El 24 de junio de 2016, la junta directiva de R&T Panamá se reunió en Barranquilla para disolver la sociedad, que se encargaba de crear los contratos ficticios que firmaba con Inassa para desviar los recursos que se robaban. “Teniendo en cuenta las instrucciones recibidas por la Dirección General del Canal de Isabel II Gestión de disolver y liquidar todas las sociedades inactivas del Grupo Inassa se hace necesario contar con la autorización para adelantar los siguientes trámites relacionados con la sociedades R&T SA en el extranjero”, dice el acta de reunión de la Junta. Este acta se convirtió en un documento clave para develar en el entramado de Inassa en donde terminaron involucrados tres nombres más. Germán Sarabia, Nelson Polo, Jacobo Noguera que se unen a los ya judicializados Diego García y Ramón Navarro, quienes aceptaron los cargos por los que fueron imputados.
R&T Panamá (Recaudos & Tributos) era una de esta sociedades offshore en la que Diego García aparecía como un de los cinco directores. Las otras cuatro cabezas son Germán Sarabia Huyke, un aventajado abogado barranquillero que arrancó trabajando en la Gobernación del Atlántico en el 99 y terminó siendo gerente de Inassa en Barranquilla; Ramón Navarro, quien en marzo pasado aceptó los cargos que le imputó la fiscalía por la apropiación de $27.000 millones; Nelson Polo Carbonell, el empresario barranquillero socio de Enrique Gerlein y Luis Nicollela con los que es dueño del 18.76% de Inassa desde 2001 a través de la también panameña sociedad offshore Slasa; y Jacobo Noguera, quien aparecía como gerente general de Recaudos & Tributos, y llegó a poner en jaque más de una vez al entonces alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo amenazándalo con multimillonarias indemnizaciones cuando este dio la pelea para suspender los contratos que tenía la ciudad con la sociedad.
El español Edmundo Rodríguez quien recibia un trato especial entre la sociedad barrranquillera terminó siendo el cerebro de la corrupción de Inassa Foto: Semana.com
Esta es la última línea de investigación entre Colombia y España, en la que el procurador Carrillo ha entrado a jugar duro, que confirma los sobornos, contratos, servicios ficticios y desvíos de dinero en el historial de la española Inassa en la prestación de los servicios públicos en la Caribe durante más de dos décadas.
Inassa, filial de la empresa española El Canal de Isabel II que operaba el acueducto de ciudades como Barranquilla (a través de la Triple A), Santa Marta (Metroagua) o Riohacha (Avanzada Soluciones de Acueducto y Alcantarillado), prestaba de una manera deficiente los servicios de acueducto y alcantarillado mientras algunos de sus directivos engordaban sus bolsillos.
En marzo pasado, el procurador Carrillo hizo un inventario del monumental desfalco que se le hizo solo a la Triple A en Barranquilla: por un contrato de asistencia técnica firmado en el año 2000 y que no operaba, según lo reconoció en Madrid Edmundo Rodríguez, exgerente de Inassa, la suma de $237.000 millones; por las órdenes de servicios del exgerente de la Triple A Ramón Navarro, $27.879 millones; por los subsidios no aplicados a los usuarios, $70.000 millones, para un total, según el alto funcionario, de $334.000 millones, más de cien millones de dólares. Se trata de “una sucesión de contratos que no tuvo vigilancia de la Alcaldía de Barranquilla desde el 2000 hasta hoy”, según Carrillo.
La colaboración con la justicia de Diego García ha sido clave para destapar la olla de corrupción de Inassa. Hijo de una pastora cristiana y nacido en Cartagena, García se paseaba por las calles de Santa Marta en varias camionetas blindadas y custodiadas por motoristas armados, mientas la ciudad sufría las angustias de la falta de agua. Sin embargo, en agosto del año pasado, sabía que la justicia estaba detrás de él luego de conocerse las primeras irregularidades de Inassa.
Fue capturado en el aeropuerto cuando volvía de México. Pero después de haber pasado dos meses en La Picota y a punto de ser extraditado a España, se convirtió en el testigo clave de la Fiscalía para conocer todos los detalles del escándalo y hoy se pasea tranquilo por las calles de Barranquilla, mientras antiguos colegas de Inassa empiezan a tener que responder penalmente ante las autoridades, y algunos con detencion domiciliaria como Ramón Navarro, quien fungió durante años como una de los prohombres de Barranquilla.
En una conversación grabada por la Unidad Operativa de la Guardia Civil española, Diego Garcia fue señalado de ser el encargado de sobornar a políticos y funcionarios a cambio de contratos y prebendas para Inassa. También empezó a dar información sobre sociedades offshore en Panamá con sede en Colombia y los efectos de su última revelación sobre la empresa offshore R&T Panamá tiene a la sociedad barranquillera temblando.
