Cuando uno lee un titular de prensa como el que apareció en el diario El Tiempo el 22 de noviembre de 1996, según el cual "Desaparece sacerdote con tres personas", y debajo de él un subtítulo que señala que una hermana del sacerdote es quien suministra la información y que su desaparición ocurrió en una finca de su propiedad, piensa que puede tratarse de una broma. Sin embargo, si 20 años después, los jerarcas de la Iglesia Católica a la que el sacerdote pertenece guardan silencio acerca de la pregunta sobre el paradero del mencionado sacerdote que responde al nombre de Abel de Jesús Barahona Castro, fundador del instituto IPLER, que nos enseñó hábitos de lectura rápida, nos preguntamos si en realidad desaparecieron las cuatro (4) personas y, de ser cierto, quiénes los desaparecieron, cuándo, por qué y para qué, previa aclaración de quien soy.
Primera pregunta: ¿desaparecieron las cuatro personas?
La aclaración previa es la siguiente: me llamo Luis Alfredo Castro Barón, soy primo -hermano del sacerdote desaparecido. Tengo como profesiones la de abogado y administrador público de la ESAP, estoy vinculado como tal a la Personería de Bogotá desde hace 19 años y actualmente soy Presidente de la Comisión de Personal Distrital para la Concertación. Soy poseedor de la Finca El Carmen desde 1994 y no se la han podido robar por mis denuncias, pero temo ser desaparecido o muerto por el Estado colombiano.
La respuesta a la primera pregunta es asertiva y las pruebas las expidió el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: con certificados expedidos en el mes de junio de 2017, el mencionado Instituto de Medicina Legal acredita que el sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, natural del municipio boyacense de Rondón se encuentra desaparecido desde el 20 de noviembre de 1996. Los registros civiles revelan que para la época de la desaparición, el sacerdote contaba con 56 años de edad, estaba vinculado con las parroquias de Santa Bibiana y Santa Beatriz en el norte de Bogotá, y era propietario de la Finca El Carmen, que estaba arrendada a dos ganaderos, quienes a través de sus hijos crearon una sociedad por medio de la cual de la cual pretendieron robarle la finca al levita.
Denominada Gómez Obregón y Cia Ltda, la sociedad bajo cuyo ropaje pretendieron esquilmar los intereses del sacerdote, fungía falsamente ser arrendataria de una finca conformada por seis (6) potreros o lotes denominados El Cangrejal, El Carretonal, el Cuadrilátero, El Paralelogramo, Laguna Redonda y Los Mortiños, cuyo valor hoy puede superar la siguiente cifra: 20.000.000.000.000
La Finca El Carmen, así conformada, está situada entre las calles 191 y 193, a lado y lado de la autopista norte de la ciudad de Bogotá, tiene 100 hectáreas de extensión y un valor económico significativo, habida cuenta que está en el sitio de más alta valorización de la capital.
En los certificados de libertad y tradición de los predios mencionados, se lee que dicha finca perteneció al sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro hasta el mes de agosto de 1996, unos 80 días antes de su desaparición, y que los seis lotes tenían como copropietaria en común y pro indiviso, a la señorita Julia Torres Calvo.
La información impresa en los certificados de libertad y tradición igualmente señala que a partir del mes de agosto de 1996, la titularidad de los predios pasó a nombre de una sociedad creada también por el sacerdote, denominada Cristo Lector LTDA., sociedad que para la época de la Desaparición del sacerdote tenía como socios a los familiares del levita, personas que se beneficiarían con la titularidad de los bienes.
Con el sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro desaparecieron su conductor Mario Otalora Cruz, su secretaria y gerente de la inmobiliaria BABEL, también de su propiedad y a través de la cual se administraba el contrato de arrendamiento y el seminarista, oriundo también del municipio boyacense de Rondón y seminarista del Seminario Mayor de Tunja, Justo Pastor Arias López según se lee en los certificados de Medicina Legal.
Absuelta la primera pregunta y verificado que se encuentran desaparecidas las cuatro (4) personas, es menester para absolver la segunda pregunta, revisar la noticia de El Tiempo aparecida en la edición del 22 de noviembre de 1996, en la que se dice que quien suministró la información fue la hermana del padre, Nubia Barahona, quien agregó que él había encargado a su hermano, el sacerdote desaparecido, realizar esa mañana del 20 de noviembre, unas gestiones relacionadas con la Finca.
