del narcotraficante que le organiza la llevada de los dólares en talego. Está también el floricultor de grandes abolengos, que le recibe la bolsa al secuestrador o al comandante de la Bacrim dueño de la mina ilegal y que la guarda en la tapicería del mueble Luis XV que tiene en la casa de su mamá, para írsela inyectando de a puchitos a su empresa. Este reconocido comerciante, se gana una comisión inmensa por trasladarle a la cuenta del mafioso en uno de esos Bancos Panameños que reciben esas divisas con los ojos tapados, el producido de las flores que importa y que mensualmente le pagan los holandeses.
Hay otros que trabajan al revés. Con la plata que le ponen afuera los delincuentes fondean su tren de vida entre el Country Club, Peñalisa y Europa, y mientras que aquí está quebrado el empresario, pues todas las ganancias de su empresa van limpiesitas para el traqueto a través de entidades fachada, que reciben la plata como contratistas de servicios que jamás han existido, allá en Panamá tiene varias cuentas y de cada una tiene una tarjeta debito, siendo su trabajo aquí en Colombia extenuante y agotador: todos los días, este prístino industrial habrá de introducir en varios cajeros automáticos, las diferentes tarjetas de cada cuenta, para sacar el monto máximo permitido y así muy probablemente le va tocar seguir trabajando hasta viejo, y ni toda una vida de esfuerzos bastará para desocupar el guardado de muchos millones de dólares que tiene afuera.
Ahora hablemos del Enriquecimiento Ilícito. Este delito no da espacio a tantas hipótesis. Está referido al incremento patrimonial injustificado, es decir aquel del que no se sabe de donde vino. La fauna de criminales que lo ejecuta se encuentra en cada esquina: Desde el Personero y el Concejal hasta el Presidente, y desde el Cabo, el Sargento y el Teniente hasta el General. Entonces, sencillo, el Magistrado dice, gíreme a mi cuenta en Panamá que yo aquí le saco el fallo bien pispito; y allá va a parar también el billete para Alcalde, para el Superintendente y para el Ministro cuando adjudican.
Hay otras hipótesis, nadie lo niega, aquellas que no entrañan ningún delito, como las empresas que tienen que recibir divisas en el exterior y las monetizan a través del banco de la republica. Y como en Colombia los únicos que tienen plata para evadir son los ricos, pues obvio, aquí evadir jamás será delinquir. Entonces saquemos del envaine al empresario que vendió la fabrica y que se la pagaron por fuera, al presidente de la multinacional que le pagaban aquí lo que le pagan a la que sirve los tintos y allá en Panamá, el resto, o incluso al ganadero que no podía tener ni tanta tierra ni tanta plata a su nombre, por que iban y le echaban el ojo. Esos con “normalizar” ante la Dian quedan como el Divino Niño.
Ahora, lo que nadie se ha puesto a pensar es cómo podemos saber quién es quien. Quién le esconde la plata al mafioso. Quién recibe la tajada del contrato por fuera o simplemente, quién es el evasor que mandó la plata para Panamá utilizando este país como caleta para esconderle dinero bien habido a la dirección de impuestos.
La única forma es sospechar de todos.
A todos habrá que abrirles una investigación penal, pues esta es la única forma de saber cuanta plata tiene cada uno en cada una de esas cuentas. Sin investigación la Fiscalía no tiene como pedirle a los bancos panameños los montos y sin esos montos es imposible saber si hay incremento. Esto en cuanto al Enriquecimiento Ilícito, del cual la investigación puede terminar en una imputación por lavado de activos, de encontrarse evidencia respecto de la ilicitud de los recursos.
Ahora, ¿La ley y la Constitución lo permiten? No me quedé solamente con mi opinión. David Telequi, también penalista, opina que no existe ningún tipo de impedimento para que la fiscalía abra procesos penales con el solo conocimiento de la lista, “lo importante es que a la hora de imputar cargos, haya una inferencia razonable de autoría o de participación”.
Contextualizo: Para que se abra una investigación penal en contra de alguien debe existir una “Noticia Criminal”, que es el conocimiento que llega a tener la fiscalía respecto de la probable comisión de un delito. Inicia la investigación y dentro de las pesquisas, la fiscalía recolecta evidencias, documentos, recibe entrevistas e interrogatorios, y si todas estas pruebas hacen inferir la comisión de un delito de forma razonable, es decir sin prejuicios personales, como cualquier otra persona hubiera razonado, el fiscal imputa, es decir frente a un juez le dice al indiciado como, cuando y porqué, cree que debe ser perseguido penalmente por el Estado. Ya después del juicio oral, un juez, con un conocimiento más allá de toda duda, profiere la condena, y todos esos que estuvieron en los Papeles de Panamá y no pudieron justificar el guardado ni decir de donde venía, pues como debe ser, terminarán encanados.
