Si Paloma Valencia hubiese aprovechado sus clases de colegio, más exactamente la clase de Ciencias Naturales, quizás sabría, como lo sabemos quienes pisamos las aulas y de vez en cuando el campo, que existe un tipo de semillas frecuente cuyas pelusas o púas se adhieren a la ropa. El lugar más frecuente al que se fijan es a las botas de los pantalones de los caminantes, quienes cuando vuelven de su ronda deben desprenderlos de manera paciente de los tejidos y en algunos casos de la pelusa moteada de los perros que acompañan el paseo. Las llaman “cadillos”, y algunas tienen la forma del persistente virus. El profesor de biología enseña que esa es la manera de viajar de las semillas de algunas plantas. Es su manera de colonizar nuevas tierras, de reproducirse y de prolongar su especie. Lo increíble de esta experiencia es que algunas veces damos el paseo de manera desprevenida y no nos damos cuenta que se nos “prendió” algo. Es fortuito. Un azar igual a lo aleatorio que puede llegar a ser el contagio de un virus como el COVID-19.
Si la politóloga María Fernanda Cabal hubiese pisado las aulas con el fin de nutrir su conocimiento y aplicarlo a su labor senatorial, tal vez habría aprendido en la fundamental clase de Historia Universal que, durante la conquista española a los territorios americanos, un virus que ya había asolado Eurasia por siglos devastó las poblaciones nativas cuyos organismos carecían de defensas (no autodefensas) en razón a que los europeos sí tenían en sus cuerpos la memoria genética requerida para no morir en medio de la fiebre y las pústulas de la peligrosa viruela. Incas, aztecas, mapuches, chibchas… todos la padecieron. Sus poblaciones fueron diezmadas. Quizá esa sea la razón de que nuestros pueblos indígenas del Amazonas hayan entrado en la fatal estadística del virus y que algunas tribus, como los nukak hayan decidido aislarse voluntariamente en la selva nuevamente.
Es triste ver la polarización, el odio sostenido, el señalamiento abierto de las senadoras del partido de gobierno que acompañadas de otros senadores como Edward Rodríguez o Alejandro Corrales y de periodistas como Herbin Hoyos, o el Clan Vélez, ya sea porque les da réditos políticos o vulgar rating, establezcan, sostengan y mantengan un confrontamiento inútil con un gremio que desconocen completamente. Un gremio que seguirá existiendo por siglos, como existen desde siglos los gremios de comerciantes e industriales de Bélgica.
Y es que justo cuando se empieza a generar una apertura gradual de las actividades comerciales e industriales con las que el país (porque lo requiere el país, no el partido de gobierno) comience a retomar un ritmo que le ayude a mitigar sus números en rojo, las senadoras fustigan de manera inútil al sindicato de maestros Fecode lanzando la salvadora idea de que el gobierno otorgue bonos a los niños y sus familias para que en el ejercicio de lo que denominan “libre mercado” los padres opten por matricular a sus hijos en colegios privados.
De entrada, el término usado es insultante, pero también revela el concepto que se tiene desde la bancada de gobierno de lo que debería ser la educación. Para un maestro la educación es un derecho. Para ellas es una mercancía. Ahora bien, se pregunta uno de dónde va a sacar plata el gobierno para dichos bonos si ni siquiera tuvo para los microempresarios. Pero no le restemos alcances a la idea. Quizás sea buena. En realidad, uno de los tantos sueños de la mayoría de los colombianos es matricular a sus hijos en un colegio privado. El problema no radica allí. El problema radica en que para que eso suceda dichos colombianos deberían alcanzar al menos el estrato cuatro, es decir, devengar buenos sueldos, tener seguridad social, pero sobre todo que no sufran de inestabilidad laboral. La misma que ha llevado durante la pandemia a que muchos padres hayan retirado a sus hijos del colegio privado para aumentar la matrícula en el sector de la educación pública. A esto hay que agregar que muy pocos colegios del sector privado se han arriesgado a terminar el año en la presencialidad. Ellos, al igual que los directivos de los colegios públicos, hicieron encuestas entre los acudientes y el resultado fue un rotundo no.
Si la senadora Valencia ya opinó y pecó por ignorancia, quizá sea hora de que se reivindique y se disponga a estudiar mejor y más a fondo la realidad de la educación del país. Es importante que pasee por las aulas de nuevo. Que se dé cuenta de la estrechez física que propicia que se hacinen nuestros estudiantes, de la falta de un currículo integrado y no disgregado como lo propone el senador Rodríguez, pero sobre todo del gran sacrificio humano que están haciendo los maestros de este país de los colegios públicos y privados, a quienes se les ha duplicado el trabajo, y cuyo mayor anhelo es volver a las aulas y a la presencialidad.