La señora Nubia Barahona De Villamizar era la representante legal suplente de la inmobiliaria BABEL LTDA., que tenía controversias jurídicas con los arrendatarios, uno de los cuales estaba siendo apoderado por el abogado Luis Fernando Salazar López, hermano del propietario del Centro Comercial Gran Estación, socio de Alberto Aroch, cuyo nombre por blanqueo de dinero, se encuentra en la Lista Clinton.
Iniciada la Investigación con base en la información suministrada por la hermana del sacerdote, dentro del proceso se hicieron algunas diligencias importantes, pero luego la misma fue desviada por el Fiscal 101 Regional ante el GAULA, Luis González León, esposo de la actual Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar.
Estando desaparecido el sacerdote y sus tres (3) acompañantes, el Fiscal 101 Luis González León, quien hoy es el Director Nacional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, ordenó el levantamiento de la orden judicial mediante la cual se prohibía registrar cualquier transacción en los predios seis (6) que fueran propiedad del sacerdote.
Sobre uno de esos predios, el sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro había constituido una hipoteca a la Caja Popular Cooperativa de Tunja, cuya gerencia estaba a cargo del llamado "zar de la Vigilancia", Jorge Arturo Moreno Ojeda, quien está prófugo de la justicia en Estados Unidos y quien, pedido en extradición por el gobierno de Colombia, pagó la fianza y por ello quedó en libertad en la tierra de Trump, recientemente.
Con base en el pagaré que soportaba la constitución de la Hipoteca, la Caja Popular inició proceso hipotecario que luego cedió en favor de los hermanos Gilberto y Victor Hugo Ramos Camacho, parientes del Fiscal 37 Seccional de Bogotá, Germán Camacho R, quien adelantaba investigación contra los arrendatarios del padre Barahona de la Finca El Carmen, por los delitos de amenazas y extorsión.
Al Fiscal Germán Camacho Roncancio le había sido asignada transitoriamente la investigación por la bomba del Club El Nogal, y fue asesinado por sicarios en el año 2003, cuando salía de su residencia en el norte de Bogotá, sin que hasta ahora se haya podido establecer los móviles de su asesinato.
La tarea de desaparecer a cuatro personas que se desplazaban en automóvil, según las versiones de quienes se beneficiaron de la titulación de los predios por parte del sacerdote desaparecido, no es fácil, mucho menos si dicha Desaparición ocurre a las 8 de la mañana de un día miércoles, en un predio sobre la Autopista Norte de Bogotá, frente a los almacenes Makro, por lo cual surge la hipótesis de que se necesitó colaboración de la Policía.
Para el 20 de noviembre de 1996, fungía como Director del GAULA en Bogotá, el tenebroso coronel Danilo González, famoso por crear el Grupo de Los Pepes para enfrentar al Narcotraficante Pablo Escobar, al que finalmente ultimaron y cuya aniquilación material se atribuyo el conocido Coronel González. Cuando en las horas de la tarde del 20 de noviembre de 1996, quien esta nota escribe quiso denunciar la Desaparición del Sacerdote en la Estación de Germania, en Bogotá, sede del GAULA, no se la recibieron por no haber transcurrido 24 horas.
No obstante estar desaparecido el sacerdote Abel Barahona, el proceso ejecutivo siguió adelante en medio de trucos y trampas jurídicas y terminó siendo adjudicado el Predio El Cangrejal, en un 50% a los parientes del Fiscal Camacho, precisamente la persona que debió investigar la suerte del sacerdote y los móviles de la extorsión y de las amenazas.
De los 85.000 metros cuadrados de El Cangrejal, rematados por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogotá, en ausencia por Desaparición Forzada, del sacerdote Abel Barahona, después de que el zar de la vigilancia cediera el pagaré a los hermanos Ramos Camacho, el Distrito Capital de Bogotá, expropió ilegalmente también, 40.000 metros cuadrados y sobre 18.000 de ellos, erigió el Terminal Satélite del Norte, en el costado Oriental de la autopista norte con calle 193.
En el costado occidental, cuya posesión, como en el resto de El Cangrejal, detento, el Distrito Capital ocupó ilegalmente en diciembre de 2014, el potrero El Carretonal y una porción de El Cuadrilátero e introdujo en ellos una gran cantidad de buses de TransMilenio, para lo cual contó con el apoyo jurídico de un decreto para parqueaderos expedido por la candidata Presidencial Clara López Obregón cuando se desempeñó como alcaldesa de Bogotá, por designación del Presidente Juan Manuel Santos, al caer detenido Samuel Moreno Rojas.
