Palmira (Valle), la otrora plaza roja de este país y extinta capital agrícola de Colombia, es sin duda alguna una pequeña república independiente, que "extrañamente" viene escapando al control del ordenamiento jurídico colombiano y de los llamados operadores de justicia. Para un mejor entendimiento, la Constitución de este país de 1991 y ninguna de las más de 1800 leyes hasta hoy expedidas por el Congreso colombiano no pegaron por estas tierras, debido a que en Palmira pasa de todo, pero curiosamente no pasa nada.
Mientras los entes de control del estado colombiano, léase Procuraduría y Contraloría, en la tarea constitucional de vigilancia control y sanción de la función publica, a lo largo y ancho del país, propugnan combatir la corrupción administrativa de los servidores públicos, en Palmira estos entes de control resultan inocuos, incluso pasan por inexistentes. El caso en concreto, a manera de muestra, es que los honorables concejales municipales, en los últimos 3 períodos, se dedicaron a incumplir lo mandado en la Constitución y en especial en la ley 136 de 1994, en lo que respecta a la elección del personero municipal. Esto último se ratificó por la nulidad de la elección del personero Rojas Doncel, el pasado 13 de diciembre de 2016, posesionado por 17 concejales en contravía del principio de meritocracia, reglamentado en el decreto 2584 del 2014. Destacar que la misma irregularidad se presentó en municipios capital como armenia (Quindío), en donde aún no se resuelve el asunto y Neiva (Huila), entre otros. Así las cosas, mal de muchos, consuelo de tontos.
Las denuncias signadas por ciudadanos del común, sindicatos de la ciudad y veedurías en defensa del interés general, del erario publico y del principio de legalidad, en contra de funcionarios públicos, que involucran a exalcaldes y otros servidores, hoy duermen el sueño de los justos en los anaqueles de las cariñosamente llamadas asustarías. Incluso es tan grande, sistemático y poderoso el fenómeno de corrupción en Palmira que ya existen denuncias en contra de fiscales seccionales como el 144 y el 52; situación puesta en conocimiento hace un par de meses al propio señor procurador general de la nación el doctor Fernando Carrillo Flórez en una audiencia especial en la ciudad de Buga.
Para terminar, cabe resaltar que la función publica está al servicio del ciudadano y que el servidor publico está obligado a cumplir, respetar y hacer cumplir la constitución y la ley, tal como lo jura antes de ingresar a la función pública al tenor del artículo 122 de la Constitución Política de Colombia y la ley 909 del 2004, que regla la carrera administrativa; solo que en Palmira la Constitución y las leyes colombianas no son del interés de quienes hoy mal gobiernan esta ciudad. Lo próximo que sigue, sin duda alguna, es asistir al entierro de quienes denunciamos corrupción en esta república independiente dentro del estado colombiano.
Como decían los abuelos, fumando espero a que la Fiscalía se pronuncie en el caso de las denuncias por presunto prevaricato y otras por fraude electoral, aún pendientes por resolver.