En vez de provocar incendios, ayuden a apagar el de la falta de conectividad de los alumnos que dificulta su continuidad en el sistema escolar. ¿Bonos? Algunos docentes han hecho bingos, colectas de mercado e incluso han dado de su bolsillo para que los estudiantes tengan una elemental sim card con datos con la que pueden enviar sus trabajos por correo electrónico o vía WhatsApp. ¿Bonos? ¡Cómprenles una sim card con datos! Háblenle al oído a la ministra de comunicaciones y cuéntenles la tragedia de conectividad de los estudiantes. Ya se hacía extraño que renunciara la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, en abril de este año en pleno inicio de la pandemia. Una tormenta que no quiso afrontar y que la ministra Abudinen no ha sabido capear.
Como parte de la reflexión pedagógica de este texto y ya habiéndoles “soplado” una primera respuesta procedo a resolver sus dudas acerca de otros interrogantes, prejuicios y desconocimientos de su parte.
1. “Todos los maestros que laboran en el sector público son comunistas”. Si bien no hay datos acerca de la afiliación de dichos docentes a tal corriente ideológica dudo que todos pertenezcan a tal partido. Si bien una buena parte opta por votar por movimientos de izquierda, también hay docentes que votan por partidos como el Conservador, Cambio Radical y aún el Centro Democrático (puedo testimoniarlo con nombres propios). Agrego que la tendencia política últimamente de cara a la polarización en la docencia y en muchos sectores del país es buscar segmentos de centro como el partido verde. Es decir, la respuesta a dicha presunción es: falso.
2. “Los docentes del sector público ostentan un sueldo promedio de cuatro millones de pesos”. Si se hace un promedio ponderado de sueldos aún con los últimos aumentos alcanzados en esa materia el estudio arrojaría promedios de dos millones trescientos mil pesos para un docente con títulos de Especialización y Maestría. La respuesta: falso.
3. El ejercicio de la docencia en la educación privada es más fácil que en la educación pública. Sí lo es en tanto los estudiantes del colegio privado ostentan recursos de los que los otros carecen lo que entorpece su aprendizaje aumentando el esfuerzo del docente. No lo es si se tiene en cuenta que sus contratos son anuales (en algunos casos son contratos de diez meses) y no tienen la estabilidad laboral que se da en los nombramientos de la Educación pública. Agrego que el 95% de los docentes que están en la educación pública pasaron antes por la educación privada. Respuesta: ni falso ni verdadero. Relativo, diría Einstein.
4. “Los docentes del sector público no son evaluados”. Lo dijo el senador por el CD Alejandro Corrales en una plenaria. El senador ignoraba que ya existe una evaluación docente de la mano de una institución tan respetable como lo es el Icfes para los maestros pertenecientes al decreto 1278, hoy una gran mayoría. No es así para los ya escasos docentes del decreto 2277. Falso en tanto la mayoría remanente es del 1278.
5. “Los docentes de la educación pública adoctrinaban y reclutaban niños y adolescentes para la guerrilla de las Farc”. Quien afirma eso, más allá de algún testimonio muy específico, debe denunciar a dichos profesores con nombre propio, pero sobre todo aportar pruebas al caso, a todas luces condenable. Como se generaliza en la premisa y no se particularizan casos la conclusión es que 350.000 docentes (De los cuales unas 240.000 son mujeres, muchas madres cabeza de hogar) han reclutado y adoctrinado niños para dicha guerrilla. Por antonomasia y solo por haber generalizado la respuesta es: Falso. También cabría una demanda por injuria y calumnia.
Como colofón a esta reflexión, es importante resaltar la labor de la activista colombiana de la costa atlántica Mayerlín Vergara Pérez, de la Fundación Renacer, reconocida este año con el Premio Nansen, máxima distinción de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que le hace el reconocimiento por su compromiso en la lucha contra la explotación sexual infantil, aún a riesgo de su propia vida. Para conocimiento de las senadoras, la activista es profesora.
En conclusión. No es adecuado generalizar. No todos los profesores son comunistas, no todos los policías violan los derechos humanos, no todos los políticos son ladrones, no todos los padres de familia quieren que sus hijos vuelvan a la educación presencial, no todos los colegios (públicos y privados) están dispuestos a arriesgar a sus niños que quizás como dice la “importante y necesaria senadora” al ser “adiestrados por Fecode” pueden “exponerse por su edad, inmunidad e importancia para Colombia al COVID-19”. Ante dichos enunciados, es urgente exhortar a que Paloma y algunos otros dirigentes y periodistas del Centro Democrático vuelvan a las aulas, así sea de visita.
