El ex superintendente de sociedades podría ser sancionado por la Procuraduría por la manera como su despacho hizo el recaudo de las pruebas contra funcionarios del Grupo Aval en el caso de la Ruta del Sol. Según el demandante, el abogado Jaime Lombana, funcionarios de la SIC presionaron a los investigados de las compañías para que declararan sin presencia de abogado, bajo amenazas intimidatorias, lo que está claramente prohibido por la ley.
Hace pocos días, en la columna de la periodista María Jimena Duzan en la revista Semana, Robledo manifestó que contra él había una animadversión en la Procuraduría y señaló al jefe de ese organismo, Fernando Carrillo, de actuar deliberadamente en contra suya. Robledo llegó al punto de recusar al procurador por su supuesta animadversión y prevención, según él, derivada de su cercanía con José Fernando Perdomo, ex vicefiscal quien fue su contenedor en la terna para la Procuraduría.
Hace pocos días la Corte Constitucional decidió corregir la forma como se venían adelantando las investigaciones en esa entidad y le prohibió a la SIC hacer allanamientos o incautar elementos en sus investigaciones sin una orden de un juez de la República. Esta decisión respondió a la acción de varios ciudadanos que agobiados por la forma en que venían actuando los funcionarios de la entidad lograron que el tribunal, a través de una demanda, amparara sus derechos ante los desafueros de la SIC en manos del entonces Superintendente de Sociedades, Pablo Felipe Robledo.
