Las sociedades, las comunidades, los grupos sociales, son tan competentes, fructíferos y exitosos, en la misma medida en que lo son sus dirigentes y los procesos políticos que les diseñan, bien sean para la prosperidad colectiva y su armoniosa y pacífica convivencia… o para lo contrario, su abandono y desgracia.
El Cauca como entidad socio-geopolítica ha sido un fracaso indudable. El registro histórico de las noticias cotidianas que se producen en este departamento es la evidencia más ostensible.
Por eso es que, inmerecidamente, todos los caucanos somos considerados en el exterior, por fuera de nuestros límites regionales, y nacionales también, cualquiera sea el apellido y el nivel cultural que nos haya tocado, como bárbaros y salvajes. Todos somos estigmatizados por naturaleza, por ser caucanos.
Aunque así nos ven, eso es injusto porque la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de caucanos, pertenecemos a grupos sociales decentes, en cambio, los victimarios integran bandas comparativamente minúsculas, por más grande que sea la destrucción del patrimonio común y el daño social con que nos agreden.
Pero el Cauca sí tiene salida. El Cauca necesita es el desagravio institucional, continuado, decidido y eficaz, por parte del Estado colombiano, porque los criminales se envalentonan justamente al notar su debilidad y ausencia.
Pero eso no se logra en un Consejo de Seguridad de coyuntura. No se logra con la sola declaratoria de guerra. La situación del Cauca requiere ajustes institucionales sistemáticos y categóricos.
En consecuencia, es una prioridad que el departamento del Cauca sea declarado en Estado de Emergencia, de emergencia económica y social, que les permita a las diferentes instancias de gobierno actuar de manera ágil y segura para hacer frente a la situación de crisis y a su vez, minimizar la expansión de los efectos de esta, y sobre todo, para que el Gobierno Nacional antes que cualquier otra prioridad, pueda recuperar el control territorial, social, político y económico, que hoy, y desde hace rato, está en manos de los criminales narcotraficantes.
Hablando de emergencias, recordé que un lunes festivo, el 6 de junio de 1994, a las 3:47 p.m. un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter provocó una avalancha en la cuenca del río Páez, que dejó 1.100 muertos, más de 500 desaparecidos, y aproximadamente 40.000 hectáreas de tierras arrasadas con su riqueza agropecuaria, ecológica y faunística.
Esta tragedia dio origen a la Ley Páez o Ley 218 de 1995 que, en la emergencia, estableció beneficios en materia del impuesto sobre la renta y complementarios para recuperar la actividad económica en la zona; facilitar la importación de maquinaria, equipos, repuestos y materias primas sin gravámenes arancelarios, ni IVA; y la exención de impuestos predial y de Industria y Comercio.
La Ley posibilitó una nueva generación de empresarios y la creación de empleos directos e indirectos en la región, requeridos para la instalación de plantas industriales y empresas.
30 años después, en la tragedia actual, necesitamos otra normatividad legal especial, que le ponga fin a esta crisis, que suponga la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia, ojalá liderado por el Gobierno del Cambio donde el Cauca es protagonista de primer nivel con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior, y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, entre otras dependencias.
Desde esas instituciones se debiera iniciar la integración de nuestros territorios y una mayor inclusión social, en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto.
La declaratoria de emergencia debiera reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de las comunidades caucanas, garantizando la sostenibilidad socio-ambiental.
Aquí es donde debemos juzgar la creatividad y el compromiso social de la dirigencia nacional y regional, de la bancada parlamentaria, y sus relaciones con las autoridades territoriales y con los diferentes sectores de la sociedad. Esto hará posible la estigmatización y la discriminación radical de los criminales armados que, ante el rechazo absoluto por parte de las comunidades, deberán integrarse, en paz, desarmados, a los nuevos sectores productivos de la sociedad. Un proceso de paz de hecho.
Cauca, la gran despensa agrícola de Colombia
El departamento del Cauca tiene más 26.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
La declaratoria de emergencia propuesta debería entonces exigir la implementación definitiva del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 con las FARC para convertir al Cauca en la gran despensa agrícola de Colombia.
Esta emergencia debe involucrar la participación activa y directa del Gobierno Nacional y considerar los siguientes aspectos:
- Realizar de nuevo el diagnóstico para identificar las áreas con cultivos ilícitos y evaluar su potencial agrícola.
- Involucrar a las comunidades locales en la planificación y decisión de los cultivos alternativos, asegurando que las propuestas respondan a las necesidades y preferencias de los habitantes.
- Ofrecer subsidios iniciales y créditos a bajo interés para la compra de insumos, semillas y herramientas agrícolas.
- Establecer acuerdos de compra con precios justos para garantizar a los agricultores ingresos sostenibles.
- Brindar programas de capacitación en técnicas agrícolas modernas y sostenibles, incluyendo el uso de tecnologías.
- Proveer asistencia técnica continua para asegurar el éxito de los cultivos sustitutos.
- Mejorar la infraestructura vial, sistemas de riego, almacenamiento y transporte para facilitar el acceso a mercados.
- Crear centros de acopio y procesamiento que permitan agregar valor a los productos agrícolas locales.
- Promover cultivos alternativos que sean rentables y adecuados a las condiciones del Cauca, como café, cacao, frutas, hortalizas y productos orgánicos.
- Fomentar prácticas agrícolas sostenibles y amigables con el medio ambiente.
- Apoyar la creación de cooperativas y asociaciones de productores para fortalecer la organización comunitaria y facilitar la comercialización.
- Desarrollar proyectos comunitarios que incluyan la construcción de infraestructuras sociales (escuelas, centros de salud) para mejorar la calidad de vida.
- Implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el progreso y el impacto de los programas de sustitución de cultivos.
- Realizar ajustes y adaptaciones al plan basado en los resultados y feedback de las comunidades.
- Garantizar la seguridad en las áreas de sustitución de cultivos para proteger a los agricultores de actores ilegales.
- Asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas que regulan la producción y comercialización de productos agrícolas.
La implementación del Acuerdo Final de Paz es fundamental en el Cauca porque tiene las fórmulas necesarias para la transformación estructural del campo, creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.
Adicionalmente, podemos aprovechar que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, crea un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar su implementación.
Por último, la declaratoria de emergencia debiera proveer las herramientas que sean necesarias para que la Gobernación y las alcaldías se conviertan en organizaciones funcionales, con procesos clave que permitan lograr objetivos estratégicos orientados a garantizar la calidad de vida de las personas.
Pero tenemos que resolver otro problema: la burocracia generalmente confunde la gestión de la calidad, el control, la planificación y la elaboración de proyectos con la tramitomanía, convirtiendo cualquier proyecto en un mapa de procesos indescifrable e imposible. He visto alcaldes que tienen que contratar asesores externos para la elaboración de proyectos y sus trámites… una disculpa más que también entraba la transparencia de los procesos.
Creatividad y compromiso, claves para que el Cauca salga de esta emergencia.
