Se vienen recibiendo con entusiasmo los avisos presidenciales para que las Juntas de Acción Comunal y Asociaciones de Padres de Familias se conviertan en agentes del cambio por concretar y por el cual votó gran parte de Colombia.
En teoría y por lo que se ha conocido, lo relacionado con el PAE, es una de las tantas propuestas que puede tener mayor impacto contra la corrupción, lo cual implica modificar la legislación vigente sobre el tema y fortalecer el proceso de participación ciudadana, integrando a esa posibilidad otras que conecten efectivamente al ejecutivo nacional con la gobernanza desde las regiones.
Si se revisa la norma, se encontrará en la misma, tanto el apoyo al manejo irregular que viene dándose en el PAE, como también, el fundamento para que los padres de familias administren el programa, incluso, involucrando a los productores locales.
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La legislación sobre PAE, está hecha para que la inversión privada aumente sus cuentas bancarias y negocios por vía de contratos y subcontrataciones, cuya letra menuda permite que los operadores entreguen a los estudiantes raciones alimentarias representadas en gramos y productos insuficientes para atender las demandas nutricionales y exigencias académicas.
La norma vigente sobre PAE, facilita la intermediación en la apropiación de los recursos del programa, porque la baja disponibilidad presupuestal, se camufla mediante la justificación de complemento alimentario y refrigerio reforzado.
Las palabras almuerzos y desayunos, se reservan, entre otras razones, porque el gobierno central fue mezquino con la estrategia de jornadas únicas, hacia las cuales de manera segregada si se autoriza la entrega de comida caliente y en mayor cantidad y calidad que a los planteles que sólo ofrecen una o doble jornada.
Como quien dice "hecha la ley hecha la trampa".
Aunque la norma concede a las comunidades rurales, beneficiar a los productores locales con la compra directa de insumos alimentarios, ya se sabe porqué los operadores prefieren comprar altos volúmenes por fuera de la región y a pocos proveedores, maximizando ganancias para cubrir coimas en una larga cadena de beneficiarios distintos a los consumidores finales.
También la norma dice que en las áreas rurales, los padres de familia debidamente organizados y por solicitud expresa a las autoridades educativas, pueden administrar directamente los recursos económicos del programa de alimentación escolar.
Que esto último no se esté dando, es algo preocupante y que frente al anuncio presidencial, es síntoma del esfuerzo que debe hacerse para que las comunidades incidan en el manejo de sus propios asuntos, neutralizando la mediación de la politiquería, el oportunismo y hasta la misma corrupción que desde hace tiempo también afectó a sectores populares y del Magisterio.
Además, deben mejorarse mecanismos para legalizar y darle celeridad a la conformación de organizaciones cívico populares, solidarias y comunitarias, porque a la baja cultura de la participación ciudadana, se agrega la tramitología y altos costos impuestos por entidades encargadas de formalizar la conformación de entidades como Asociaciones de Padre, Juntas de Acción Comunal, etc.
Lo que debe hacerse se torna complejo, aunque no imposible de manejar, si no se toman medidas para abolir tramitologías, tales como las licencias fitosanitarias, permisos y similares que deben cumplir los campesinos y proveedores locales de alimentos perecederos.
Todo este tema, tiene que ver con otro aspecto de la precaria dinámica escolar y comunitaria, cual es la baja incidencia de los gobiernos escolares en los procesos de transformación de las a su vez débiles comunidades educativas.
En otras palabras, los bien intencionados anuncios presidenciales sobre contratación de vías y otras cosas por parte de las Juntas de Acción Comunal y el manejo del PAE a cargo de las Asociaciones de Padres de Familias, es un reto para las dirigencias populares, porque hasta ahora, el clientelismo, las aduanas impuestas por politiqueras a la transferencia de recursos y la baja cultura de participación ciudadana, son obstáculos que deben enfrentarse con pedagogía y organización desde abajo, para que las bases sociales puedan darle sostenibilidad a las proyecciones de la alta esfera del Estado.
Más allá de los anuncios presidenciales, que es lo menos que se puede esperar del gobierno entrante, ante tanta tela por cortar como efecto de los gobiernos neoliberales y no saber aprovechar las oportunidades por parte de las izquierdas, lo que ahora nos debe convocar en un contexto de mejores posibilidades para tratar de voltear las precariedades en que nos encontramos, es el cómo movilizar la participación ciudadana para facilitar logros de beneficio común aplazados.
Si se dedicara tiempo y planeación conjunta, hasta se podrían integrar acciones para atender el mejoramiento de varios temas hoy vistos de manera desconectada. Por ejemplo, darle un vuelco al manejo del PAE, permitiría favorecer la seguridad y soberanía alimentaria, incluyendo la dimensión ambiental y la democracia participativa.
Lo dicho, en cuanto a los desafíos organizativos y éticos que debe afrontar la construcción de nueva ciudadanía aplica para otros anuncios y actuaciones del gobierno central, por ejemplo en materia de Seguridad.
