Los consulados generales de Venezuela o las "casas de la patria y del pueblo bolivariano" como los denominaba Chávez en sus discursos, han sido de vital importancia para el relacionamiento diplomático entre Venezuela y sus vecinos. En Colombia, aparte de la embajada y la residencia del embajador, hay 9 sedes consulares alrededor del país en las que se atendían a los migrantes venezolanos que hoy superan el millón residiendo el territorio colombiano. Estos están ubicados en capitales departamentales como Bogotá, Medellín, Riohacha, Bucaramanga, Cúcuta, Puerto Carreño, Arauca, Barranquilla y Cartagena.
En plena lucha de poderes entre Juan Guaidó y Maduro, el gobierno Duque le apostó a Guaidó, lo que produjo que en febrero del 2019 se rompieran las relaciones diplomáticas y políticas entre Colombia y el gobierno de Maduro, dejando sin efecto ni función a todas las sedes diplomáticas venezolanas en territorio colombiano, las cuales están cerradas desde entonces. Según el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, su gobierno le propuso a Duque asignar a un tercer Estado que se responsabilizara del cuidado y protección de los predios diplomáticos que dejaban cuando abandonaban Colombia, pero el entonces canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, no abrió el debate para definir sobre estos temas.
Después del vandalismo del que fue víctima el consulado en Bogotá el pasado 27 de julio, las autoridades de Venezuela, prenden las alarmas sobre los posibles ataques que pueden sufrir estas sedes que, aunque mantienen cerradas, siguen siendo recintos extraterritoriales amparados por los acuerdos de Viena, que son propiedad del gobierno de Nicolás Maduro y que, además, su cuidado y protección son responsabilidad del Estado colombiano.
El gobierno de Nicolás Maduro, desde su Misión Permanente ante las Naciones Unidas ya presentó una demanda oficial ante este ente de control por el incumplimiento de Colombia del artículo 42 del tratado de Viena, lo que podría acarrear una millonaria indemnización de Colombia a Venezuela.
