Se conmemora un aniversario más de los sucesos conocidos como la toma y contratoma del Palacio de Justicia, en el que inicialmente un comando de 28 guerrilleros del desaparecido M-19 se tomó por asalto la sede de la justicia en Bogotá, dando como resultado la recuperación de la edificación a sangre y fuego por parte del Ejército y la Policía.
El resultado: 98 muertos, 11 desaparecidos, el incendio de la totalidad del edificio y lo peor de todo, un hálito de misterio y silencio de parte y parte alrededor de temas como las causas de la toma, el posible plan de conocimiento previo por parte de las Fuerzas Militares y la posterior “operación ratonera”, los motivos de la conflagración, el paradero de los desaparecidos, y los aparentes excesos cometidos por la inteligencia militar una vez finalizada la acción.
El suceso pasaría desapercibido en un país serio si no fuese por dos circunstancias evidentes: la primera, pese a miles de folios, investigaciones, entrevistas y horas de análisis, no se conoce la verdad absoluta sobre los hechos; y la segunda, Colombia es un país que vive en constante “campaña electoral” y los fantasmas del Palacio saldrán de sus sombras -o los políticos de paso los harán salir- para atizar un fuego que aún no se ha podido apagar: la herida que sigue abierta.
En la primera circunstancia en mención, dicha incertidumbre en la que han vivido familiares de militares, policías, civiles y guerrilleros ha podido ser mitigada poco a poco debido a resultados de pesquisas forenses que han tomado todo el tiempo del mundo debido al error garrafal cometido por el Ejército -aún no sabemos si de buena o de mala fe- al finalizar la toma, y que consistió en no permitir el ingreso de policía judicial para la protección del lugar de los hechos y la posterior recolección de material probatorio, dejando en su lugar la modificación de la escena y la eliminación de cientos de pruebas que hubiesen podido ayudar a clarificar lo ocurrido durante las 28 horas de terror.
No obstante, temas como la “aparición” repentina de los restos de algunos desaparecidos que en video se ven salir vivos del palacio, no llena en absoluto el vacío histórico y judicial en lo que refiere al paradero de aquellos a quienes extrañamos por años; es decir, el hecho que algunos restos hayan aparecido, no quiere decir que deba prescribir el delito de desaparición forzada: vivos salieron, vivos habrían de devolverlos; a ello se suma, que en las tumbas donde se lloraron muertos durante años, hayan terminado como lugar de reposo de los iniciales “desparecidos”, engrosando, o en el menos peor de los casos, reemplazando los renglones de desaparecidos de la toma del palacio de justicia.
No menos graves son las denuncias por tortura y ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas estatales que se han podido comprobar en los últimos años a partir de material audiovisual solo existente en el archivo de algunos medios europeos; tal es el caso de los magistrados Julio César Andrade y Carlos Horacio Urán, y los guerrilleros Alfonso Jacquin Gutiérrez y William Almonacid quienes salieron con vida del edificio y posteriormente fueron encontrados sin vida en las ruinas del mismo.
También, en lo que tiene que ver con el incendio del edificio, las investigaciones han determinado que el responsable del incendio fue la tropa estatal encargada de la recuperación del mismo, y que dicha situación se pudo presentar en dos momentos:
1) el disparo de un mortero expansivo que hizo estremecer el edificio sobre las tres de la tarde del seis de noviembre, o 2) la activación de armas lanzallamas desde el primer piso del ala suroccidental del edificio que, ante la cantidad de muebles de madera que existían en la biblioteca, aceleraron la conflagración.
¿Y el eme?
La sumatoria de irregularidades por parte de la fuerza pública ha hecho que la opinión desvíe la mirada sobre los primeros responsables del ataque: la columna Iván Marino Ospina del M-19.
Aun así, hay varias dudas que quedan sobre el tintero y que han podido ser develadas aunque de forma parcial, por ejercicios digitales como Arcanos y Reyes de David Marín, o literarios que han surgido en las últimas décadas -destacamos Noches de humo de Olga Behar, Noche de lobos de Ramón Jimeno, El Palacio de justicia: una tragedia colombiana de Ana Carrigan y recientemente Mi vida y el Palacio de Helena Urán Bidegaín y Miércoles de Ceniza y la expiación de todas las culpas de quien les habla-; en dichos textos se evidencian tesis no menos fascinantes tales como que la operación no solo estaba “cantada” sino infiltrada desde las mismas entrañas de la Comandancia del M-19, o que el personal que ingresó al edificio fue cambiado -en algunas de sus fichas- horas previas al ataque en un evidente acto de arrogancia y triunfalismo.
También se ha develado el misterio del comando de siete guerrilleros al mando de “Lázaro” y “Abraham” que no pudo entrar al Palacio y que era la unidad encargada de entrar a sangre y fuego por la entrada principal (la Plaza de Bolívar)-, ajustar la puerta, dinamitar la escalera que conducía del primer al segundo piso, y establecer un nutrido fuego de ametralladora que evitara el ingreso de los vehículos blindados provenientes de la Escuela de Caballería, falla que a la postre resultaría preponderante en la pérdida del objetivo desde las primeras de cambio.
Pero la duda que sigue en el aire como un fantasma difícil de disipar, es la aparente financiación de la toma por parte del Cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar, y que tenía por objetivo la quema de los archivos de procesos que se llevaban a cabo por narcotráfico, así como la ejecución de los magistrados que debatían una posible aprobación de una ley de extradición por delitos conexos al tráfico de estupefacientes.
Todas las teorías, algunas más descabelladas que otras, cada año son la sal y el limón que se le aplica a una herida que aún permanece sangrando y hediendo, construyendo forzadamente nuevas formas de memoria a partir de telenovelas, series y textos escritos sin el menor asomo de rigurosidad investigativa.
Lo peor de todo lo anterior, y pese a los esfuerzos de jueces, fiscales, investigadores y escritores por encontrar la verdad, es que los hechos del Palacio de Justicia seguirán siendo el desgastado combustible que atice los debates de cafetería y bares bajo la misma premisa: la ignorancia y el olvido. De ahí en adelante les puedo apostar -y gano- que hemos de leer esta misma columna dentro de un año y los fundamentos y dudas seguirán siendo las mismas, los responsables los mismos, las cárceles vacías y las familias de las víctimas seguirán a la espera de las mismas respuestas.
