En el mismo sentido el Consejo Gremial Nacional, donde participan el sector financiero, agropecuario, comercial, servicios e industrial, entregó al presidente Iván Duque la Agenda empresarial 2018-2022 con 95 propuestas de políticas públicas relacionadas con asuntos tributarios, laborales, pensiones, educación, salud, propiedad, ordenamiento y uso de la tierra, entre otras.
Los empresarios plantean bajar los impuestos a las empresas y compensar estos faltantes gravando las pensiones, acabar con el régimen de Colpensiones, controlar el salario mínimo, modificar las consultas previas y las normas de la las alianzas público privadas para facilitar su vinculación con la educación y la salud. Además, cuestionan los nuevos derechos reconocidos en el proyecto de ley de tierras, entre otros.
“Me complace”, les respondió el presidente, “recibir de nuevo el respaldo del Consejo Gremial y ver que en el documento de reactivación que ha planteado hay una gran coincidencia con la agenda que nosotros hemos presentado al país, lo cual es el camino para consolidar el “Pacto por Colombia.”
Y en el discurso de posesión el presidente ratificó, por encima de un camino empedrado de buenas intenciones, los verdaderos objetivos del gran capital con su modelo de acumulación neoliberal, obedeciendo el mandato de los organismos internacionales de crédito como FMI y el BID, además de seguir al pie de la letra las recomendaciones de la OCDE para orientar el modelo de desarrollo, el plan nacional de desarrollo, el presupuesto nacional y la correspondiente reforma tributaria, a favor de las políticas públicas que beneficien la creación de condiciones para el desarrollo del gran capital y de las multinacionales, por encima de las necesidades más sentidas de las mayorías populares.
El nuevo gabinete ministerial lo está confirmando con claridad: asume el mando la plutocracia de la política para convertirla en una política de la plutocracia con Alberto Carrasquilla, un ministro que genera gran confianza en los cambios estructurales de la economía para mejorar las condiciones de los grandes empresarios, y con él casi todos los ministros representan un negocio donde el ministro de Hacienda es el vocero de la banca internacional (FMI, BID), que continuará con las recetas neoliberales para darle salida y realización a las ganancias de las multinacionales.
El cuento chino de un “gabinete técnico” alejado de la política no se lo cree nadie, por más que quieran aparentar su independencia del gran capital, del uribismo y de la politiquería tradicional, tratando de engatusar a la gente con su discurso demagógico, siguiendo las orientaciones del “príncipe de Transilvania” ahora llamado a declarar ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos.
No es cierto que el gabinete esté compuesto por ministros apolíticos (técnicos), ni que no va a fluir la mermelada para asegurar el respaldo a su programa de gobierno. “Un gabinete para un país productivo, competitivo, incluyente y en paz”, como dice la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, es decir, toda una carta de navegación para asegurar la confianza inversionista de las multinacionales en las condiciones de realización del gran capital, en contravía de los derechos más elementales y de las necesidades básicas insatisfechas de las grandes mayorías nacionales.
Amanecerá y veremos. No es lo mismo hablar desde una “oposición” con todas las gabelas del poder desplegadas a los cuatro vientos, que ejecutar desde el Gobierno los planes programados con la imaginación calenturienta por el delirio de la grandeza y de la retaliación, máxime cuando el nuevo presidente llega a la casa de Nariño con la pesada carga de un Uribe llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, tratando de borrar un pasado imborrable que marcará por mucho tiempo la historia nacional. Ahí está el discurso del presidente del Senado en contravía de las propuestas del presidente Duque, en una salida en falso que más bien parece toda una estrategia del uribismo para manejar la política en estos cuatro años de gobierno utilizando todas las formas de lucha.
“Vamos a conquistar el gobierno para hacer trizas el acuerdo de paz”, decía Fernando Londoño en La Hora de la Verdad. “Vamos a hacer un referendo para acabar con la JEP”, decía Paloma Valencia, Paola Holguín y Álvaro Prada, senadores uribistas embriagados con el triunfo electoral, haciendo caso omiso del crecimiento de la verdadera oposición democrática en la nueva situación política nacional.
Por mucha urticaria que produzca es un hecho político irreversible que los acuerdos de paz seguirán adelante por encima de las tendencias reaccionarias que se oponen con obcecación; que la JEP seguirá adelante por encima de los que quieren ocultar sus crímenes de guerra y de lesa humanidad; que el nuevo partido político de la Farc seguirá adelante con sus 10 curules en el Congreso, contra los que quieren revivir el monopolio de un nuevo “frente nacional” de las oligarquías dominantes; y que la unidad de la izquierda democrática en el Congreso y en la plaza pública seguirá adelante por encima de los divisionistas profesionales del establecimiento mediático. Todas estas son razones suficientes para que la ultraderecha fascista desista de una vez por todas de querer acabar con los acuerdos de paz.
“Una cosa es el Centro Democrático, pero otra cosa es el Gobierno”, dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. “No apoyaremos ningún referendo para acabar con la JEP”, como quien dice se quedaron con los crespos hechos.
Es el primer estregón de la tendencia más reaccionaria del nuevo gobierno en medio de vendavales huracanados, llamados de la Corte Suprema de Justicia al jefe del Centro Democrático, manifestaciones en las principales capitales del país por la defensa de la vida y de la paz, y en contra los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierras. Estos elementos están indicando con claridad una nueva situación política favorable a las luchas populares, frente a la cual los sectores progresistas y democráticos tienen que estar preparados con la unidad para avanzar en la conquista del poder local y regional en el 2019, construyendo paz y democracia con miras al poder en el 2022.