Cuando se habla de Desaparición Forzada, se alude a que el Estado Colombiano participó en los hechos y lo hizo a través del GAULA por omisión y de la Fiscalía, por acción de la funcionaria entonces adscrita a la Fiscalía Antisecuestro, señora María Etelvina Barahona De Vargas, hermana del sacerdote desaparecido y quien luego elaboró un falso pasquín, en el que supuestamente las FARC le exigían un millón de dólares y por el actual Director Nacional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana Luis González León y esposo de la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar.
La autoría del falso pasquín resultó ser de las hermanas Nubia Barahona De Villamizar y María Etelvina Barahona De Vargas, hermanas del sacerdote y quienes se benefician de su desaparición forzada, pues resultaron como herederas del sacerdote.
En torno a la herencia, es necesario aclarar y repasar lo dicho al inicio de la presente nota, en el sentido de que el padre Barahona había escriturado de confianza los 6 predios a la sociedad Cristo Lector LTDA., de la que era propietaria en un 70% la progenitora del sacerdote, Filomena Castro.
La mamá del padre murió y la sucesión fue tramitada por sus hijos, pero de dicha sucesión también desaparecieron al sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, como si nunca hubiera existido, borrando todo vestigio de su existencia y adjudicando a sus hermanos la herencia de su mamá, conformada por los predios que conforman la Finca El Carmen y que había adquirido legalmente el padre Abel.
Que cien hectáreas de tierra en el sector de más alta valorización en el norte de Bogotá, cambie de manos previa desaparición forzada de su titular, es ya de por sí noticia, pero que la prensa calle este hecho es definitivamente un fenómeno social y político que debe ser registrado e investigado.
Que una propiedad de 100 hectáreas cambien de manos previa desaparición de su propietario, y que la prensa calle nos debe conmover a todos, pero que la Iglesia Católica a la que pertenecía el sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro guarde silencio frente a un Derecho de Petición formulado por el suscrito, sobre el paradero del sacerdote y sus tres acompañantes, debe prender las alarmas de todo el mundo, que debe solicitar al papa Francisco para que, como supremo jefe del sacerdote, nos informe sobre el paradero del padre Abel.
¿A quiénes y por qué formulé un Derecho de Petición a la Conferencia Episcopal Colombiana? El derecho de petición lo formulé en vivo y en directo durante el Conversatorio sobre la Visita del Santo Padre, el 21 de junio de 2017 en la Casa Editorial El Tiempo, con presencia de todos los medios de comunicación, del Vicepresidente de la República Óscar Naranjo y del Magistrado de la Sala de la Judicatura José Agustín Suárez Alba y luego mediante comunicaciones a todos y cada uno de los obispos y al Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, pero ni los destinatarios han respondido, ni los periodistas han registrado la noticia, pese a que a algunos como CM&, Noticias Caracol y Noticias Uno, se le formularon puntualmente y por escrito, como de igual forma se le hizo a los prelados, incluido Monseñor Ruben Salazar Gómez, Cardenal Primado de Colombia y al Nuncio Apostólico de su santidad, Monseñor Etore Balestrero.
Formulé el Derecho de Petición en sendos escritos a 67 obispos y a los periodistas presentes el 21 de junio de 2017, porque además de estar vinculado a las Parroquias de Santa Bibiana y Santa Beatriz, en la localidad de Usaquén, para la época de su desaparición, el padre Abel de Jesús Barahona Castro estaba vinculado como docente a la Universidad Javeriana.
El inminente peligro de ser desaparecido en que me encuentro es igualmente motivo para haber presentado el múltiple Derecho de Petición que no ha sido contestado y es también motivo para escribir esta nota, en el escenario excepcional brindado por Las2Orillas.
La personera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda Villamizar es esposa del actual Director Nacional de Fiscalías y Seguridad Ciudadana Luis González León, quien participó en la desaparición forzada del sacerdote Abel. Como todos saben la Personera controla todos los Despachos Judiciales y Administrativos de Bogotá, como Jefe del Ministerio Público y Juez Disciplinario de los servidores públicos al servicio del Distrito.