¿Respecto del procedimiento en sí, se estarían trasgrediendo garantías procesales, de iniciarse investigaciones penales en contra de los implicados? Juan Trujillo Cabrera, abogado consagrado al estudio del derecho penal y probatorio, autor del libro La Carga Dinámica de la Prueba, en el que analiza de forma precisa el tipo penal del Enriquecimiento Ilícito, considera que siendo este delito el llamado a ser el objeto de la investigación en este caso de Panamá, la Fiscalía no requeriría de mayor información que la noticia criminal mediática, el hecho notorio de que dicho país es un paraíso fiscal y que en un sinnúmero de ocasiones en el pasado ha servido para encausar dineros producto ilicitudes en su sistema financiero, para abrir investigaciones de oficio en contra de los mencionados en esta lista.
Según el jurista, la razón está en que la dinámica probatoria en el delito del Enriquecimiento Ilícito se invierte. Traduzco: Normalmente el Estado, representado por la Fiscalía, es el que debe probar que alguien es un criminal. En el delito del Enriquecimiento Ilícito, quien está siendo investigado es el que debe probarle al estado que no lo es. Es decir, el procesado es el que debe demostrar que el incremento patrimonial es justificado, soportando con evidencias cómo, cuando, por qué y de donde lo obtuvo.
Esto facultaría a la Fiscalía para abrir los procesos penales, sin mayores indicios que la noticia y la lista Panameña, pues deberán ser los particulares quienes durante la investigación penal, justifiquen los montos que han circulado por sus cuentas.
Un Fiscal amigo al confrontarlo con esta tesis me dio su visión desde el punto de vista práctico, en el sentido de que esta labor requeriría de la colaboración intensa de la ciudadanía. Colombia debe entender que allá en Panamá hay un par de tajadas bien gruesas de todo lo que se han robado los corruptos y de la plata que el narcotráfico ha lavado a través de la complicidad de algunos miembros de la clase política y empresarial del país.
Recordemos que estos delitos, el Lavado y el Enriquecimiento, están revestidos de una naturaleza técnica cuya complejidad involucra a una gran cantidad de personas. Coautores son los abogados expertos en derecho comercial y financiero, que edifican todas estas figuras corporativas, constituyéndose en el principal contacto con los bufetes Panameños que por una tarifa de entre 5 mil y 10 mil dólares al año, constituyen esas sociedades zombies que existen pero que no viven, que caminan sobre la economía mundial y que ahora los tienen muertos del susto a todos. Los contadores y abogados tributaristas que les enseñan a los clientes a peluquiar los balances, a traer, a poner y a sacar, como el mago que de un sombrero hace aparecer el conejo. Los gerentes de las sociedades, los miembros de las juntas directivas que dirigen las operaciones, los accionistas de las empresas involucradas aquí en Colombia que le sirven de tapadera a la mafia, al paramilitarismo, a las Bacrim, a la minería ilegal, a las mafias aduaneras y portuarias, todos ellos están involucrados.
Entonces, ¿Quiénes deben ayudarle a la Fiscalía con la información? Pues los que saben, y ahí radica el problema, que los que sepan quieran denunciarlo, por ejemplo, los gastos suntuarios son un indicio muy importante, y como hablamos de la clase empresarial, ¿quien nos puede dar esa información?, Se me ocurre: los Clubes sociales. Los Clubes, que son fundaciones o corporaciones que supuestamente cumplen una función social, deberían cotejar sus bases de datos con el listado y enviar a la fiscalía los consumos de quienes allí aparezcan. Y si por ejemplo el Superintendente de Industria y Comercio que figura en la lista, tiene un sueldo de 10 millones y la mitad se lo gasta haciéndose mascarillas en el salón de belleza del Club, y además sabemos que tiene un guardado en Panamá, pues habrá que abrirle investigación, pedirle al Banco Panameño la información de cuanto es el guardado y llamar a ese Superintendente a que lo justifique, y vincular a todos esos abogados, contadores y asesores que le colaboraron. ¿Será que los millonarios van a ser capaces de levantar la cobija que todos los cubre? Conozco el caso en un club social de un socio que se dedicó a indagar sobre la corrupción dentro de la junta directiva y por ese solo hecho, están que lo echan.
Conociendo a mi gente, vamos a demorarnos mucho en saber la verdad de lo que ha venido pasando en Panamá, si la clase alta de este país no se concientiza de la vitalidad de esta información. Si su sensibilidad no le permite entender que allá están enterradas las escuelas que no se han hecho, los almuerzos de los niños, las vacunas, las carretas, los puentes que conectan poblaciones alejadas y que por eso tiene el deber social de colaborar y denunciar. Los ricos, muchos de los cuales tienen amigos y familiares en esa lista, son los únicos que pueden tener información sobre todos los torcidos que se hicieron a la orilla del canal.
