Pacific Exploration & Production Corp. (en adelante Pacific), se ha ido al fin de Campo Rubiales. La lucha organizada de comunidades, trabajadores, partidos políticos, movimientos sociales y el sindicalismo nacional e internacional hicieron posible que el campo petrolero más grande del país pasara a ser operado directamente por Ecopetrol S.A. y de nuevo a manos de los colombianos, lo que significa para el Estado un aumento de regalías al pasar del 20 % al 32 % y con ello más inversión social. Un gran logro para la nación.
La depredación de ese territorio durante los años de Pacific fue descontrolado y los impactos sociales, ambientales y laborales que dejó el paso de esta multinacional por nuestra extensa llanura colombiana son profundos. Esta semana el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad Internacional Paso, la Federación Internacional de DDHH y la Escuela Nacional Sindical presentan un balance de esa explotación desmesurada.
Sus conclusiones serán presentadas a medios de comunicación en rueda de prensa que tendrá lugar en el Hotel Estelar Suite Jones este martes 11 de julio a las 11 a. m. Y a las 5 p. m. habrá una presentación pública en el auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional con la intervención de voceros de las organizaciones que hicieron posible esta investigación. El propósito de nuestra columna no es chiviar el resultado, sino por el contrario, provocar a los lectores para que nos acompañen este martes.
La investigación tiene 5 ejes: a) el análisis social del territorio y de los actores sociales presentes en el mismo b) la evaluación de los derechos laborales c) el abuso de las estructuras judiciales y la fuerza pública d) la violación de los derechos de las comunidades indígenas y e) la afectación al medio ambiente.
Me referiré al segundo de los temas.
Como era de esperarse,
en relación con los derechos laborales,
Pacific se rajó
Como era de esperarse, en el respeto de los derechos laborales, Pacific se rajó a fondo. La empresa violó de manera sistemática la ley laboral en cuanto a derechos individuales y libertades sindicales que no han prescrito y que ameritan la investigación y sanción de las autoridades.
La exhaustiva y bien elaborada investigación puso de presente cómo Pacific conscientemente incumplió la ley colombiana y, como la Unión Sindical Obrera –USO- siempre lo denunció, sin ninguna respuesta del Estado. En Campo Rubiales dos sindicatos se disputaron el terreno. La USO, que lideró las grandes protestas y movilizaciones del año 2011 que lograron hacer públicas las precarias condiciones laborales de trabajadores directos y tercerizados y la Uten, afiliada a la Confederación General del Trabajo -CGT-, que nunca negoció una convención colectiva, sino “acuerdos laborales” producidos después de enormes agitaciones sociales y laborales que dejaron cientos de trabajadores despedidos, y desplazados.
La Uten, llegó a Campo Rubiales a vender “paz laboral” basada en jugosos contratos sindicales que violaban derechos laborales fundamentales. La investigación que se presentará este martes incluyó encuestas a los trabajadores que concluyeron, por ejemplo, que, solo el 31,1 % sentían que podían hablar de sindicalismo en su empresa, el 55,6 % de afiliados a Uten señalaron que se habían sindicalizado allí por “presión” y el 6,.1 % consideró que este sindicato no representaba sus intereses. De los encuestados, un 64 % señaló que les ofrecieron incentivos económicos para renunciar a la USO y afiliarse a Uten. La relación entre Uten y Pacific fue matrimonial.
Pacific protegió y favoreció con todas las garantías a Uten. Le cedió instalaciones, le dio permisos, y, sobre todo contratos sindicales para tercerizar miles de trabajadores a bajo costo para la empresa y convertir el sindicato prácticamente en una “bolsa de empleo”. A través de los contratos sindicales se hizo intermediación laboral ilegal como advierte el estudio y se limitaron los derechos de asociación sindical, negociación colectiva y huelga.
A pesar de todo, la USO no renunció a cumplir su deber. La investigación revela que por ejemplo 70 trabajadores directos de Meta Petroleum (filial de Pacific), ejerciendo los derechos de asociación y negociación colectiva, presentaron pliego de peticiones que la empresa nunca negoció. Las querellas presentadas al Ministerio de Trabajo por este caso todavía no se resuelven.
La empresa se valió de los contratos laborales a término fijo para no renovar los de quienes se sindicalizaran y golpear el proceso organizativo, a pesar de recomendaciones reiteradas de la Organización Internacional del Trabajo y decisiones de la Corte Constitucional.
Luego de la decisión de Ecopetrol S.A. y del gobierno de no prorrogar el contrato de asociación con Pacific, Uten se dio cuenta que su paraíso llegaba a su fin. No solo pidió, contrario a los intereses de la nación, que este contrato se extendiera, sino que empezó a buscar con Ecopetrol algo que no logró: la sustitución patronal.
Hoy, según datos de la empresa, existen alrededor de 130 trabajadores afiliados a Uten mientras la USO acaba de superar los 3300 sindicalizados lo cual tiene implicaciones positivas enormes para todos los que trabajamos en Ecopetrol y para nuestro sindicato, pues la convención colectiva de trabajo deberá extenderse a todos los trabajadores de la empresa y nos dará más capacidad de negociación.
Los trabajadores de Campo Rubiales tienen derecho a sindicalizarse y la USO aspira a que ellos libremente se afilien a nuestra organización, no solo para exigir garantías para el ejercicio de la actividad sindical, sino para que sea la piedra angular de la lucha por la soberanía energética y los derechos de las comunidades y los trabajadores.
Esta investigación muestra que Pacific cometió grandes daños sociales, laborales y ambientales que no pueden quedarse impunes. Esperamos justicia y reparación. Y confiamos que Ecopetrol lo hará distinto.
@PalmaEdwin
