Las personas que a diario tejen paz en las distintas regiones de montañas, de páramos y de sabana o dependiendo de las circunstancias, tenedores de tierra, propias o simplemente en compañía distribuyéndose pérdidas o ganancias, son los que de una u otra manera hacen que los hijos estudien en la escuela el “porvenir” de la vereda, y luego al llegar, acuciosos ayuden a deshierbar, regar, manejar la yunta o el tractor después de almorzar mientras que los papás están allá sobre la cosecha vigilantes de la poca inversión -que por lo general para ellos es mucha- y de quienes colaboran en el oficio, por estos días de oscuridad frente a sus aspiraciones de una vida mejorada, si no en su totalidad al menos disponer de las herramientas necesarias que los dignifique, y seguir surtiendo de alimentos a gran parte del país incluida su subsistencia, se ve rotundamente desmejorada y al borde de un colapso democrático, debido al maltrato al que están siendo sujetos por la fuerza pública en distintos sitios de la geografía nacional por pedir lo justo a lo cual tienen derecho, según la constitución nacional y la misma ley 160 de agosto 3 de 1994.
Con las fatídicas acciones del estado por intentar acallar y destruir a los humildes y desprotegidos de pañolón, ruana y sombrero, armas en al cinto como la rula y azadón a la vez que, por soberanía asumen sus propias catástrofes con paciencia infinita, la fuerza pública con orden del gobierno, maltrata, mutila, y viola derechos fundamentales a la vez que satanizan las distintas agrupaciones de agricultores que se presentan en carreteras y orillas, con el fin de tomar ventaja y acabar de una vez por todas con la economía agraria campesina para regalársela a la gran inversión internacional monocultivista, como maíz, palma, soya, caña de azúcar. Pero el gobierno no se ha dado cuenta que la fuerza de la integración y la lluvia de ideas que salen a flote para formalizar cambios, es posible cuando la colectividad mira al frente, haciendo que los pedestales de grandes se frunzan al oír miles de voces pidiendo a gritos; justicia, reconversión, dignificación de la tierra, salud y educación, créditos como también tierras, para seguir en lucha libertaria, y seguir haciendo patria en los campos, como también la búsqueda del desarrollo personal, familiar y comunitario.
Una cosa si se tiene que identificar con relación a los negociadores de los distintos frentes de agricultores “dignidades campesinas” con el gobierno. Mientras que se adelantan negociaciones para que el gobierno cumpla lo incumplido desde septiembre del 2013, por otro lado se está promocionando el Gran Pacto Agrario, el cual no tienen las dignidades campesinas dentro de la agenda, porque el gobierno los encerró y encasilló dentro de una negociación mediática no futura, prometiéndoles subsidios hasta el 70% como también refinanciación de las deudas hasta 20 millones de pesos. Pero lo que no se han dado cuenta los negociadores campesinos, tal vez por falta de más concordancia con quienes ponen el pecho al Esmad y agentes secretos, es la ventaja estratégica del asunto por parte del gobierno. El Pacto Agrario acaba en la práctica con las Unidades Familiares Agrícolas, por no decirlo de manera más drástica, con los negocios agrícolas netamente familiar como los cultivos de papa, yuca, arracacha, maíz etc. ¡Tendrán que asociarse para no desaparecer!
El gobierno en manos de Lizarralde, Incoder y Finagro, según lo estipula la ley 160 de agosto 3 de 1994, promueve los alcances acordados hasta ahora entre “dignidades y gobierno” tendrán los siguientes factores: Los municipios presentarán proyectos productivos de vivienda rural de empleo rural temporal, los departamentos con proyectos de producción a mayor escala, acceso a tierras, distritos de riego y drenaje de pequeña y mediana escala. Allí pueden incursionar sectores privados, privados y públicos, campesinos e industriales, conglomerados, pequeños y medianos productores, no independientes, como se cultiva actualmente.
Pero hay otra perturbación entre las negociaciones que se están realizando a raíz del paro agrario y el pacto agrario: El “pacto Agrario” política del estado, es independiente de los compromisos surgidos en el marco del paro agrario campesino en negociaciones de septiembre de 2013 –Lizarralde. Y si miramos, quienes están parados pidiendo en justa medida acuerdos y soluciones para la mejora en producción y disminución de costos; son economías de familia que hacen de las tierras cultivos de cebolla, papa, cacao, uchuva, cilantro, yuca, cereales etc. Lo que se pretende es que estas familias agrícolas dispersas formen asociaciones, cooperativas, sindicatos, juntas de acción comunal, es decir que se organicen para poder presentar proyectos productivos y de vivienda, de empleo temporal y de adquisición de tierras, riego y drenaje etc.
Una situación a la cual el gobierno se la está jugando con los negociadores campesinos es pactar ahora soluciones mediáticas, prometiendo subvenciones que a la larga se vuelven contra lo poquito que se hubiera podido hacer a favor del campo, auxilio arma de doble filo, más las famosas restructuraciones de créditos adquiridos a febrero 2014 hasta 20 millones de esos a 10 años, cuando en realidad se paga más de la deuda aunque tenga tiempo muerto. La pretensión actual de la dirección estatal, entrar a presionar a las familias agricultoras para que se asocien, y así obtener renglones económicos productivos solidarios y de empleo rural temporal.
Concluyendo, lo que está en mesa de negociación es una condición más de la administración, para seguir engañando al pueblo campesino minifundista y del que cultiva su “Unidad Familiar Agraria” Es tal el pronunciamiento del “pacto agrario” que pueden intervenir solo personas productoras que sean asociadas, siempre y cuando demuestren capacidad de producir en volúmenes, alimentos, vivienda rural, distritos de riego y drenaje como también acceso a tierras, que al ser proyectos nuevos tendrán hasta 4 mil millones de pesos, y si son de reconstrucción hasta 2 mil millones. Pero hay una cosa importante; al efectuarse la financiación del 70% del proyecto (solo se priorizarán 5 por cada municipio o departamento) avalado por los concejos municipales de desarrollo rural (CMDR) y los consejos seccionales departamentales de desarrollo rural (CONSEA) y firma del ministerio, se procederá a desembolsar el crédito, teniendo presente hacer efectivo el crédito del 30% del proyecto por el asociado. Cuando esto ocurra se firmará la transferencia.
En otras palabras, si los campesinos que hoy están negociando con el ministerio de agricultura, no se asocian o hacen conglomerados agrícolas, entrarán a perder los beneficios adquiridos, debido simplemente a la política de estado del “Gran Pacto Agrario” donde hasta el más mínimo metro cuadrado de tierra será productivo. -Según Lizarralde
Entonces, ¿Cuál es el papel que se están jugando los campesinos colombianos, cuando el gobierno tiene otros proyectos para formalizar la producción agraria? Esperemos los resultados. ¡Amanecerá y veremos!
