En pasados días se registró la fatal noticia del suicidio de un funcionario de carrera administrativa del Invima, que según todos los indicios y una alerta del sindicato fue causado por conductas de acoso laboral de su jefa inmediata.
Esta muerte no puede quedar en el registro de las noticias como un muerto más.
Es una muerte violenta causada por un directivo de esos que llegan a las entidades públicas producto de componendas clientelistas, o amiguismos, con graves prejuicios en contra de los funcionarios de carrera administrativa y los sindicatos.
Esta muerte no puede quedar impune y se debe establecer cuáles fueron las conductas desplegadas por esta directiva y tomar todas las medidas y acciones del caso.
En este gobierno ya han sido varias las denuncias que por acoso laboral se han presentado en varias entidades públicas, sin acciones ni sanciones ejemplares, salvo pronunciamientos más políticos que disciplinarios del ministerio del trabajo.
Del mismo modo, se han conocido casos de acoso y maltrato a funcionarios que se encuentran en periodo de prueba producto de los concursos de carrera administrativa, llevándolos hasta su renuncia en favorecimiento de aquellos enemigos de la carrera administrativa
En la Personería de Bogotá está por decidirse una queja por acoso y persecución laboral de tres exdirectivos del concejo de Bogotá en contra de un funcionario de esta entidad que ostentaba una dignidad sindical.
Pretendieron destruirlo como persona y trabajador por el hecho de dirigir un sindicato. Ojalá la Personería de Bogotá falle en derecho y sancione ejemplarmente a estas personas que abusan de sus cargos para atropellar a sus subordinados y desconocen la constitución y la ley.
Bien haría la función pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Procuraduría y Personerias municipales en implementar políticas públicas que prevengan esos atropellos (acoso laboral y persecución sindical) y que nunca más en la historia de la institucionalidad colombiana se vuelva a presentar un suicidio.