Como poseedor de la Finca El Carmen, soy demandante dentro de un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho que se tramita en la Inspección 11 A Distrital de Policía de Suba, contra quienes desaparecieron al sacerdote y pretenden consumar el motivo del crimen de lesa humanidad entre los que se cuentan:
i) Cristo Lector Ltda., cuya propiedad accionaria detentan en una 40% las hermanas del sacerdote y quienes contribuyeron a su desaparición forzada María y Luz Barahona Castro, y en el 60% restante.
ii) Carlos Gaviria Camacho, producto de la compra de las hijuelas, mediante las cuales adjudicaron la herencia que estaba a nombre de la mamá del padre Abel a las otras hermanas de él, dentro de un proceso sucesoral, en el cual ni siquiera nombraron al sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro. Se sabe que Carlos Gaviria Camacho pagó los varios miles de millones de pesos de las hijuelas a las hermanas del padre, con dineros ilícitos y se está investigando, si esos dineros provienen de un cartel de las drogas.
iii) Pablo Salah Arguello, abogado quien dice representar en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho a la señorita Julia Torres Calvo, quien padece esquizofrenia, nunca ha tenido la posesión de los predios en los que aparece como titular en común y proindiviso, y a quien mantienen drogada en Cartagena. Este abogado dice representar también a una empresa de papel que constituyó "yo con yo" y que denomina "JT y P"S.A.S. y una Corporación Julia Torres Calvo.
iv) Construedificaciones Mundo S. A. S., una empresa de papel que aparece a nombre de Orlando Sánchez, con domicilio en Barranquilla y a la que nadie ha entregado la posesión, pero que sacó a bala al Juez 17 Civil del Circuito de Bogotá.
Carlos Gaviria Camacho sería testaferro de un cartel de las drogas, y se tiene establecido que se introdujo clandestinamente al predio con argucias y fuerza desplegados por el apoderado general de Salvatore Mancuso, el abogado Hernando Benavides Morales.
Dentro de este panorama se había enfrentado la defensa material y jurídica del predio Finca El Carmen y denunciada la desaparición forzada del sacerdote, hasta el mes de junio de 2016, cuando llegó a la Personería de Bogotá, la exprocuradora Judicial II, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, esposa del Director de Fiscalías Luis González León.
La actual personera enfrenta un proceso de pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por el obvio hecho de que ejerce autoridad en el Distrito Capital, en donde también ejerce autoridad el Director Nacional de Fiscalías y seguridad ciudadana, Luis González León, su cónyuge, pero mientras tanto interviene directa, ilegal e irregularmente en el proceso de lanzamiento por ocupacion de hecho mencionado, que adelanto contra los despojadores, que en diciembre de 2014, se metieron al predio llevando consigo decenas de buses de TransMilenio, con el amparo del Decreto de Clara López Obregón del 2009.
Dentro de una sistemática planeación estatal, la estrategia para arrebatarme la posesión de la Finca El Carmen y ocultar con el manto de impunidad la desaparición forzada del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro y sus tres acompañantes, la personera me ha abierto diecisiete (17) procesos disciplinarios en el término de un (1) año, me ha quitado las funciones de Agente del Ministerio Público, me ha suspendido por el término de 3 meses, del cual he cumplido el primero; ha hecho que la Policía me expulse de la Personería y temo lo peor: que el Estado, a través de la Fiscalía o cualquier otra entidad o persona, me desaparezca, ejecute extrajudicialmente o acabe con mi vida, haciendo que parezca un accidente.
La sistematicidad es elemento empleado por el Estado para perpetrar los crímenes de lesa humanidad y contra el suscrito se está empleando a cabalidad, pues con montajes jurídicos que incluyen el embargo de mi sueldo y de mis bienes por parte del Estado en falsos procesos se pretende mi muerte laboral, la cual ya inició, mi muerte civil que también ya va adelantada en varios juzgados y en la propia Personería, mi desaparición física forzada o mi mi deceso.
Temo abusar de la generosidad y por ello he resumido apretadamente los hechos, todos los cuales son verificables y dejo hasta aquí esta nota, con la esperanza de que siendo, como efectivamente es, un S.O.S. por mi vida, no me pase lo mismo que al alcalde de El Roble, quien en televisión y ante el Presidente de la República dijo que lo iban a matar y a los pocos días lo mataron.
No sobra decir que he informado de esta situación, mediante derecho de petición al Presidente Juan Manuel Santos, a la Policía Nacional y presentado varias acciones de tutela ante el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Bogotá, sin obtener respuesta alguna, con lo que se confirma la sistematicidad estatal para tapar con el manto de la impunidad la desaparición forzada del sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro y sus tres acompañantes y quizás fraguar la mía o mi aniquilación, por lo cual responsabilizo directamente al Estado de lo que me pueda pasar.
