Para terminar con la corrupción y superar la desigualdad en Colombia no hay mejor herramienta que la educación. Ningún político debería negarse a esta afirmación, porque, como lo señala el consenso mundial, invertir en educación es luchar contra la pobreza.
Los niveles de educación del conjunto de la población tienen un impacto directo en los niveles de renta, en el crecimiento económico futuro del país y en los niveles de los salarios.
Las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico indican que los adultos con educación universitaria en Colombia (de 25 a 64 años) ganan más del doble que las personas que tienen grado de bachiller.
Por todo eso, la educación pública debe ser la prioridad de cualquier gobernante.
Sin embargo, los sucesivos gobiernos neoliberales de Colombia (el último, el de Iván Duque) nos llevan en la dirección contraria.
La inversión por estudiante y año en Colombia es muy inferior a la que tienen en Argentina, México o Chile, de acuerdo con el investigador Julián de Zubiría Samper.
Esta baja inversión en educación se traduce en unos resultados alarmantes: de cada 100 niños que se matriculan en primero de primaria, solo 39 terminan el bachillerato. Además, la inmensa mayoría abandona el sistema escolar antes de llegar a los niveles mínimos de educación, que les daría mayores herramientas para el mercado laboral, cada vez más duro y competitivo.
Conseguir un título universitario es aún más difícil: solo el 28% de los jóvenes colombianos (entre 25 y 34 años) tienen grado universitario, cuando en los países desarrollados del mundo esta proporción es el doble (un 44% de los jóvenes de los países OCDE tiene educación universitaria). Ante esto, la ideología neoliberal enquistada en el poder central, propuso el programa Ser Pilo Paga, que cubre las necesidades de 10.000 de los 550.000 estudiantes que cada año se gradúan de bachillerato.
Mientras países vecinos como Chile, Ecuador o Perú han adoptado medidas estructurales para mejorar la calidad y la inversión en educación, Colombia tiene apuestas mezquinas con sus jóvenes, porque prefieren que vayan a la guerra o a la informalidad económica en vez de la Universidad (nuestro país sigue siendo líder en América Latina en gasto militar).
Estas últimas semanas hemos visto cómo las multitudinarias y admirables movilizaciones de los estudiantes universitarios en todo el país, han obligado al gobierno Duque a rectificar y a aumentar el presupuesto en educación. El incremento, sin embargo, es insuficiente, tal y como han denunciado rectores y estudiantes.
Según la agrupación de las 32 universidades públicas de Colombia (SUE), el déficit presupuestal de las universidades es de 15 billones de pesos. Este importante déficit se está incrementando anualmente, ya que las necesidades financieras de estas instituciones crecen alrededor del 10 por ciento anual, debido a los incrementos en la nómina de docentes, número de estudiantes y programas misionales. Algunos estimamos que para los próximos 4 años hace falta un plan de saneamiento de deudas e inversión por valor de 20 billones de pesos, que irían destinados a sanear pasivos, gastos de funcionamiento y ampliar la cobertura educativa.
La rectificación de Duque como respuesta a las demandas de estudiantes demuestra dos cosas: primero, que las movilizaciones unitarias en la calle tienen mucha más fuerza de la que nos quieren hacer creer. Segunda, que el gobierno Duque no tiene estrategia ni objetivos en materia de educación, y está improvisando.
Ahora bien: cambiar la situación de la educación pública es posible. En 1996, cuando fui elegido el rector más joven del país en la Universidad del Magdalena, en la región Caribe, esta se encontraba en bancarrota. Diez años después habíamos triplicado el presupuesto de la institución el número de carreras de pregrado y posgrado y el número de estudiantes pasó de 2.000 a más de 9.000. En esta etapa creamos miles de becas y programas de equidad para los más pobres y las minorías étnicas, además de un moderno campus, una biblioteca, múltiples laboratorios. Así mismo, se implantó un novedoso programa de alimentación, transporte y monitorias para estimular el desempeño y la permanencia, entre otros. Luego desde la alcaldía de Santa Marta otorgamos miles de becas gratuitas para los jóvenes más pobres en programas técnicos y tecnológicos. ¿Cómo fue posible hacer todo esto? La respuesta es: dando prioridad a la educación.
Si convenimos que la educación es la fórmula para superar el atraso y reconocemos que, frente a la insistencia en un modelo fracasado, hay ejemplos contundentes como el de la Universidad del Magdalena, deberíamos firmar un pacto educativo entre expertos, docentes y estudiantes para todos los niveles educativos. El pacto nos daría un norte y acabaría la improvisación del gobierno en educación.
En segundo lugar, es importante promover un referendo para que la educación universitaria sea un derecho fundamental y la matrícula sea gratuita, con financiación 100% estatal y con programas de permanencia para todos los egresados de colegios públicos de Colombia.
Solo así los colombianos sentiremos que la educación es la prioridad.
