Es de advertir, antes de empezar a narrar algunos de los casos más sonados de la corrupción en el país del Sagrado Corazón, que muy a lastima mía y quizás de muchos colombianos que hemos sido tildados de oportunistas, hay que dejar claro que quizás a veces estamos tan dormidos viviendo nuestra realidad que resaltar algunos hechos no tan buenos resulta necesario para que no mueran en el olvido. Todo esto a costa de que muchas veces nos digan que solo criticamos y no construimos, aunque para dolor de quienes nos dicen esto quienes escribimos no tenemos la responsabilidad, el deber, ni las herramientas para salvar el país. Esta es una labor de todos, que se comienza desde abajo y allí llegamos informando y no dejando olvidar aquello a lo que algunas veces hasta nosotros mismo nos hacemos los “vista gorda”.
Ahora bien, ¿por qué nos seguimos enfrascando y negándonos a la idea de no estamos ni el mundo, ni mucho menos en el país de las maravillas? Escándalos van y escándalos vienen, y nuestro silencio sepulcral no se inmuta.
Tan enferma está nuestra sociedad que ahora la corrupción ya es una constante aceptable y en algunos casos aplaudible. Resulta muy común oír en los centros comerciales o en una banca de un parque a la gente hablar de que el político “Fulanito” se robó cierta cantidad de dinero, pero pavimentó tantas calles y repartió tantos mercados, a tal punto que terminó siendo un personaje “queridísimo”; es decir, que por el simple hecho de cumplir algunas de sus obligaciones, debemos permitir y aceptar, lo inaceptable, inaudito e inimaginable, la corrupción. Y esto es aún más preocupante en un país donde el clientelismo es un mal con raíces quizá de siglos.
Quizás este tema sea muy comentado o esté muy “trillado”, pero realmente es preocupante e indignante saber que desde el hecho de sobornar a un policía para evitar una multa, hasta financiar una campaña política de un presidente por millones de dólares a costas de recibir contratos futuros, es algo que la sociedad no debería y tendría por qué soportar. A este paso terminaremos por legalizar la corrupción con la simple condición de pavimentar tres calles, repartir 100 mercados o imprimir volantes que cuestan $400,000 USD.
Desde el 2002, infinidad de senadores, políticos, abogados y civiles, vienen denunciando la legalización de entrega de terrenos baldíos a sectores privados, y no sé hasta qué punto el estado se hace el sordo, o el pueblo no se hace escuchar, pero en ese “rifi rafe” nos han tenido y nos tendrán, a este paso, por mucho tiempo.
Hace mucho tiempo se reventó la polémica y se “prendió el ventilador” sobre que los políticos roban con “justa causa”, que ellos roban para pagar sus candidaturas, es decir, roban para comprar los votos con que salen elegidos. Incluso, hubo algunos que hasta se atrevieron a dar cifras exactas de cuánto podría llegar a costar una curul en el senado... el colmo de la brillantez de la política tradicional colombiana.
Por otro lado, no sé cómo puede llegar a ser posible que el presupuesto de los colombianos, destinados a alcaldías, gobernaciones y algunos otros sectores, sean distribuidos por el Ministerio de Hacienda a puertas cerradas y sin criterios técnicos, siendo esta práctica muchas veces cuestionada por la búsqueda de intereses políticos afines del gobierno de turno.
Tan grave es este problema que no existe regulación alguna para que se prohíba o se regule el hecho de tener cuentas o empresas “fachada” en paraísos fiscales, ni mucho menos, tengan la obligación de hacer públicos sus ingresos ni el devenir de los mismos, siendo este un gran signo de interrogación en sus negocios y financiamiento de sus campañas.
Ahora bien, como si todo esto no fuese poco, tenemos al máximo exponente del poder judicial investigando uno de los casos más grandes en la actualidad de corrupción y la compra, por así llamarlo, de la adjudicación de contratos y licitaciones con dineros públicos, por parte una empresa a la cual él y su bufete de abogados, brindaron asesoría y por ende, teniendo conocimiento del actuar de la empresa, hicieron caso omiso a este delito, incurriendo en prevaricato por omisión, y ahora siendo un funcionario debería, cuando menos, declararse impedido.
Por otro lado, creería muy pertinente quizás retomar un poco el tema del escándalo de los dineros de Reficar, porque en un país donde la gran mayoría de sus habitantes se encuentra dentro de los estándares de la pobreza, se mueren a diario niños de desnutrición y tiene unas cifras bastante peculiares en desempleo, no puede pasar desapercibido ni mucho menos olvidado, el hecho de que se pierda como una aguja en un pajar, la “módica” suma de 5000 millones USD.
Con este clima bastante agitado de escándalos, impedimentos y aceptación de la corrupción, son unos suelos bastantes endebles como para empezar la construcción de un país en paz (paz que es una política de gobierno y no de estado, es decir, que en las elecciones del 2018, estará en la cuerda floja). Unas bases muy poco confiables, como arena movediza en un contexto histórico tan importante como lo será el posconflicto para Colombia, debido que al mismo tiempo que nos enfrentamos a la implementación de los acuerdos de paz, que de por si se están dando a través de un mecanismo de aprobación de leyes con muchas inconsistencias. Adicionalmente, la sociedad se enfrenta a un caso después de la maravilla del proceso 8000, que se podría denominar el peor escándalo de corrupción de la “Increíble y triste historia de la Colombia eréndida”.
Puntualicemos y finalicemos con lo siguiente, mientras en el capitolio se acortan los debates y los trámites para la aprobación de leyes para la paz, con una que otra leguleyada, muy cerca de ahí en el palacio de justicia y en la casa de Nariño, se presenta un caso increíble, pero tristemente bastante común, en el que una empresa privada, con miras de tener “en el bolsillo” al gobierno de turno para el periodo del 2014-2018, alcanzó su nivel máximo de cinismo, al apoyar con sumas de dinero bastante portentosas a los candidatos más opcionados y que tenían polarizada la población, de modo tal que la única victoria asegurada en esas contiendas electorales sería la de ellos, la empresa que los financió.
En conclusión, tal y como lo dije al inicio, este texto se hace con la única finalidad de recordar y no dejar que sean olvidados estos “enorgullecedores” sucesos actuales en Colombia; En los últimos días, hubo una noticia con la cual me gustaría cerrar este texto, y es que gracias a la JEP (Justicia Especial para la Paz) por fin los colombianos tendremos el derecho a conocer lo que algunos ya sabíamos y otros aún después de verlo se siguen negando, cosas como la confesión de Diego Palacio, un exfuncionario, que aceptó haber colaborado, cito textualmente un fragmento que se divulgó del derecho de petición hecho por Palacio, “que se incurrió en el cohecho y ofrecer notarías al Congreso, con el fin de obtener los votos para la reelección y ganar la guerra”. Y aunque esto lleve consigo que ya no esté preso 6 años sino salga libre, de cierta manera sirve para que el país se dé cuenta y baje del altar a la clase política que nos ha gobernado y a este paso nos gobernará. Una clase política que compra reelecciones, modifica la constitución a costa de ofrecer notarias en el congreso como si fueran café, a esta clase política nos enfrentamos, y para ellos es que este texto va dedicado.
