El 8 de junio de 2018, la justicia estadounidense remitió a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, una declaración juramentada por el fiscal Jason Richman y por un agente de la DEA, en la que indican que tienen pruebas de que el guerrillero de las Farc siguió delinquiendo después de la firma del acuerdo de paz.
Las declaraciones, que en otros procesos han sido material suficiente para que la Corte Suprema decidiera extraditar a criminales, llegaron a la JEP y sus magistrados decidieron que no eran suficientes las pruebas, por lo que, a través de una carta rogatoria emitida el 23 de octubre, solicitaron a Estados Unidos las pruebas contra Santrich para determinar las fechas exactas de la comisión de los delitos. La carta rogatoria la envió el Ministerio el 10 de diciembre a través de la red postal 4-72 y desde esa fecha se “embolató” en Panamá y solo se dieron cuenta de semejante error la semana pasada.
Y aquí fue precisamente donde el gobierno le dio “papaya” a la JEP, pues le dio argumentos para decir que no extraditan a Santrich por la falta de diligencia del Ejecutivo. Si bien se debe abrir el debate de por qué el ministerio no utiliza otros canales diplomáticos, ya sea virtuales o a la misma Embajada en Washington, y sobre la eficiencia de la red 4-72, no se debe perder de vista que es la JEP la que ha estado dilatando el proceso de extradición de Santrich.
Desde su captura, la JEP se ha encargado de poner un manto de duda frente a las pruebas que aportó la justicia estadounidense en contra de Jesús Santrich. El asunto no solo es la extradición o no de un guerrillero de las Farc, sino que va más allá, dado que está en juego el mensaje de impunidad que envía la Jurisdicción Especial. Si utilizan este error para finalmente decidir que no extraditan a Santrich, la JEP nos estaría dando la razón a quienes, desde la negociación en La Habana, advertimos que estábamos frente a una justicia a la medida de las Farc.
Nunca, en casos de extradición, la justicia norteamericana ha revelado todo el material probatorio antes del juicio. La sola petición de extradición ha sido suficiente para que la Corte Suprema decidiera si enviaba o no al sindicado, ya que de por medio está la confianza y la cooperación con la justicia americana. Que la JEP pida todas las pruebas constituye una extralimitación, puesto que a ella solo le compete determinar la fecha en que se cometieron los delitos y ya Estados Unidos, mediante una declaración juramentada, estableció que fue después de la firma de los acuerdos.
El mensaje que se está enviando es peligroso: los criminales tienen permiso de delinquir, ya que cuentan con la complicidad de una justicia que los protege. ¿Qué pasará entonces con otros delincuentes de las Farc como Iván Márquez, El Paisa y Romaña, que al parecer huyeron por las declaraciones del sobrino de Márquez en EE. UU.? Si la JEP decide no extraditar a Santrich, estaremos ante la confirmación de todo lo advertido: es una justicia cómplice de las Farc.
